Tras su detención en el estado de Florida, donde ya fue juzgado, Pedro Barrientos deberá responder a los cargos que enfrenta en Chile por su participación en "torturas y ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos chilenos", indicaron autoridades policiales.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadounidense confirmó la detención de Barrientos, ocurrida el jueves pasado en la ciudad de Deltona, en el estado Florida, por parte de efectivos de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés).
«Barrientos ahora tendrá que responder a los cargos que enfrenta en Chile por su participación en torturas y ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos chilenos», indicó el agente especial John Condon, de la HSI.
En junio de 2016, la corte federal de Florida, a raíz de una demanda civil interpuesta por la familia del artista, lo obligó a pagar una compensación por daños y perjuicios.
Dos años más tarde, en julio de 2018, la Cancillería chilena envió una serie de documentos a su embajada en Estados Unidos para que pudiera reactivar la solicitud de extradición del exmilitar.
Barrientos residía desde 1990 en Estados Unidos y había optado a la ciudadanía, mientras en 2013 se había iniciado la tramitación de la solicitud de extradición.
Sin embargo, el 14 de julio pasado un tribunal de Florida revocó la ciudadanía estadounidense de Barrientos, tras determinar que ocultó intencionalmente hechos materiales relacionados con su servicio militar en sus solicitudes para obtener la ciudadanía, lo que provocó una investigación en su contra.
El 28 de agosto, la Corte Suprema chilena dio a conocer su sentencia definitiva a siete miembros retirados del Ejército por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y homicidio calificado en los casos de Jara y del director de prisiones del gobierno de Salvador Allende, Littré Abraham Quiroga Carvajal.
Así, condenó a Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto a penas de 15 años y un día de presidio en calidad de autores de los homicidios y a 10 años y un día de presidio como autores de los secuestros calificados.
Durante la dictadura de Pinochet más de 28.000 personas fueron torturadas, 3.227 fueron asesinadas y unas 200.000 fueron obligadas al exilio, según cifras oficiales.
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