Los acuerdos se informaron a través del Boletín Oficial, ya que fueron vía decretos.

En los textos oficiales se avalaron formalmente dos contratos entre la Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que totalizaron US$1.200 millones, y otro entre el país y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por US$300 millones.
Los préstamos del BID están dirigidos a financiar el “Programa de Fortalecimiento de la Política Fiscal II” en US$800 millones y el “Programa de Apoyo a Reformas Regulatorias para la Competitividad” por US$400 millones. El crédito del BIRF, en tanto, se destinará al “Programa de Modernización de los Servicios de Administración Tributaria”.
En todos los casos, la financiación quedó sujeta a que los programas a donde se destinarán los fondos sean aprobados por los directorios ejecutivos de los organismos. De igual manera, se estipuló que en los tres “la ejecución del Programa y la utilización de los recursos del Préstamo serán llevadas a cabo por el Ministerio de Economía”.
Asimismo, se facultó al titular de la cartera económica, Luis Caputo, y los funcionarios que el ministro designe a introducir modificaciones a los programas “siempre y cuando no constituyan cambios sustanciales al objeto y destino de los fondos, ni deriven en un incremento de su monto o una alteración en el procedimiento arbitral pactado”.
En los considerandos de los decretos, se argumentó que el Banco Central analizó el efecto de las operaciones acordadas en la Balanza de Pagos y manifestó que cada una “implica un impacto limitado en términos macroeconómicos sobre los flujos de la balanza de pagos internacionales” y, por ende, concluye que dicho impacto “será acotado y consistente con la dinámica prevista para las operaciones externas”.
En la misma dirección se pronunció la Oficina Nacional de Crédito Público del Ministerio de Economía, al informar que no tiene objeciones sobre los financiamientos a partir de que el costo financiero de los préstamos, “basado en la información disponible y los supuestos realizados, es inferior al que la República podría obtener en el mercado”.
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