Deuda: nueva prórroga para que gobierno y acreedores acuerden los términos del canje

Con la decisión política tomada de alcanzar un acuerdo con los acreedores para despejar el horizonte financiero de los próximos años, el gobierno estudia alternativas para apurar la renegociación de la deuda pública.

Mientras continúa el tira y afloje con los principales fondos de inversión que poseen títulos bajo ley extranjera, en el Palacio de Hacienda no descartan algún camino legal que les permita cerrar la operación aunque no se logren los umbrales mínimos de aceptación requeridos para proceder al canje.

Uno de los atajos bajo estudio es el de encarar un canje selectivo, en el que se retiren de la propuesta algunos de los 21 títulos que se pretende cambiar, que totalizan algo más de U$S 66 mil millones. Esto permitiría concentrarse en aquellos cuyos tenedores estén más dispuestos a cederlos para recibir otros nuevos. Una vez consumado el acuerdo, podría continuar la discusión por el resto de los bonos, con tiempo para convencer a los más remisos y encapsulando el riesgo de reclamos judiciales en bolsones cada vez más pequeños.

Se trata de una de las estrategias pensadas para ganar tiempo, mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, le sigue sacando punta al lápiz y revisando las cuentas fiscales. Por estas horas, su obsesión es ver si puede soltar algunos dólares extra para doblegar la reticencia de los fondos de inversión más reacios a resignar ganancias. A pesar de la rispidez de la negociación y de que las videoconferencias ya acumulan muchos cortocircuitos, el ex investigador de la Universidad de Columbia incorporó en la última contraoferta un bono a 14 años para compensar el período de gracia en el pago de intereses, que en principio se iba a extender hasta 2023 y que luego se abrevió un año.

Pero desde Wall Street le retrucaron con un segundo bono atado al PBI. No se trata de un pedido antojadizo. Los acreedores saben que más temprano que tarde la economía local saldrá del pozo y que después del coronavirus la recuperación será inevitable, lo que permitiría tomar ganancias si se cuenta con un instrumento ligado al nivel de actividad. Las proposiciones de un lado y del otro continúan, aunque las partes se amparan en cláusulas de confidencialidad para evitar dar detalles de las concesiones que se están otorgando.

Con algún millardo más (lo más probable) o menos, la resolución de terminar con la cuestión está tomada. En la Casa Rosada saben que un arreglo del tema es una condición indispensable para relanzar la economía cuando pase la pandemia. Por eso la fecha tope del 12 de junio, marcada como límite ante la SEC estadounidense, será postergada como ya ocurrió tres veces en las últimas cinco semanas. “Yo tengo confianza en que podamos encontrar un acuerdo en tanto y en cuanto los acreedores entiendan que no vamos a hipotecar el futuro de Argentina. No nos hemos encerrado en dogmas ni en actitudes tercas. Lo que sí queremos es garantizar que el acuerdo que hagamos lo podamos cumplir en el futuro”, dijo el viernes el presidente Alberto Fernández.

Para que así ocurra, Guzmán se aferra al (nuevo) salvavidas que le arrojó el Fondo Monetario Internacional: un dictamen de su staff técnico asegurando que para que la deuda sea sostenible, el valor presente neto (una valuación técnica que mide el equivalente actual de los futuros pagos prometidos) de los nuevos bonos no debería exceder el 50% de su valor nominal. Fue, dijeron desde Washington, un pedido de las autoridades argentinas “como parte de la asistencia técnica continua del FMI”.

Por ahora, Argentina está unos cinco puntos por debajo de ese fifty-fifty tan técnico como simbólico. Las pretensiones de los tres grupos de bonistas con mayor poder de negociación (el Ad Hoc, el Exchange Bondholder y el Comité de Acreedores) continúan entre tres y cinco puntos por encima. “Tendremos en cuenta el comunicado que hizo el FMI a la hora de decidir las enmiendas finales. El margen que queda para enmendar la oferta es escaso”, dijo el ministro, anticipando la nueva propuesta en elaboración.

Las provincias encaran sus propias negociaciones en un contexto de mayores dificultades

La provincia de Buenos Aires volvió a extender el período de negociación con sus acreedores para canjear sus bonos en ley extranjera por U$S 7.148 millones. El nuevo plazo límite será el viernes 19. “Existe cierto margen para introducir cambios a la invitación y a su vez respetar el marco de sostenibilidad elaborado por la Provincia”, dijo el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López.

Esta es la tercera prórroga. La propuesta inicial fue lanzada el 23 de abril y desde entonces hubo sucesivas postergaciones, a la espera de que la resolución que el gobierno nacional haga de su propia deuda sirva de modelo para la administración provincial. En el interín, la administración de Axel Kicillof dejó de pagar un vencimiento de U$S 115 millones, por lo que ya entró en default.

Buenos Aires no es la única provincia en dificultades. El miércoles, Río Negro anunció en una nota a la Bolsa de Comercio porteña que se tomará un plazo de gracia de 30 días para abonar los U$S 10,5 millones de intereses por el denominado Bono Castello, que vence en 2025. El argumento expuesto fue “una caída material en la recaudación fiscal y una baja importante del precio de los hidrocarburos”. La deuda total de la provincia es de $ 34.600 millones. Por su parte, Mendoza tiene sólo dos semanas para que finalice su período de gracia por los U$S 25 millones impagos del bono que vence en 2024. El gobernador Rodolfo Suárez dispuso incluir ese título en la negociación ya iniciada para reestructurar los bonos PMY24 de U$S 500 millones y PMJ21 de $ 5.218 millones.