Se vuelven a reunir este miércoles. “Queremos que nos den una respuesta concreta. La situación acá adentro es muy desesperante”, señala un interno.

La reunión de la semana pasada se hizo en la Capilla del penal como la primera vez, el 24 de abril, cuando se produjo el estallido que tuvo una cobertura televisiva de nueve horas. Allí acordaron que las autoridades analizarían más de 400 casos de personas que están prontas a distintos beneficios liberatorios. También que entregarían prisiones domiciliarias a quienes forman la población de riesgo en establecimiento.
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Desde que sucedieron los hechos el tema tomó centralidad en la discusión pública. La oposición salió en rechazo de supuestas “liberaciones masivas de presos” y se hizo un cacerolazo en repudio a las excarcelaciones. Un sector del periodismo se mostró disconforme ante el compromiso que las autoridades nacionales tomaron para combatir el hacinamiento en los penales ante un posible brote del virus Covid-19.
“Cuando una persona mira lo que se informan en la televisión, se desinforma. La gente no llega a dimensionar todos los problemas que se suscitan a partir de la llegada del Covid-19 a los penales. En realidad nuestras cárceles no están pobladas de violadores y homicidas como se muestra todo el tiempo. La mayoría de las personas están porque cometieron delitos contra la propiedad y muchos de ellos fueron cometidos sin violencia”, explicó e diálogo con Futurock Mirta López González, miembro de la Asociación de Pensamiento Penal (APP) y ex integrante de la Cammara del Crimen.
“Por ejemplo, hay gente presa por robos y hurtos. Cuando se toma la decisión de liberar presos no se hace pensando en largar a violadores y asesinos. Se realiza una selección de quienes estén por delitos menores. Además, es mentira que los jueces liberan a tantas personas, a la mayoría les están negando los pedidos. No se trata de cuidar solo a los presos, si no también a los penitenciarios”, agregó López González.
Los 22 referentes de los pabellones pidieron -encarecidamente- que en la reunión de este miércoles participe el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También solicitaron que estén presentes los Jueces de Ejecución Penal y los representantes de la Cámara Federal de Casación Penal.
Puntualmente reclamaron que el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, “retome participación en la mesa de dialogo que él mismo empezó aquel 24 de abril cuando estalló el conflicto y que en la reunión de la semana pasada fue remplazado por el subsecretario de Política Criminal, Pablo Barbuto”. En esta ocasión también participaron el juez Daniel Morin, de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional; la jueza de Ejecución 2 Vilma Bisceglia; y representantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (Acifad), el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad (Sutpla) y el director del SPF, Emilio Blanco.
“Estamos esperando la reunión de este miércoles para hablar con las autoridades sobre lo que acordamos en la primera mesa y que se fue prolongando. Queremos que nos den una respuesta concreta. La situación acá adentro es muy desesperante. No sabemos si estamos infectados o no, entre presos y penitenciarios son ocho los casos positivos en este penal”, aseveró a Tiempo, Pablo Palmisano, de 45 años, estudiante de sociología detenido en Devoto.
“No queremos la violencia. Aclaro que la medida de fuerza se tomó por la soberbia y la represión de los penitenciarios. Tenemos información de que ellos también están esperando los resultados de la próxima mesa de diálogo, pero con malas intenciones, para vengarse de nosotros y torturarnos. Desde que la televisión empezó a informar cualquier barbaridad la cosa se estancó”, finalizó enfatizando Palmisano.
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