Di Tullio y Mayans presentaron un proyecto de refuerzo de ingresos contra la indigencia

La senadora Juliana di Tullio presentó un proyecto de Ley de Refuerzo de Ingresos para reducir la indigencia que propone crear una prestación monetaria mensual para las personas que no alcanzan la canasta básica alimentaria de un adulto, estipulada por INDEC en $15.057 al mes de junio de 2022.

El texto que también lleva la firma del senador José Mayans propone una el otorgamiento de una asignación será equivalente al valor de canasta básica, con actualización trimestral, para «garantizar el acceso a una adecuada alimentación de las personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad».

Según los cálculos de los senadores, se prevé que esta política alcance a 1 millón 700 mil adultos que estarían en condiciones de acceder al refuerzo. Este universo comprende al grupo de personas adultas que, además de no tener trabajo registrado, no perciben ninguna prestación, jubilación, ni plan social y no cuentan con ningún bien.

Este proyecto difiere de su equivalente en Diputados, presentado por el Frente Patria Grande -integrante del Frente de Todos- identificado por los movimientos y organizaciones sociales como renta universal o salario universal. Es que en principio, la iniciativa del senado no propone la universalización -como lo es la asignación universal por hijo- sino para un conjunto particular de la población. También se diferencia en que no considera a este beneficio como un salario sino como una ayuda social puntual y finita en el tiempo.

Podrán inscribirse las mujeres de entre 25 y 59 años y varones de entre 25 y 64. Así se busca cubrir a la franja etaria que no está alcanzada por otros programas sociales entendiendo que las personas que quedan por fuera de ese rango pueden acceder a AUH y Progresar o ya han cumplido la edad jubilatoria y por lo tanto se presume que tienen cubierta la canasta básica alimentaria.

El beneficio será de carácter temporal y se otorgará por un año con la posibilidad de renovación en cuanto se pueda verificar que las condiciones de vida de la persona siguen siendo las mismas. En este sentido, el proyecto promueve la incorporación de los beneficiarios al trabajo formal a través de la articulación con empresas y sectores de la actividad económica. Así se apuesta a que la situación de vulnerabilidad se revierta y deje de ser necesario el ingreso.

El proyecto establece que sea ANSES la autoridad de aplicación, creando a este fin el Registro Nacional de Refuerzo de Ingresos (ReNaRi) que tendrá a su cargo la inscripción. Posteriormente ANSES hará el cruzamiento de datos para definir quiénes podrán acceder.

Según pudo saber Tiempo, Di Tullio, una de las impulsoras del proyecto, había obtenido el visto bueno de Economía en la breve gestión de Silvina Batakis. Es que, según los cálculos que elaboró el Senado junto con la titular de la Anses Fernanda Raverta, la política tendrá un costo fiscal del 0.09 PBI para lo que resta del 2022 y 0,44 durante el año siguiente. Además, propone que el beneficiario realice controles de salud acreditados de acuerdo a su género y edad a modo de contraprestación. 

El proyecto recibió aportes de dirigentes sociales, además se trabajó en su elaboración junto a diputados, senadores y senadoras y fue acordado con el Poder Ejecutivo Nacional a través de la ANSES y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.