El día en que la dictadura detuvo a Patricia Bullrich y la salvaron los organismos de Derechos Humanos

El jueves 9 de septiembre de 1982 por la mañana, Patricia Bullrich abre el diario Clarín y lee las noticias. Está sentada en el asiento de un ferry a punto de zarpar desde el puerto de Buenos Aires con destino a Uruguay. Patricia, de 24 años, apenas lleva algunos días en el país, pero se está yendo de nuevo. Planea viajar a Montevideo para después volar desde allí hasta Ginebra, en Suiza, donde fue invitada a un congreso internacional de Derechos Humanos.

Como a muchos, su militancia desde 1973 en la organización Montoneros la llevó al exilio en 1976, luego del Golpe de Estado. Primero fue a México y después a Brasil, donde en ese año ’82 todavía viven su hijo pequeño, Francisco, y su esposo Marcelo Pancho Langieri.

La luz entra por la ventana de su asiento, mientras el motor del ferry brama en el Río de La Plata. Esa mañana, Patricia, tras seis años en el exterior y con la dictadura cada vez más debilitada, piensa en la posibilidad de un nuevo comienzo para su militancia política. Y el Congreso en Ginebra puede ser un punto de partida.

Pero al volver a las noticias del diario desde su asiento, algo sucede. Los motores de la embarcación se apagan. Patricia mira hacia ambos lados. El resto de los pasajeros tampoco entiende. Dos oficiales de Prefectura ingresan rápido y preguntan por ella. Le explican que tiene un pedido de captura por parte del Ejército y que, a partir de ese momento, queda detenida. Patricia suelta el ejemplar del Clarín y los acompaña.

La detención de Patricia Bullrich

Mientras desciende en silencio de la embarcación junto a los prefectos, Patricia no lo sabe aún, pero las próximas 36 horas las pasará detenida en la Superintendencia de Seguridad Federal, sitio donde funcionó el centro clandestino de Coordinación Federal, dependiente de la policía (conocía bien el lugar, era el mismo donde estuvo detenida tres meses en 1974).

La orden fue de unos de los grupos más poderosos del régimen militar: el Batallón 601 de Inteligencia. Tampoco sabe, a medida que la suben a un auto y la llevan hasta la calle Moreno 1417, que dos abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Alicia Oliveira y Augusto Conte, serán los que se muevan rápido para su liberación.

En la página 6 del periódico que la joven militante no llegó a leer en el ferry, el presidente de facto de entonces, Reynaldo Bignone, daba a los medios una frase que resumía uno de los conflictos más urgentes para 1982 y de los años próximos: “Buscamos la mejor solución al problema de los desaparecidos”.

Batallón 601, detención y después

La historia de la detención de Patricia Bullrich el 9 de septiembre de 1982 por parte de las fuerzas represivas fue contada por la actual senadora libertaria a mediados de los años ‘90 al periodista Albino Gómez para el libro Memorias de la acción, donde la jefa de bloque de su partido en la Cámara Alta repasa su biografía. Sin embargo, lo que Patricia no contó es qué rama del Ejército había ordenado su captura.

Tiempo accedió al informe judicial que hizo su abogada de entonces, Alicia Oliveira, quien confirmó allí que el Batallón 601 de Inteligencia fue el que dispuso finalmente que la retuvieran. Según el documento –proveniente de los archivos de la propia Oliveira y parte del de Emilio Mignone, fundador del CELS–, la captura de Bullrich en el ferry a Uruguay se dio por la activación del “digicom”, un artefacto instalado en el puerto que alertaba sobre pedidos de captura.

Durante el Terrorismo de Estado, las salidas y llegadas a la Argentina por parte de militantes políticos eran con documentos falsos para evitar ser capturados. Patricia, esa mañana, había usado su verdadera identidad.

Las autoridades policiales de Seguridad Federal dieron aviso al juez de turno, Pedro Narvaez, una vez que la hoy exministra de seguridad quedó alojada en el edificio. El aviso de la policía a las autoridades judiciales cada vez que ingresaban a un preso era algo que volvía a ocurrir a fines de la dictadura y en algunas dependencias del país. La presión internacional que había en 1982, sumado a la cantidad de denuncias por las desapariciones forzadas, hizo que el régimen militar retomara –en apariencia– algunas vías constitucionales. Sin embargo, ese día, la policía también dio aviso al Ejército.

Entrada la noche, según describió la abogada del CELS por entonces, personal del Batallón 601 de Inteligencia llegó al edificio de Moreno 1417 e interrogó a Patricia. Aunque esa rama del Ejército tenía contacto permanente con los servicios de inteligencia del resto de las fuerzas de seguridad del país, y actuaban en forma conjunta para las tareas de espionaje, secuestro y tortura de militantes, no era del todo común que se acercaran para hablar con una detenida. Y aunque Patricia no les vio la cara –la sentaron mirando hacia una pared– las preguntas fueron “intimidatorias” y dirigidas a sus actividades y vínculos políticos en el exilio. Sabían, como todos, que su hermana Julieta Bullrich era la pareja de Rodolfo Galimberti, uno de los jefes Montoneros más importantes en el exterior.

Al día siguiente, ya viernes, Alicia y Augusto se acercaron temprano hasta el edificio de Seguridad Federal. Los recibió un Comisario Inspector de apellido Ortiz, quien les contó sobre la presencia del Batallón 601 y la intención que tenían los oficiales de inteligencia por trasladar a la detenida a otro lugar y que fuese bajo su custodia. Los abogados del CELS, por otro lado, ya habían dado aviso a los medios, enviando una denuncia de lo que estaba ocurriendo.

Al menos cinco diarios nacionales y dos internacionales publicaron luego un resumen de los hechos. Patricia Bullrich era presentada como “una defensora de los Derechos Humanos” injustamente detenida.

Tras 36 horas, y ante la presión de Alicia y el aviso a la justicia por parte de la policía, los oficiales de inteligencia del Ejército decidieron liberarla. El juez a cargo, Pedro Narvaez, le pidió a Alicia que sacaran a Patricia del país cuanto antes. “No hay garantías de su seguridad”, le advirtió el magistrado.

Alicia siguió el consejo. Pero antes, por precaución, dejó que la exintegrante de Montoneros se quedara dos días en su casa hasta resolver su salida al exterior. El domicilio de Patricia había dejado de ser seguro. Familiares de la abogada fallecida en 2014 recuerdan ese episodio: “Era un departamento modesto en Capital y Patricia durmió en la misma cama, junto a uno de los hijos pequeños de Alicia”, recordaron allegados.

El sábado 11 de septiembre de 1982, Bullrich regresó a Brasil para reencontrarse con su hijo y su pareja. Alicia había enviado, a su vez, una nota a la Comisión Internacional de Refugiados de los Estados Unidos, informando que Patricia se encontraba en Río de Janeiro, ya fuera de peligro.

En 1983, con la llegada de la democracia, Bullrich regresaría y se instalaría finalmente en Buenos Aires. El Batallón 601 de Inteligencia seguiría funcionando dos años más. Y no sería la última vez que Patricia se cruzaría con oficiales de ese escuadrón. En 2018, siendo ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, nombró como director nacional de la Policía Científica a Carlos Vicente Rúa, un exintegrante de aquel escuadrón de la muerte.  «