La Justicia de Villa Dolores notificó al Foro Ambiental Traslasierra Línea Fundadora (FAT-LF) sobre la suspensión de las operaciones del proyecto ubicado en la zona gris, entre las localidades de Las Tapias y Villa de las Rosas, en Córdoba.
Desde la Fiscalía les dijeron que todo sucedió en el marco de las actuaciones derivadas por la denuncia penal presentada por vecinos de Las Tapias el pasado 25 de noviembre. «A quienes nuestra organización patrocina», apuntó Luís María Jiménez, antropólogo y miembro del FAT-LF, en diálogo con Tiempo.
A partir de ahora intervienen en el caso la Secretaría de Minería, Policía Ambiental, Secretaría de Ambiente y la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA). «Estamos muy conformes porque la fiscal de Villa Dolores actuó rápido y brindó una respuesta eficiente ante la preocupación manifestada por numerosos ciudadanos de la región», remarcó Jiménez.
Denuncian afección de los ecosistemas, la pérdida de derechos humanos y bióticos
Jiménez destacó también que el rápido accionar de la fiscal es una respuesta al estado de movilización comunitaria de los vecinos, expresado en distintas formas de organización territorial para la defensa del ambiente sano para el desarrollo de la vida humana.
Continuó explicando que muchos vecinos articulan a través de la tradicional asamblea, mientras que otros participan del recientemente conformado Cabildo Abierto Traslasierra como forma de autogestión social que busca promover la organización comunitaria sin intervención partidaria.
Pero estas personas autoconvocadas ponen el foco de atención en la defensa del territorio frente al riesgo de que la región sea convertida como zona de sacrificio para emprendimientos extractivistas que avanzan en forma indiscriminada sobre los recursos naturales y analizan los efectos negativos de los incendios que afectan en forma directa al ambiente.
Cabe destacar que desde la llegada de Javier Milei, el extractivismo se expandió de manera exacerbada en todo el territorio argentino profundizando en el NOA. Durante los últimos días estalló el conflicto en Mendoza, donde el Senado recientemente aprobó el proyecto San José; sobre el que advierten riesgo de contaminación.
En el actual contexto geopolítico global, desde el Foro Ambiental Traslasierra Línea Fundadora instan a los vecinos a mantener una vigilancia activa sobre este emprendimiento minero y denunciar de manera inmediata cualquier actividad sospechosa a los teléfonos (0351) 4481000 – 4481600.
Lo pueden hacer de forma anónima o de manera presencial en el destacamento policial más cercano. Al mismo tiempo, «alentamos a sostener la organización y el estado de alerta, dado que se enfrentan poderosos intereses multinacionales que impulsan la expansión de proyectos mineros en todo el territorio serrano y otros puntos del país», concluyó Jiménez.
Desde el FAT-LF también denuncian la existencia de un plan minero extractivista que se extiende sobre el faldeo oriental de la Sierra de los Comechingones desde una línea media ubicada desde aproximadamente 30 kilómetros al norte del cerro Champaquí hasta el límite con la provincia de San Luis.
Y señalan que esto ocupa una superficie sobre las laderas de las Sierras de Comechingones de 296 kilómetros cuadrados y algo más de 36 kilómetros de longitud desde el norte hacia el sur de esa región.
Esta franja de proyectos mineros se encuentra en la fase de “cateo”, según les informaron. Los vecinos entienden la gravedad y el peligro ambiental que implica que estos planes se habiliten en una zona de nacientes de arroyos, de los que toman el agua las siguientes localidades y parajes.
Parte alta de Las Chacras de Villa de las Rosas, Los Molles, Villa de las Rosas, Rodeo de Piedra, Achiras Arriba, Achiras Abajo, Barranca de los Loros, San Javier, Yacanto, La Población, Travesía, Luyaba, Luyaba sur, Corralito, Loma Bola, La Paz, Las Chacras sur, Quebracho Ladeado, Cruz de Caña y La Ramada.
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Al mismo tiempo, otra sucesión de «cateos» cubre la totalidad del cordón serrano Sierra de Pocho, que desde las inmediaciones del Dique la Viña, se extiende hacia el noroeste. O sea, sobre la comunidad Comechingón “La Unión” , la comuna de Chancaní y la totalidad de la reserva forestal Chancaní.
Todos estos proyectos están vinculados íntimamente con el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), que otorga grandes beneficios a las empresas multinacionales y suprime las garantías de protección al ambiente para los habitantes de los territorios entregados para el saqueo de los recursos naturales.
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