Dictaron dos prisiones perpetuas por delitos de lesa humanidad en Santiago del Estero

De los diez imputados, hubo dos condenas perpetuas a Ramón Warfy Herrera, ex jefe de la Policía provincial durante la dictadura y al ex teniente Jorge D’Amico y tres absoluciones. Entre los imputados estaba también los que estaba el ex jefe de Inteligencia de la Policía, Antonio Musa Azar que fue condenado a 22 años con el beneficio de la prisión domiciliaria.

El calor era abrumador en la tarde santiagueña. Desde la mañana, agrupaciones de Derechos Humanos, víctimas del terrorismo de Estado y familiares esperaban la lectura de la sentencia. Las partes habían sido convocadas en las primeras horas de la mañana cuando se desarrollaron los alegatos.

Después del mediodía, cuando la sala estaba expectante, hubo un corte de energía eléctrica con lo cual se interrumpió el comienzo de la lectura. Recién, pasadas las 17 se dio a conocer la decisión del tribunal integrado por Domingo Batule, Carlos Lascano y Abel Fleming.

La resolución una vez más dejó un sabor amargo entre las víctimas y los organismos de Derechos Humanos que demostraron su rechazo en especial a la absolución de Santiago Olmedo de Arzuaga quien tuvo una probada responsabilidad civil como miembro de la justicia.

También hubo malestar ante la decisión de no hacer lugar a la cárcel común en el caso de Musa Azar. “Fue una provocación terrible, por parte de la Justicia”, coincidieron familiares que estuvieron en la sala en el momento de la lectura.

Apenas finalizado el juicio, el doctor Pedro Orieta querellante en la causa por la Asociación por la Memoria, Verdad y Justicia habló vía teléfonica con Tiempo Argentino. “Es un poco frustrante escuchar el veredicto en el cual se absuelve en este caso a uno de los enjuiciados Santiago Olmedo de Arzuaga, porque hubo muchos elementos durante el debate que prueban la responsabilidad penal de este funcionario”.

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 26 de marzo de 2018. “Queremos saber los argumentos por los cuales se lo absuelve. Que expliquen por qué ninguno de estos funcionarios judiciales dio curso a los habeas corpus ni ordenó una investigación por los apremios que constaban en los expedientes que Olmedo instruyó. No hubo orden de allanamiento en la DIP (Dirección de Investigación Policial), el poder judicial que no hizo nada y ese no hacer nada permitió que este plan de exterminio se pueda ejecutar en todo el país, expresó Orieta.

La absolución plantea, según el letrado un atentado en el camino de la memoria, verdad y justicia. “Garantizar la impunidad dentro de la familia judicial es lo más grave porque detrás de ciertas argucias judiciales y penales acerca de las participaciones se esconde un sesgo clasista de la Justicia y nos muestra nuevamente que no está dispuesta a avanzar contra los ex funcionarios judiciales”, expresa.

Para Orieta, la Justicia en este último año no mostró interés en juzgar los delitos dentro del ámbito judicial. “Sin dudas la exigencia de pruebas en cuanto a la participación de los jueces es mucho más alta. Se ve hasta en el funcionamiento, los imputados ex funcionarios de la justicia no dejan de ser doctores mientras que el resto de los imputados son señores, que es como deberían llamarlos a todos. Pero esto muestra que existe una pertenencia a un grupo social que uno intenta que sea juzgado”

En cuanto a la decisión del tribunal de no hacer lugar a la prisión domiciliaria de Musa Azar, el abogado querellante expresó.

“Lo vinculo a algo más nacional. Durante este proceso se intentó darle la domiciliaria, pero se logró frenar gracias a las acciones de los organismos de DDHH. Musa Azar es como el Etchecolatz del Noroeste y vaya casualidad que a él le otorgan la domiciliaria esta semana y hoy a Azar. Esa es la sintonía nacional de impunidad para todos estos genocidas ‘viejitos’. La domiciliaria viene acompañada por una serie de permisos: para ir al médico, para ver a la madre, para ir a un cumpleaños… Deja entrever que el poder judicial se acomodó rápido en este retroceso en la política de Derechos Humanos”.

El abogado expresó sus dudas con respecto al desempeño del Ministerio Público Fiscal que no acompañó las acusaciones de las querellas y en el caso concreto de Olmedo de Arzuaga sólo se ocupó de los delitos leves, con enunciados y justificaciones que luego fueron utilizados por las defensas.

“Las querellas hemos esperado solos por los delitos graves como tortura, privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita así que en este proceso nos llama la atención y nos preocupa el rol del MPF”, dijo Orieta.

El juicio comenzó en mayo de este año y abordó los hechos que tuvieron como víctimas a 38 personas, que padecieron delitos de violación de su domicilio, privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, homicidios y, en un caso, abuso sexual.

“Los procesos siguen siendo sumamente importantes para nosotros porque son los espacios en donde se dice. Los testigos víctimas tienen la palabra y la importancia de la palabra para la sociedad. Un testigo víctima durante este juicio fue muy elocuente, nos dijo, ‘nosotros necesitamos contar lo que hemos vivido, lo que hemos pasado porque nos permite no seguir encarcelado en la DIP (Dirección de Investigaciones Policiales) y nos muestra eso. Tomando esa idea, redoblamos la apuesta y como querella creemos que la sociedad necesita Justicia porque sino va a quedar entrampada en esos calabozos y no vamos a saber qué ha pasado ni quiénes son los responsables penales de todo esto.”

También reconoció que en los últimos años, la Justicia tomó otra actitud con respecto a estos procesos judiciales cuyo desarrollo en algunos casos y en años anteriores fue ejemplar. “Creo que la Justicia no está a la altura de esa construcción colectiva de la memoria porque sigue escondiéndose detrás de ciertos dogmatismos procesales que lo único que hacen es escaparle a la discusión política de la construcción de la memoria y garantizar la impunidad. Es un proceso de lucha no sólo en los ámbitos de los juicios”.

Apenas finalizada la lectura de la sentencia, los organismos celebraron las perpetuas de Warfy Herrera y de D’A mico que fueron formados en Inteligencia.

“A pesar de la desazón primera y la sensación de impotencia, sabemos cómo se conforma la justicia. Desde mi labor y junto con a los demás compañeros sabemos que la única lucha que se pierda es la que se abandona, por eso pensamos en seguir avanzando en otros juicios. Es una fortaleza que aprendimos de los organismos de Derechos Humanos”.

Las condenas:

Jorge D’amico:  prisión perpetua

Ramón Warfy Herrera: prisión perpetua

Antonio Musa Azar: 22 años

Miguel Tomás Garbi: 22 años

Ramiro López Veloso: 15 años

Roberto Díaz Cura: 16 años

Juan Bustamante: 6 años

Santiago Olmedo de Arzuaga: absuelto 

Pedro Ledesma: absuelto

Rául Humberto Silva; absuelto