La justicia de San Martín consideró que no reunió pruebas suficientes para procesar al fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello y otros cuatro imputados por la detención y tortura de tres militantes comunistas en 1981, sobre el final de la dictadura cívico-militar.
La titular del juzgado Federal N°2 de San Martín benefició este martes con la falta de mérito a Fernández Garello, Hugo Carlos Ramón Tresguerras, Daniel Eduardo Ríos y Daniel Cammarota, todos ex policías, y al militar Jorge Norberto Apa el exjefe del Destacamento de Inteligencia 201 del Ejército). Vence consideró que no contaba con las pruebas suficientes para procesarlos por los secuestros y torturas cometidas durante la dictadura cívico militar contra Jorge Oscar Bulacios, Ernesto Ramón Duarte y José Rolando Seitor, cometidos entre el mediodía del 23 de julio de 1981 y la mañana siguiente.
En esa época, Fernández Garello era policía, e integraba junto a Tresguerras y Ríos la Delegación Regional de Inteligencia III (DIPPBA) de San Martín. Según la denuncia impulsada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en base a documentación de la Dippba que tiene bajo custodia, los agentes fueron convocados por Apa, junto con Cammarota que era cabo en la Brigada de Investigaciones de San Martín, para realizar una serie de operativos para detener un grupo del PC que habían identificado en la zona.
El 9 de agosto pasado Fernández Garello viajó desde Mar del Plata hasta San Martín, donde declaró ante la jueza durante cuatro horas y media. El fiscal general admitió haber participado en los operativos, al igual que Ríos y Cammarota, pero negó la clandestinidad: tuvieron “estricta legalidad”, afirmó. También dijo que “no observó actos de violencia”, que solo labró actas y que concurrió vestido de civil al operativo porque “habitualmente iban a trabajar de este modo”.
En el fallo, Vence sugirió profundizar la investigación de los hechos, pero argumentó que “resta encontrar sustentos evidentes que permitan brindar seguridad acerca de la responsabilidad de los imputados”. Es decir, no consideró contundente la prueba, entre ella, la documentación sobre los hechos generada por la propia fuerza en la DIPBA.
La denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) surgió con documentación del archivo de la Dippba, que tiene bajo su custodia desde 2001, poco después de que la Bonaerense abandonara sus tareas de espionaje sobre gremios, movimientos de Derechos Humanos, políticos, sociales y estudiantes, entre otros colectivos de la sociedad.
La CPM venía investigando el rol de la delegación San Martín de la Dippba cuando se topó con un documento archivado como “Mesa DS” (por Delincuente Subversivo) que mencionaba que reflejaba la convocatoria de reunión del Destacamento 201 de Campo de Mayo para conformar un grupo operativo junto con oficiales de la Inteligencia policial y de la Brigada de Caseros y los allanamientos a los militantes del PC y el secuestro de material bibliográfico. El caso es el 683 de la megacausa Campo de Mayo (N° 4012). Y entre los nombres de ese documento estaba el del fiscal, ex agente de inteligencia policial, que hoy se encarga del diseño de la política criminal de Mar del Plata.
Sobre la base de esta prueba el año pasado la CPM presentó un pedido de jury contra Fernández Garello. Fueron acompañados por referentes de Derechos Humanos, pero el jurado de Enjuiciamiento archivó las actuaciones.
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