Diego Cepeda tiene 39 años. Es abogado graduado en el Centro Universitario Devoto (CUD), del Programa UBA-XXII de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El letrado repudia encarecidamente los recientes traslados intempestivos y la disolución del espacio educativo que fue ejemplo en el mundo. 

Cabe destacar que durante su funcionamiento graduó a muchas personas. Su desguace fue ejecutado tras un acuerdo entre los gobiernos de Javier Milei y Jorge Macri. El espacio cumplió poco más de cuarenta años de funcionamiento en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto.  

En ese contexto, Cepera mantuvo una charla con Tiempo y repasó: «No puedo mirar lo que está pasando con los estudiantes como si fuera un problema ajeno. Conozco el encierro. Fui estudiante del CUD y allí me formé hasta recibirme de abogado en la UBA».

Y completó. «Sé lo que cuesta sostener una carrera cuando las condiciones materiales, los obstáculos institucionales y la propia cárcel parecen jugar siempre en contra. Y sé lo que significa encontrar en la universidad la posibilidad de pensar que la vida no termina en los límites de una celda«.

Diego Cepeda, abogado graduado del CUD, tras los traslados y disolución del espacio: "No pienso mirar para otro lado"
Complejo Penitenciario Federal de CABA, ubicado en Villa Devoto.

El cierre del CUD: «Una profunda tristeza»

Por eso, el traslado de sus compañeros desde Devoto al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz le genera preocupación, indignación y una profunda tristeza. Dijo que no se trata solo de mover personas de un establecimiento a otro.

Y explicó que son estudiantes que construyeron una trayectoria académica y que organizaron su vida alrededor del estudio. Sin embargo, de un día para otro, vieron comprometidas las condiciones que les permitían hacerlo, sin que se garantizara la continuidad del cuatrimestre.

«¿Cómo se justifica una decisión así, sin contemplar lo que implica para una persona privada de su libertad perder ir a clases o quedar a la espera de que alguien resuelva cómo seguirá su cursada?», interrogó el abogado Cepeda.

Y explicó que para quien nunca pisó una cárcel puede parecer un problema administrativo. Pero quienes estuvieron ahí saben que cada clase y cada examen exigen un esfuerzo enorme. Y subrayó que la universidad en la cárcel no es un beneficio espontáneo: «Es una conquista que hubo que construir y defender durante décadas«, contó.

Un símbolo de la democracia

El abogado aseguró que desde 1985 el CUD -nacido como un símbolo de la democracia-demostró que la universidad pública puede entrar a la cárcel sin renunciar a sus principios. También, que una persona presa conserva el derecho a estudiar y a proyectar otra vida.

Cepeda repasó: «Por sus aulas pasaron generaciones de estudiantes que encontraron en la formación universitaria una herramienta para recuperar la confianza en sí mismos y abrirse camino hacia la reinserción».

«Yo soy parte de esa historia«, apuntó el letrado. «Mi formación no se entiende sin el CUD, sin la universidad pública y sin quienes sostuvieron ese espacio cuando estudiar en prisión parecía casi imposible«, agregó.

También ahondó en que lo ocurrido no afectó sólo a los trasladados. Sino que puso en discusión una conquista colectiva histórica de todos los que creen que la educación es un derecho que el Estado debe garantizar; sobre todo a quienes están privados de su libertad.

Diego Cepeda, abogado graduado del CUD, tras los traslados y disolución del espacio: "No pienso mirar para otro lado"
Diego Cepeda señalando su titulo de abogado por UBA.

El pacto institucional

Cuestionó profundamente el accionar del Ministerio de Seguridad de la Nación y del Servicio Penitenciario Federal. Consideró que una decisión política de esa magnitud no puede ejecutarse como si las trayectorias académicas fueran un detalle. 

Pidió que la Universidad de Buenos Aires explique cuál fue su intervención y qué hizo para que sus estudiantes pudieran seguir cursando: «No pretendo adelantar responsabilidades que deberán esclarecerse. Pero ninguna institución puede desentenderse de las consecuencias de esta medida sobre el derecho a la educación», remarcó.

También dijo que el problema -además- excede las aulas. Según los testimonios que recibieron de sus compañeros, hay dificultades con las visitas familiares y con el acceso a la defensa; incluida la falta de una sala de abogados operativa. Y explicó que una persona detenida no deja de ser padre, hijo, hermano, compañero ni sujeto de derechos por haber sido trasladado.

«La universidad es mucho más que un título»

«Me duele pensar en la incertidumbre que deben estar atravesando nuestros compañeros. La universidad es mucho más que un título«, expresó Cepeda. Y continuó: «Para muchos de nosotros fue el lugar donde dejamos de ser vistos solo por nuestra situación procesal y empezamos a construir una identidad ligada al estudio, al conocimiento y a la posibilidad de aportar algo a la sociedad«.

Siguió explicando que cuando se interrumpe una trayectoria educativa no se perjudica solo al estudiante, se debilita una política pública que demostró que hay otras formas de pensar la ejecución de la pena. Y criticó que se habla mucho de «reinserción y resocialización», pero que esas palabras pierden sentido cuando en la práctica se ponen en riesgo las herramientas que las hacen posibles.

Cepeda pudo estudiar y recibirse de abogado. Pero no lo cuenta para presentarse como una excepción. Lo hace porque su historia de vida muestra que la educación puede abrir caminos en las circunstancias más adversas.

Sabe que el título no resuelve todo ni garantiza la inclusión, y que al recuperar la libertad aparecen nuevos obstáculos. En charla con este diario consideró que por eso no hay que permitir que se debiliten ni destruyan los espacios donde comienza esa transformación.

Diego Cepeda, abogado graduado del CUD, tras los traslados y disolución del espacio: "No pienso mirar para otro lado"
Penal de Devoto.

Un triunfo sostenido en el tiempo

«No acepto que el traslado de una cárcel se convierta en el traslado de un problema hacia los estudiantes. Tampoco que la continuidad educativa se trate como algo que puede esperar. Y mucho menos que una conquista de 1985 y sostenida en el tiempo quede reducida a una variable secundaria de la organización penitenciaria«, reclamó Cepeda.

«Mi reclamo es concreto», apuntó el letrado: «Pido que se garantice la continuidad de las cursadas y se respeten las trayectorias académicas. También que existan condiciones reales para estudiar y que se restablezcan los vínculos familiares y el acceso a la defensa. Y que den explicaciones públicas sobre lo decidido y sobre cómo se repararán los daños ya causados», completó.

«No hablo desde afuera», remarcó. «Hablo como alguien que estudió en el CUD, como abogado y como compañero de quienes hoy intentan sostener sus estudios sin las garantías que merecen. Una cárcel puede cambiar de edificio, pero no cambia la obligación del Estado de respetar los derechos de quienes están bajo su custodia. Y la universidad pública no debería quedarse en silencio», reclamó el abogado.

También dijo que en el CUD aprendió algo muy importante: que la educación no borra las dificultades del encierro, pero puede cambiar la forma en que una persona se piensa a sí misma y el futuro que cree posible.

Cepeda enfatizó. «Defender ese derecho no es defender un privilegio para los presos. Es defender una universidad pública que no renuncia a nadie y una sociedad que todavía cree que las personas pueden escribir una historia diferente. Y concluyó: «Por eso, no pienso mirar para otro lado«.