Diez años de bloqueo del Consejo de la Magistratura a manos de JxC y aliados

Un fallo de la Corte Suprema estableció que el Consejo de la Magistratura deberá volver a tener 20 miembros el 16 de abril y, si no lo consigue, todas sus decisiones serán nulas. Sin embargo, el Consejo está virtualmente paralizado desde un mes antes, por decisión de los representantes de Juntos por el Cambio, lo que incluye jueces y abogados independientes. Ningún tema importante (la aprobación de ternas de candidatos para juzgados clave, vacantes desde hace años, por ejemplo) saldrá con la actual conformación de 13 consejeros.

El flamante –y seguramente efímero– presidente del Consejo, el camarista federal de San Martín Alberto Lugones, se esperanzó en el último plenario: «Espero que avancemos hoy con los temas que tenemos que discutir. Si no, la semana que viene tenemos reunión de la Comisión de Labor y podemos convocar a la de Selección para algunos concursos donde están aprobadas las ternas».

Apenas terminó de proponerlo, el consejero abogado Diego Marías, uno de los integrantes de Juntos por el Cambio en el Consejo, salió a cruzarlo y propuso que se postergaran todas las votaciones de los concursos. Entonces terció el consejero juez Ricardo Recondo y levantó la apuesta: «Tenemos que esperar a la nueva constitución para conseguir los consensos para los concursos. Es por eso que solicito la postergación y, caso contrario, anticipo que voy a votar negativamente todos los concursos que se traten».

La moción fue apoyada por Marías y el propio Recondo, y también por el abogado del interior Carlos Matterson, el diputado de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli, su colega senadora Silvia Giacoppo y el juez Juan Manuel Culotta. Consecuencia: todo postergado.

El Consejo tiene varios concursos en los que hay dos y hasta tres propuestas diferentes de ternas para cubrir las vacantes. Para aprobar cualquiera de ellos hacen falta nueve votos sobre los 13 actuales consejeros. Ni siquiera negociando un reparto proporcional de cargos según el gusto y la afinidad política de los candidatos hacia el oficialismo y la oposición (lo que ya, de por sí, es un horror) consiguieron consensos mínimos. ¿Cuál es la razón? Comodoro Py 2002. Entre esos concursos trabados están los que propondrán a los reemplazantes del jubilado Rodolfo Canicoba Corral, del fallecido Claudio Bonadio y del ahora juez de la Suprema Corte bonaerense Sergio Torres. Y, además, los sucesores en la Cámara Federal de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, a quienes la Corte Suprema les dijo que no deben estar allí pero, paradójicamente, en el mismo fallo los autorizó a que continuaran. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean designados sus reemplazantes, que deben surgir del procedimiento que arranca en el Consejo de la Magistratura, donde sus consejeros se niegan a votar las ternas. Algo así como un perro que corre detrás de su propia cola.

Hay, no obstante, al menos otros nueve concursos en los que no hay disidencias. Tienen dictámenes únicos, se podrían votar ya, elevar las ternas al Ejecutivo y designar a los nuevos jueces rápidamente.

Uno de ellos es el concurso número 423, destinado a cubrir cuatro cargos del fuero civil de primera instancia “con competencia exclusiva en asuntos de familia y capacidad de las personas”. Se trata de juzgados que tienen que resolver el día a día del ciudadano común, con sus problemáticas domésticas: adopciones, divorcios, cuotas alimentarias, tenencia de hijos, regímenes de visitas. El consejero Lugones hizo especial hincapié en que “el de familia es uno de los fueros más golpeados. Tenemos que proveer esos cargos. Yo les pido a mis colegas que tenemos que dar respuesta”. La exhortación cayó en saco roto.

La situación no es nueva. La oposición de Juntos por el Cambio y sus aliados abogados y jueces bloquean el funcionamiento del Consejo de la Magistratura desde hace casi una década. Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner ejerció su poder tácito de veto para frenar las designaciones de jueces en el fuero en lo Civil y Comercial Federal, que debía tratar la constitucionalidad de la Ley de Medios Audiovisuales, por ejemplo.

Pero cuando Cambiemos fue gobierno demoró la jura de un consejero, al que escondió en el despacho del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para suspender y mandar a juicio político al camarista federal Eduardo Freiler.

Formas y formas de entender y respetar las instituciones.

El 11 de octubre de 2012, el Consejo debía tratar el concurso número 258 para cubrir cinco juzgados vacantes de primera instancia en lo Civil y Comercial Federal, entre ellos el número uno, donde tramitaba el amparo del Grupo Clarín contra la Ley de Medios. Durante semanas, el ala opositora bloqueó el tratamiento argumentando que el gobierno de Cristina Fernández impulsaba la candidatura de María Lorena Gagliardi (máster en Derecho Administrativo, en Auditoría Gubernamental y en Derecho y Magistratura Judicial, y especialista en Derechos de Regulación de Servicios Públicos), a quien sospechaban de parcial porque trabajaba en el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE). Y, además, era cercana al entonces senador y luego frustrado candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto.

Los consejeros cercanos al kirchnerismo propusieron que se estableciera sobre qué candidatos los representantes de Cambiemos no tenían objeciones para elegir a los futuros jueces entre ellos. “No estoy dispuesto a aprobar una terna que signifique avalar a un juez que no sea autónomo. Hay una gravísima sospecha de que varios de los integrantes del concurso son oficialistas y su designación obedece a dictar sentencia favorable en la Ley de Medios”, se opuso el entonces consejero Oscar Aguad, quien luego fue Ministro de Comunicaciones –cuando Macri intentó perdonarle la deuda del Correo Argentino SA a su propia familia–. El otro férreo bloqueador de aquel concurso fue, paradójicamente, el vicepresidente de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, justamente quien debía estar más interesado en cubrir las vacantes para garantizar el funcionamiento: el consejero Ricardo Recondo.

Como dice una vieja canción de Adrián Abonizio, que popularizó Juan Carlos Baglieto: “Es casi lo mismo, solo cambia el paisaje”.  «