Diez hinchas siguen presos: los acusan por una avalancha

Por: Alejandro Wall

Fueron detenidos en la cacería de River-Godoy Cruz, el miércoles en Lanús. Tenían las entradas en las manos. Según la policía, cometieron delitos. "Somos hinchas, no barras", aclaran. La Aprevide dice que paró un desastre.

Tomás Pilotto es ejecutivo de cuentas de una multinacional. En dos meses cumplirá 33 años, está casado y tiene dos hijos. El miércoles por la noche fue a ver a River con sus amigos. Terminó preso. Hasta este sábado por la mañana estuvo incomunicado en una comisaría de Lanús, contactándose con su familia a través de un papelito. Así también estaba Julio Casares, 40 años, empleado, padre de dos hijos. «Acá no me quiero quedar», escribió en un mensaje a sus amigos. «Somos hinchas, no barras», les aclaró aunque ellos ya lo conozcan. «No es ningún barra ni delincuente. No le preguntaron nada y se lo llevaron en un cacheo», escribió un amigo sobre Lucas Rodríguez, también preso por ir a ver a River. Y es que Julio, a quien se lo llevaron porque lo vieron filmando con su celular, no hablaba sólo por él: aunque no tuviera una relación previa con ellos, también hablaba por los diez detenidos que se encontraban en la comisaría de Lanús. Sus historias son las consecuencias de la cacería desplegada el miércoles a la noche por la Policía Bonaerense antes del partido entre River y Godoy Cruz por la Copa Argentina.

A esos diez hinchas todavía detenidos los acusan de provocar una avalancha y producirles fracturas en dos dedos a una mujer. El delito que les señalan es lesiones agravadas y desobediencia. Pero la mujer cayó en medio de la represión policial, lo que produjo los empujones, tal como se vio en las distintas filmaciones que circulan desde el miércoles. Incluso padres con chicos tuvieron que escapar de los palazos. La policía pega y acusa a los hinchas de empujar. Les endilga a los hinchas lo que ellos mismos generan.

Juan Manuel Lugones, el titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), responsable del operativo, justificó la acción policial con el argumento de que pararon un desastre. Esa noche, informó el funcionario de María Eugenia Vidal, dos sectores de la barra de River, una la que ocupa el centro de la tribuna y otra la que quiere recuperarlo, iban a enfrentarse, una batalla que no se produjo. La Policía Bonaerense realizó más de cien detenciones. Según la Aprevide, entre ellas había 25 personas con prohibición de ingreso a la cancha. El viernes informó, además, que sumó a esa lista 89 nombres, a los que denominó «barrabravas e hinchas violentos de River».

La lucha antibarra es una de las reivindicaciones preferidas de Vidal y su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, el jefe de Lugones. «La Aprevide dejó afuera de los estadios a más de 3500 hinchas violentos –incluyendo varios jefes de barras bravas– y más de cien barras están cumpliendo prisión efectiva», anunció un comunicado el viernes. Sin embargo, como quedó expuesto, lo que se despliegan son abusos y maltratos a los hinchas comunes, detenciones arbitrarias, y causas que se abren y que después suman nombres a las listas de derecho de admisión. Cualquier hincha puede ser un violento. Porque todo hincha es sospechoso. ¿Las barras? Siguen ahí. Y sus internas también. El miércoles, por las detenciones, cayó el sector de la barra de River que dominaba la tribuna. Mientras el equipo de Marcelo Gallardo le ganaba 1-0 a Godoy Cruz, la que tomó el control fue la que antes quedaba afuera. La Policía actúa como un actor más de esas violencias.

Esto sucedía con el kirchnerismo y antes también. El kirchnerismo hizo un desastre en este asunto. Amparó barras en la Secretaría de Comercio de Guillermo Moreno y otras dependencias. Uno de sus punteros organizó Hinchadas Unidas Argentinas para que barras viajen al Mundial de Sudáfrica. Y en términos de organización del fútbol, no sólo dio rienda suelta a la policía. Fue tanto el descalabro que la prohibición de los visitantes comenzó en 2008 en el Ascenso y se extendió a todo el fútbol argentino en 2013, por orden del entonces ministro de Seguridad, Sergio Berni, después de que una bala policial matara a un hincha de Lanús en La Plata.

El macrismo se ocupó del tema mostrándose como su reverso. Y con mucha acción, lo mismo que con el narcotráfico, tratando un tema que tiene sus especificidades como un delito común. Detenciones, prohibiciones, pedidos de DNI en los ingresos, lo que se extiende a hinchas que están afuera de la barra. Lo que para Lugones puede ser apenas un daño colateral y, sin embargo, es la aplicación de un control social en los estadios. La policía llegó a entrar durante un entretiempo de un partido de Independiente para retirar una bandera contra la AFA. La ineficiencia de esta política punitiva la señalan los propios hechos: el hincha común la sufre, las barras siguen adelante y la policía tiene rienda suelta; no sólo en muchos casos es partícipe de los negocios por abajo, también alimenta los negocios en la superficie. Sólo un ejemplo: contra All Boys, de local y sin visitantes, Quilmes tuvo que pagar 350 mil pesos para el operativo.

Lo que vivieron los hinchas de River el miércoles no es distinto a las experiencias de los hinchas de otros equipos, sobre todo del Ascenso. Cuando ocurre, sólo circula en algunos medios partidarios y en redes sociales. Esta vez tuvo visibilidad. Porque se trata de River. Y porque también esa noche Gonzalo Maidana terminó con la pierna hecha trizas en un hospital de Lanús. Y Gonzalo es primo de Jonatan Maidana. «Dicen que le tiraron con balas de goma pero le hicieron un boquete», contaría luego Rosa, su mamá, poniendo bajo sospecha el tipo de arma utilizada durante la represión. Aún sigue sin identificarse al autor del disparo.

Hasta el sábado, sólo quedaban dos barras detenidos. Y estaban los diez hinchas agarrados en el cacheo, incluso con entradas en la mano. Los golpearon en el ingreso con palos y les tiraron balas de goma. Pero los acusan a ellos de lesiones agravadas y desobediencia. A uno de esos hinchas lo detuvieron porque entre los golpes insultó a Lugones. El funcionario veía la escena, su obra, a unos pocos metros. La libertad de los hinchas está en manos del juez de Garantías José Luis Arabito. Este sábado por la mañana, después de una movilización a la puerta de la comisaría, permitieron que algunos familiares ingresaran. Pudieron hablar con ellos durante cinco minutos. Les dieron comida y ropa. Y una radio para escuchar el partido de River contra Vélez.

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