Diferencias y similitudes en el accionar de Chocobar y el de los ocho prefectos que mataron a Rego

Y si lo hubieran informado, ¿habría sido muy distinto? Luego de conocerse un nuevo caso de gatillo fácil la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se expresó en Twitter: “Decidimos la máxima pena: exoneración a los prefectos que participaron, sin informar, del episodio donde murió Cristofer Rego. Y estamos junto a la justicia para conocer toda la verdad. Firmes cuando quebrantan la ley y la confianza de la sociedad.” El mensaje es, cuanto menos confuso, si se elije poner el foco solo en el intento de encubrimiento y más si se considera que apenas 48 horas antes, la propia Bullrich reiteraba su apoyo al suboficial de la Policía de Avellaneda Luis Chocobar, procesado por «homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber” luego de disparar por la espalda a un delincuente mientras huía. A Cristofer, que tenía 26 años y que hacía solo 40 días que había sido padre, lo ejecutaron de dos tiros certeros –uno le perforó la garganta y otro el pecho– por no detenerse durante un control de tránsito.

“Autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Prefectura Naval dieron a conocer este miércoles la decisión de comenzar el proceso de exoneración de los detenidos. Esta medida es presentada como una muestra de firmeza. Sin embargo, el accionar de los prefectos se enmarca en los mensajes de promoción de la violencia policial que el Ministerio viene difundiendo en los últimos meses”, destaca el comunicado publicado por el CELS en relación con el tema.

Para el organismo, tanto el caso del policía Chocobar como el de los prefectos que fusilaron a Cristofer son “situaciones de uso irracional e ilegal de la fuerza que la normativa prohíbe expresamente pero que las autoridades vienen presentando como ejemplo de lo que es ser un buen policía”.

La madrugada del domingo 12 de agosto, Cristofer conducía su camioneta Peugeot Partner cuando divisó un control de Prefectura en Nueva Pompeya. Según el relato de su padre, Jorge Rego, el joven no se detuvo porque se había olvidado la documentación del vehículo en la casa y tuvo miedo de que le secuestraran la camioneta. Eso habría alcanzado para que los efectivos reaccionaran disparando. De acuerdo al video que un testigo le acercó al fiscal Daniel Pablovsky, un grupo de prefectos se acercó luego al lugar de los hechos en un auto particular y retiró las vainas, en un intento por alterar la escena del crimen y garantizar su impunidad.

El de Cristofer, lamentablemente, no es un hecho aislado. Los vecinos de Barracas y Parque Patricios vienen denunciando las intervenciones violentas de la Prefectura pero solo reciben la indiferencia de las autoridades. En estos días, por ejemplo, seis prefectos están siendo juzgados por las torturas impuestas a Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, dos adolescentes de la Villa 21-24.

Otro caso similar, pero con más suerte para la víctima, ocurrió en marzo de este año, cuando Gonzalo Sala, un joven de 19 años, intentó esquivar un control de Gendarmería en el cruce de Saladillo y Bolonia, de Lomas de Zamora, y terminó baleado por la espalda. «Le tiraron a matar. Está con vida de casualidad, gracias a Dios», se había quejado el padre ante los medios.

“El Ministerio de Seguridad de la Nación es directamente responsable de los altos niveles de violencia policial que se registran en la zona sur y debe tomar medidas al respecto con urgencia”, cierra el comunicado del CELS.