La iniciativa contó con el respaldo mayoritario de 237 legisladores de todas las fuerzas políticas.
El plenario legislativo aprobó esta iniciativa con el respaldo mayoritario de 237 legisladores de todas las fuerzas políticas y solo votó en contra el legislador del Frente de Todos, Esteban Bogdanich, mientras que el macrista Francisco Sánchez se abstuvo.
La iniciativa busca poner la legislación a tono con lo dispuesto sobre capacidad de las personas en el Código Civil y Comercial vigente y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
De esta manera se está «cumpliendo con un reclamo que las personas con discapacidad vienen realizando en pos de su autonomía, desde hace varios años».
El Código Civil y Comercial de la Nación vigente adopta una nueva concepción sobre la capacidad, y establece que «no es un atributo que se le otorga o se le quita a una persona sino un derecho humano y en consecuencia la incapacidad se prevé como excepción debiendo mediar sentencia judicial».
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Acción Social y Salud Publica, Pablo Yedlin (Frente de Todos), explicó que el «objetivo de esta ley es que las personas con discapacidad no puedan ser intervenidas quirúrgicamente para una contracepción sin haber expresado claramente su voluntad».
Dijo que se buscó «cumplir con un compromiso con personas con discapacidad y con una vieja lucha de la ex diputada socialista Gabriela Troaiano», al tiempo que destacó la tarea de su colega de bloque Lucia Massin.
En ese sentido, la legisladora Massin -autora del proyecto- dijo que esta iniciativa «es fruto del trabajo colectivo y se nutrió del aporte de organizaciones de personas con discapacidad y los respectivos informes técnicos. Estamos garantizando un derecho humano y saldando una deuda de la democracia».
En tanto, la presidenta de la comisión de Discapacidad, Leonar Martinez Villalba (Juntos por el Cambio) señaló que esta iniciativa apunta a «ordenar el sistema jurídico interno con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad» para que «pueden con el consentimiento informado, libremente acceder a las prácticas de contracepción quirúrgica».
A su vez, la legisladora de Juntos por el Cambio Claudia Najul explicó que «si bien la ley 26130 (de contracepción quirúrgica), significó un importantísimo avance en materia de derechos sexuales y reproductivos, facilitando la planificación familiar, también lamentablemente, se prestó para que situaciones constituyeran un gran atropello a la dignidad y una grave violación a los derechos humanos de las personas con discapacidad».
A través de la iniciativa, se obliga a la autoridad de aplicación «a dar información accesible a las personas con discapacidad según sus necesidades, de manera que comprendan acabadamente en qué consiste la intervención y cuáles son las consecuencias de realizarla».
También, se prevé como obligación la de brindar los apoyos y salvaguardas, para que las personas con discapacidad atraviesen por la intervención, en caso de que decidan someterse al procedimiento, siendo informadas a lo largo de todo el proceso y asistidas para que no se encuentren indefensas o se sientan aisladas de la toma de decisiones paso a paso, respetándose su dignidad y su autonomía.
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