Diputados aprobó la ley de financiamiento que regirá para los próximos comicios

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de financiamiento de los partidos políticos, que recibió 148 votos afirmativos y 69 negativos y avaló el aporte empresarial a los partidos políticos.

La norma, en la votación en general, contó con el apoyo del oficialismo y gran parte de la oposición. La izquierda, el bloque del Movimiento Evita y el Frente para la Victoria votaron en contra.

La discusión, en este caso, no fue sobre el fondo de la cuestión sino sobre las formas. Todos los legisladores abogaron por la necesidad de transparentar un sistema que vivió su pico de oscuridad con los “aportantes truchos de Cambiemos” en las últimas elecciones.

Los que se pronunciaron en contra de la norma marcaron que legalizar un situación irregular, como es el aporte de las empresas, no garantiza transparencia y no rompe el contrato tácito de connivencia entre el aportante el y candidato.

Desde la bancada oficialista la única apelación fue a la transparencia.  En ese contexto el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y diputado por Cambiemos, Pablo Tonelli, detalló que la norma es “un gran paso para mejorar la transparencia de las campañas electorales, aumentar las obligaciones de los partidos en orden de esas campañas”, y valoró: “El notorio incremento en las atribuciones y competencias de la Cámara Electoral para un control efectivo rápido y eficaz de la obligaciones de los partidos políticos”.

Tonelli destacó que el proyecto debatido propone la reforma de cinco leyes y sus propósitos “son muy claros: básicamente mejorar, incrementar la transparencia en el financiamiento electoral, en el dinero que los partidos políticos reciben que se identifique a los que contribuyen y qué destino le dan a ese dinero los partidos”.

Desde la vereda de enfrente el titular del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, fue tajante: “Tenemos que ir a un financiamiento político 100% estatal”.

“Las experiencias que hay en el mundo van en el sentido contrario de lo que queremos hacer”, dijo Rossi, y agregó: “Se cree que por legalizar el financiamiento de las empresas no va a haber financiamiento ilegal”.

Además, el legislador kirchnerista aseguró que “las empresas aportan más a los oficialismos, a los partidos que tienen mayores posibilidades electorales y a los que tienen líneas argumentales pro-empresa”, lo cual “genera un desequilibrio”.

Rossi subrayó que “esta reforma va en retroceso de los avances conseguidos en 2009” con la ley donde, entre otras cosas, se prohibió el aporte de personas jurídicas, y se consagró que “todos los partidos iban a tener acceso a los medios de comunicación radiales y televisivos”, cuando ahora el tiempo de programación se reduce a la mitad.

Algo similar expresó Felipe Solá que sin miramientos advirtió que la ley “no sirve para nada”. El exgobernador de la provincia de Buenos Aires además señaló que la norma va en contra de los partidos populares y favorece a los partidos que defienden los intereses de las grandes empresas.

Los argumentos de cada unos  los legisladores que hicieron uso de la palabra no se corrieron de las líneas marcadas por las principales espadas de los grandes bloques. Por fuera de eso, Diego Bossio, que acompañó la norma utilizó su tiempo para fustigar al oficialismo por la parálisis parlamentaria y por no poner en debate los temas que le interesan a la sociedad.

El proyecto finalmente fue aprobado con el respaldo de Cambiemos, el massismo, Alternativa Federal  y el Frente Cívico de Santiago del Estero, mientras que fue rechazado por el kirchnerismo, Red por Argentina y la izquierda.

Sin embargo, en la votación en particular, la Coalición Cívica votó en contra de permitir el aporte de empresas.