
Ley N° 27.329, especifica un “Régimen Previsional de Excepción, Especial y Optativo para el Otorgamiento de Beneficios Jubilatorios”, destinado a los ex combatientes de Malvinas, contemplaba que la prestación mínima del haber mensual era el equivalente a la suma de dos veces la jubilación mínima. Junto a este aporte, se suma el Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra por la importancia que ha tenido en la salud. Por último, se propone que queden libres del pago en todos los peajes de ruta y autopista del país.
“Uno de los proyectos apunta a reparar una injusticia y recupera la redacción original de una norma aprobada en 2016 por el Congreso Nacional, que había otorgado beneficios jubilatorios a los ex combatientes y luego fue vetada parcialmente por el Gobierno Nacional”, explicó Filmus, quien se desempeñó como secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas de la Cancillería entre 2014 y 2015.
Cuenta con el acompañamiento de los diputados Cecilia Moreau (Unidos por una Nueva Argentina), Carolina Moisés (Justicialista), Verónica Mercado, Analuz Carol, Guillermo Carmona, Alicia Soraire, Roberto Salvareza, Martín Pérez y Pablo Carro (Frente Para la Victoria-PJ), entre otros.
El pedido es a causa de que el gobierno nacional realizó un veto parcial de la Ley plateado en el Decreto 1250/2016, justificando que el pago de los dos haberes mínimos “desnaturalizaba el sistema previsional”.
En abril de ese mismo año, el jefe de Estado intentó homenajear a los caídos en un monumento ubicado en la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, pero obtuvo reclamos por parte de las organizaciones de combatientes. Le cuestionaban las medidas políticas al mismo tiempo que pedían explicaciones sobre las recesiones que afectan a las familias de los veteranos. “Todo no se puede”, les contestó Mauricio Macri.
Durante el mandato de Cambiemos, hubo varios retrocesos en cuanto al reclamo por la soberanía de las Malvinas, cerrando acuerdos con el Reino Unido que ponen en peligro el pedido diplomático sobre las islas. En septiembre de 2016 el gobierno firmó un acuerdo para el intercambio comercial y más vuelos, que en la actualidad tienen lugar. Este decreto firmado por Macri no incluyó ninguna propuesta por la existencia de una base militar británica en el territorio Argentino, cuestión que contradice la resolución de Naciones Unidas, que prohíbe acciones inconsultas.
En su momento Rosana Bertone, denunció que el gobierno pone “en peligro” el reclamo por las islas, ya que se incentiva a que los británicos puedan aprovechar libremente la pesca, la navegación y los hidrocarburos. Por su parte la abogada, Valeria Carreras, en su carácter de ciudadana apuntó contra el Gobierno “por traición a patria”, argumentando que el espacio aéreo deja de tener un control por parte de Argentina.
Mientras el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas, CECIM, presentó un pedido judicial junto con una medida cautelar para suspender los vuelos semanales desde la ciudad brasilera de San Pablo y Córdoba a las Islas Malvinas. La respuesta fue que a partir de noviembre estos viajes se realizaran de igual manera. Ya se presentó en la Secretaría de Cultura un mapa “oficial”, donde debajo del archipiélago aparece la denominación “Felkand Islands”, nombre asignado por el Reino Unido.
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