Para los legisladores, la agresión que sufrieron frente al Congreso mientras se trataba la ley Bases obedeció a una decisión política de la ministra.

Mediante una denuncia penal presentada este martes (que, otra vez, recayó por sorteo en el juzgado del candidato del gobierno a la Corte Suprema, Ariel Lijo), los diputados refutaron el principal argumento de Bullrich sobre el accionar judicial: que los legisladores estaban bloqueando las calles. Las calles estaban bloqueadas, sí. Pero no por los manifestantes o los diputados sino por las fuerzas de seguridad a la orden de la ministra.
La denuncia fue presentada por los diputados Carlos Castagneto, Inés Yutrovic, Eduardo Valdés, Juan Manuel Pedrini, Luis Basterra, Lorena Pokoik, Andrea Freites, Gabriela Pedrali, Ernesto Alí, Gustavo Fernández Patri y Leopoldo Moreau. La denuncia apunta directamente a Bullrich; Vicente Ventura Barreiro, secretario de Seguridad; Guillermo Giménez Pérez, a cargo de la Prefectura Naval Argentina, “sin perjuicio de otras personas sindicadas que pudieran surgir del devenir de la Investigación”.
“Todo indica que se trató de una acción deliberadamente dirigida de las fuerzas de seguridad de avanzar contra nosotros, que obedeció a una decisión política. (…) Prueba de que no se trató de una decisión administrativa delegada a una cadena jerárquica de funcionarios subalternos -que tenían a su cargo la dirección de la faz operativa del aparato de seguridad, son las declaraciones posteriores de la Ministra de Seguridad. Pues la ministra Bullrich, con absoluta claridad y haciéndose responsable del accionar de las fuerzas de seguridad dijo: ‘Los diputados se creen que tienen poder de decisión sobre las fuerzas de seguridad, se paran adelante de las fuerzas de seguridad y le dicen ‘soy diputado, papa’. ¿A mi qué me importa que sea diputado?”.
Ante ese escenario, los denunciantes también retrucaron a la ministra. “Nuestro carácter de diputados no nos convierte en personas especiales y con privilegios, pero el ataque premeditado que sufrimos solo se explica para amedrentar y dar andamiaje a una mayor y despiadada represión contra nuestros representados, quienes pacíficamente estaban ejerciendo su derecho a discrepar con una política legislativa. Y efectivamente esa mayor y despiadada represión contra nuestros representados se desplegó después”. Bullrich dijo que los diputados “actuaron como delincuentes”. La respuesta: “Nuestra actividad en concreto consistía en ser interlocutores con los manifestantes, que en definitiva son nuestros representados, de manera totalmente pacífica”. “Las fuerzas de seguridad actuantes tenían cabal conocimiento que frente a ellos se encontraba un grupo de representantes parlamentarios”.
¿Los diputados bloqueaban el tránsito? Según la denuncia, “la avenida Entre Ríos ya se encontraba cortada desde la calle Yrigoyen, por un cordón policial y había muchas personas manifestando pacíficamente. No se estaba entorpeciendo el tránsito en absoluto por los manifestantes ni por los suscriptos, sino por el cordón policial que se encontraba sobre Yrigoyen y Entre Ríos”.
Los diputados, con el patrocinio del abogado Alejandro Rúa, anunciaron que los hechos ocurridos durante la marcha contra la Ley Bases ya fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), “así como a su Relator para Argentina y sus Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión y sobre Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales, así como también ante las Relatorías Especiales sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación y sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, ambas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)”.
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