Consideran que en la provincia gobernada por Gerardo Morales no se respetan las garantías constitucionales. La presentación pública será el lunes, en el Congreso de la Nación.
El objetivo de la iniciativa es garantizar la forma republicana de gobierno, la división de poderes y el sistema democrático. De esta forma, el proyecto busca designar a un Interventor Federal y declarar en comisión a los miembros del Superior Tribunal de Justicia y al titular del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Jujuy.
En su fundamentación, el proyecto explica que desde que asumió, Morales hizo modificaciones en el Poder Judicial provincial, donde el poder político tiene un alto grado de injerencia y no está garantizada la independencia. Entre esas modificaciones, se encuentra la ampliación del Supremo Tribunal de 5 a 9 miembros. Este aumento de miembros se realizó mediante una reforma legislativa, que tuvo la particularidad de que dos de los diputados que votaron la modificación, a los dos días asumieron como integrantes del superior tribunal: Pablo Baca y Beatriz Altamirano. Es decir, se votaron a ellos mismos. Un tercero, Federico Otaola, actualmente presidente del Tribunal, también había sido legislador de la UCR y candidato a vicegobernador en la fórmula con Gerardo Morales en el año 2011.
Actualmente, Morales continúa profundizando este plan premeditado de cooptación y avasallamiento sobre dicho poder del Estado provincial, configurando una situación de gravedad institucional intolerable. En ese sentido, forzó la renuncia de tres miembros del Supremo Tribunal y pretende forzar la renuncia de tres integrantes más con el claro objetivo de imponer una mayoría propia. A principios de mes, el propio exjuez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, denunció al gobernador ya que “Jujuy vive un escándalo jurídico”.
Entre los firmantes del proyecto se encuentran: Federico Fagioli, Itai Hagman, Natalia Zaracho, Leonardo Grosso, Verónica Caliva, Natalia Souto, Eduardo Toniolli y Juan Carlos Alderete.
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