En Diputados, Unión por la Patria, PRO y La Libertad Avanza discuten la baja en la edad de imputabilidad

La Cámara de Diputados continuó este martes el debate sobre un nuevo Régimen Penal Juvenil que incluye la baja de edad de imputabilidad. Bajo la conducción de la cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO) se reunió el plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia, Niñez y Juventudes en donde legisladores expusieron por bloque los distintos proyectos que tienen estado parlamentario.

El debate comenzó la semana pasada con la exposición de funcionarios nacionales, que defendieron la iniciativa que impulsa el oficialismo y que tiene como principal objetivo bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años.

En esta oportunidad, abrió la jornada el diputado de Unión por la Patria Ramiro Gutiérrez. Con letra massista, defendió el proyecto de su autoría que es acompañado por sus colegas del Frente Renovador. La iniciativa respalda la baja de imputabilidad a los 14 años: “Una persona de 14 años que pone un arma de fuego y dispara entiende la gravedad de lo que hace y la consecuencia de su actuar”, indicó.

Sin embargo, solicitó el plazo de la eventual implementación que estableció el Gobierno nacional (dispuesto en 180 días) por tres años, para poder desarrollar infraestructura penal para los adolescentes que serán detenidos.

En tanto, por Unión por la Patria, también habló la chubutense Eugenia Alianiello, quien consideró: «Me parece que es un error caer solamente en la edad de punibilidad». La legisladora firmó un proyecto que busca reformar el Régimen Penal Juvenil sin penar a menores de 16 años. «Tienen que saber que, cumplida la pena, esos adolescentes van a volver a vivir en sociedad y depende de cuál es el tránsito que ellos tengan van a tener distintas herramientas al salir», agregó.

Desde el bloque del PRO, el bonaerense Martín Yeza explicó la propuesta de su espacio político. «Al día de hoy, la Argentina solamente comparte la edad de imputabilidad con el gobierno de Cuba. Después hay un grupo de países, entre los que están Suecia, Noruega y Finlandia, que comparten una edad de imputabilidad de 15 años. El resto de los países de la región comparten un estándar internacional en el que la edad debe ser de los 14 años».

«¿Por qué no 13, como propone el Gobierno nacional?», se preguntó Yeza. Y respondió: «No está establecido en el campo de la ciencia si la conciencia se termina de desarrollar entre los 12 y 13 años, ni en qué mes es; sí se sabe como estándar internacional que definitivamente es a los 14 años».

Por otro lado, ratificó que habrán «penas para los padres», que incluyen inhibición de bienes y sanciones patrimoniales y pidió «pasar a una lógica del imperio de la ley y la justicia, que contemple la rehabilitación de los menores”.

Finalmente, la sanjuanina Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo, partido aliado a La Libertad Avanza) defendió el proyecto del gobierno, desde un lugar polémico: “A los 13 años ya el menor puede elegir si tener relaciones sexuales libremente, pero si a través de ellas comete un delito, no responde». Asimismo, explicó las características de la legislación que defiende: «Los mayores de 14 años serán sometidos a las medidas de coerción, seguridad, pena privativa de la libertad y ejecución como los mayores de edad, salvo el alojamiento, porque creemos que es hora de que empecemos a responder».

El debate continuará el miércoles que viene con más exposiciones de los diputados presentaron iniciativas como Manuel Aguirre (UCR), Carla Carrizo (UCR), Álvaro Martínez (LLA), Juan Manuel López (CC), Diego Santilli (PRO), Gerardo Huesen (LLA), Cristian Ritondo (PRO), Agustina Propato (UP), Carolina Píparo (Buenos Aires Libre), Ricardo López Murphy (HCF), Roxana Reyes (UCR) y el exdiputado Alberto Asseff.