Diputados aprobó el financiamiento universitario y declaró esencial a la educación

Dos proyectos en materia educativa fueron aprobados en la sesión maratónica que comenzó el miércoles y continuó este jueves. Pasadas las 3 de la madrugada, la Cámara de Diputados votó una iniciativa impulsada por el diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, que fue cuestionada por un sector de la oposición ya que obliga a garantizar las clases en los días de paro docente. El proyecto, que pasa al Senado de la Nación, contó con 131 votos afirmativos, 95 negativos y 2 abstenciones, correspondientes a Fernando Carbajal (UCR) y Mónica Frade (Coalición Cívica).

Por otro lado, por la mañana la oposición logró aprobar el proyecto de financiamiento para las Universidades Nacionales que establece el mecanismo salarial que tendrá el personal universitario, que será de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor. Fue una iniciativa que estaba en la agenda de los bloques de la UCR, Encuentro Federal y Unión por la Patria, que recibieron a representantes del sector universitario para escuchar sus opiniones, en un marco de conflicto de la educación superior, con paros docentes en todo el país.

Win-win educativo

En cuanto a la iniciativa que declara a la educación como servicio estratégico esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar de todo el territorio nacional había sido impulsada por el Pro desde la post-pandemia, bajo la crítica del tiempo en que las escuelas permanecieron cerradas durante esa época.

En ese sentido señala que el Estado Nacional y las provincias deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante los días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente y deberán establecer un sistema de guardias mínimas obligatorias. El proyecto establece que si una medida de fuerza se extiende entre uno y dos días deberá instrumentarse una guardia mínima del 30% de docentes y no docentes.

También dispone que si la huelga se prolongó por más de tres días esa guardia “deberá contemplar un 50% de asistencia de la nómina de personal directivo, docente y no docente” en todas los niveles y modalidades educativas. Otro punto del proyecto fija que al comenzar el ciclo lectivo cada colegio deberá informar a las autoridades el servicio de guardias que se pondrá en funcionamiento para garantizar el dictado de clases.

A favor del proyecto votaron La Libertad Avanza, el Pro y otras bancadas dialoguistas como la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica e Innovación Federal. También votaron a favor dos diputados de Unión por la Patria: la mendocina Liliana Paponet y el jujeño Guillermo Snopek.

Por su parte, el rechazo lo encabezaron Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. En tanto, el bloque Encuentro Federal votó dividido, pues votaron en contra la cordobesa Natalia de la Sota, los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, y Margarita Stolbizer. También votaron en contra los radicales Pablo Juliano, Facundo Manes y Roxana Reyes.

Como miembro informante, Finocchiaro manifestó: «Claramente en nuestro país en los últimos años hay una coalición entre dos derechos. El derecho de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse».

En ese sentido, el ex ministro de educación del gobierno de Mauricio Macri agregó: “Tenemos que encontrar un equilibrio entre el derecho a educarse y el derecho a huelga”.  “El proyecto busca en el caso de una medida de fuerza federal, la escuela debe estar abierta, los directivos deben ser responsables de que eso suceda. Y que debe haber una guardia de directivos docentes y no docentes que ese día reciban a los chicos que den clase de acuerdo a la organización de la escuela y que además garanticen los otros derechos que hoy garantiza la escuela, como el derecho alimentario», afirmó.

Desde la oposición, la diputada de Unión por la Patria Blanca Osuna dijo que el proyecto lo único que busca «es regular el derecho de huelga como ya lo ha dicho claramente el informante del oficialismo». «A nosotros estamos planteando es que eso nos avergüenza», agregó y dijo que el verdadero problema «es el agravamiento de la situación de hambre y de nutrición lo vemos en cada rincón, en cada centro de salud» del país.

Con rechazo oficialista, opositores aprobaron el financiamiento universitario

El proyecto que giró al Senado para continuar su camino parlamentario, fue incluido en el temario en la mañana del miércoles, en el marco de las negociaciones con el oficialismo para lograr el quórum.

La iniciativa que pudo ser aprobada por el acuerdo entre radicales, pichettistas y peronistas y se terminó votando el dictamen presentado por el radicalismo que aceptó modificaciones introducidas por UxP. Contó con 143 votos a favor contra 77 en contra. En un contexto de recorte al presupuesto universitario desde que asumió el gobierno de Javier Milei.

El dictamen en minoría, que establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar -cada dos meses y por inflación- los gastos salariales y de funcionamiento de las casas de altos estudios de manera retroactiva, desde enero de este año hasta el 31 de diciembre.

Desde Unión por la Patria, Blanca Osuna definió como “una situación de extrema emergencia que expone a las universidades argentinas a una situación de altísimo riesgo”. “Financiamiento de las universidades nacionales es un título mentiroso”, aclaró en ese sentido. La vicepresidenta de la Comisión de Educación enfatizó que “la educación superior es un derecho; un derecho no transable, un derecho humano y es un bien social”.

La radical Danya Tavela dijo que “el ajuste de la economía tiene que pasar por aquellos gastos superfluos, como lo que le van a poner a la SIDE, o lo que ya se gastó”. “Lamentablemente este Congreso, como hace habitualmente, llega tarde y mal, porque tuvimos una marcha el 23 de abril, presentamos muchos proyectos, nos autoboicoteamos para que no salga ninguno para cumplirle vaya a saber Dios a quién, y finalmente termina el proceso a medio resolverse y estallando en el inicio del segundo cuatrimestre el conflicto salarial”, expresó.

En LLA José Luis Espert consideró “falso” que el Gobierno no esté haciendo nada por la educación superior. “Estamos incrementando las partidas necesarias para que las universidades funcionen y funcionen bien”. “Hay al menos cinco puntos en los que me quiero focalizar para que toda la comunidad universitaria sepa y comprenda –continuó-. Las transferencias totalizaron 1,4 billones de pesos el año pasado, durante el Gobierno de Alberto Fernández, y el crédito de este año es de 3,0 billones; un 120% más, diez puntos por encima de la inflación que el Gobierno estima para 2024”.