Será este jueves en la Cámara que preside Sergio Massa. También se discutirá el acceso a la información ambiental y la prohibición para que las empresas radicadas en paraísos fiscales reciban ayuda del Estado en situaciones excepcionales.
La iniciativa presentaba por el Gobierno Nacional establece que no se usarán los recursos de este fondo de la Anses para pagar la ley de reparación histórica, que abarca a unas 900 mil personas. Y propone que se transfiera la responsabilidad del pago al Ministerio de Economía para que el Tesoro abone la deuda con quienes tienen que cobrar mes a mes este resarcimiento. Además se reprograman las deudas contraídas desde 2016 por 21 provincias con la Anses. Habrá un programa de refinanciamiento que discutirán cada uno de los gobernadores con el Estado Nacional en un plazo de 8 meses.
También se tratará el proyecto que establece la prohibición de ayuda económica a empresas domiciliadas en paraísos fiscales o aquellas con probada evasión fiscal. El texto presentado por los legisladores del Frente de Todos prohíbe al gobierno o a algún organismo dependiente y a alguna empresa con participación estatal mayoritaria la asistencia económica a este tipo de empresas en casos de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor. Según datos publicados en mayo por el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEX) Argentina es el quinto país con mayor volumen de evasión fiscal en el mundo.
La cuestión ambiental también se hará presente en el recinto a través del Acuerdo de Escazú. El proyecto que tuvo aprobación en agosto en el Senado ratifica el convenio regional sobre el acceso a la información, la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales.
El convenio se celebró en Costa Rica el 4 de marzo de 2018. Fue aprobado por 17 estados y debe tener el número de ratificaciones exigidas para entrar en vigencia. De convertirse en ley, Argentina sería la décima nación de las once necesarias.
La iniciativa ordena que toda persona tenga acceso adecuado a la información sobre medio ambiente que tengan las autoridades públicas. Esto incluye lo que atiende a materiales y actividades que encierran peligro en sus comunidades y la oportunidad de participar en la adopción de decisiones.
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