La oposición logró la aprobación con 158 votos afirmativos y 75 negativos. Está en juego la actualización de los presupuesto de las universidades nacionales para asegurar su funcionamiento.
En el marco de un largo debate, los diputados de los bloques opositores marcaron la necesidad de auxiliar a las universidades con un financiamiento que, inexplicablemente, el gobierno de Javier Milei ha incumplido. Por su parte, el oficialismo rechazó el proyecto por considerar el impacto fiscal que tendría su aprobación.
Durante la sesión estuvieron presentes varios rectores universitarios en los palcos del recinto.
El proyecto será girado al Senado en las próximas horas y tiene un panorama auspicioso para su sanción definitiva, sobre todo por el mal momento que atraviesa el oficialismo con los gobernadores dialoguistas, quienes ofician de garantes del éxito de La Libertad Avanza (LLA) en ambas cámaras.
La iniciativa fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y busca elevar el presupuesto al 1 por ciento del PBI.
También se propone otorgar una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes.
El dictamen que tuvo luz verde establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación.
Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento para establecimientos universitarios, hospitales universitarios, Ciencia y Técnica, actividades de Extensión Universitaria.
Sobre la recomposición salarial que debe otorgar el Gobierno, propone compensar las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde 1 de diciembre del 2023 a la fecha de sanción de la ley y que exista luego una actualización bimestral no menor a la variación del índice de Precios al Consumidor.
Otro de los puntos que plantea el texto aprobado es que en el 2025 debe completarse la incorporación al básico de convenio colectivo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas.
A su vez, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal y remitirá al Congreso los informes producidos y el plan de seguimiento y control.
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