Diputados: ya se debate la despenalización del cannabis medicinal

El solo hecho de que la palabra cannabis está presente en el proyecto dispara en muchos legisladores una mirada punitiva. Habrá sido ese el motivo por el que la conducción del plenario de comisiones de Diputados quedó en manos del radical Luis Petri, titular de Seguridad Interior. En ese ámbito se llevó adelante la primera reunión informativa del proyecto de ley que despenaliza del uso de cannabis con fines medicinales. La masiva concurrencia de organizaciones, profesionales médicos y los duros testimonios de madres que caminan al filo de la legalidad para brindarle a sus hijos enfermos una mejora en la calidad de vida, provocó que un conmovido Petri anunciara que el próximo martes se firmará dictamen.

La decisión que anunció el legislador radical recibió el respaldo de los presentes y se coronó con un estruendoso aplauso. A lado de Petri se encontraba Carolina Gaillard, del FPV, presidenta de la comisión de Salud y una de las principales impulsoras de este proyecto y la radical Gabriela Burgos, titular de la comisión de Legislación Penal.

La primera parte de la reunión la consumió un cruce entre los legisladores opositores y oficialistas, por la necesidad de tener un despacho de comisión que permita llegar al recinto de la Cámara baja y luego pase al Senado. El FPV a través de Gaillard y una muy vehemente Diana Conti, reclamó la necesidad de dar una respuestas a las familias que encontraron en el aceite de cannabis un mejoramiento de la calidad de vida para enfermos de epilepsia pero también de cáncer y otras traumáticas patologías. “Existen proyectos desde el 2003 y nunca se han tratado y sí lo hacemos nosotros por el compromiso que asumimos en la última sesión”, buscó Petri saldar esta parte de la discusión.

El punto que más discusión provoca es la posibilidad de despenalizar el autocultivo, que en la práctica ya se realiza, y que impulsa el FPV y bloques de la izquierda. Por su parte, Gaillard agregó que esa despenalización es también necesaria para la investigación científica e incluso la posibilidad de que sea el propio Estado el produzca este aceite. “La mamá que cultiva es considerada una delincuente. Por eso es muy importante que el Estado concientice y ayude a los pacientes para mejorar su calidad de vida, y deje de reprimir”, dijo Gaillard. De todas modos, igual tuvo que aclarar, para dejar tranquilos a los que prefieren el Código Penal, que “no estamos discutiendo el uso recreativo del cannabis”.

Araceli Ferreyra, diputada del Peronismo para la Victoria (Movimiento Evita), no sólo se mostró proclive a sancionar la norma sino que además indicó, para responder a los legisladores que temen que una autorización de consumo de marihuana sea una luz verde para el narcotráfico, que en Colombia “país punitivista si los hay, tiene autorizado la venta del aceite de cannabis en farmacias”.

El oficialismo tenía preparada una respuesta al proyecto que se debate y para ello contó con el respaldo del psiquiatra Andrew Santiago Blake, a la sazón director de Salud Mental del Ministerio de Salud. El funcionario dio a entender que el gobierno nacional tiene abierta la posibilidad de “desarrollar un ensayo clínico para garantizar que el efecto terapéutico sea acorde a la búsqueda de una mejoría” que incluiría el cultivo de la variedad de cannabis que se usa para la fabricación del aceite medicinal con las técnicos y las instalaciones del INTA.

Si bien la propuesta del funcionario provocó algunos aplausos, otros de los presentes dudaron. Por caso, el juez federal Pedro Pianta, quien tiene un hijo con epilepsia refractaria y recordó sin nombrar al ex presidente Juan Domingo Perón que solía decir que cuando se busca dilatar una decisión lo mejor era crear una comisión. Es por eso que pidió a los legisladores que “hagan lugar al reclamo de este dolor” y destacó que “el autocultivo no es algo ilegal y está amparado por la Constitución Nacional”.

Las palabras y el relato de los familiares desvanecieron la discusión política. Tal vez el testimonio que más caló en los espíritus de los diputados que tienen sus dudas fue la María Laura Alasi, madre de Josefina, quien tiene epilepsia refractaria: “No tengo más tiempo cuando veo a mi hija sacudiéndose por las convulsiones y por eso acudí al autocultivo”. Es más, con voz quebrada por la emoción y el dolor, les dijo a los que legisladores: “Yo no tendría que estar acá si ustedes hubieran realizado su trabajo”. Todos la escucharon en silencio. Luego exigió: “Basta de empujar a las familias a la manos de estafadores y narcotraficantes. No vengo a generar lastima, vengo a pedir que trabajen por nuestros hijos, por nuestros enfermos, no me voy a ir sin una respuesta positiva”.

También hizo uso de la palabra la investigadora del Conicet, Silvia Kochen, quien le informó a aquellos legisladores que dijeron no saber del resultado de las investigaciones científicas sobre la efectividad del cannabis, que “en investigaciones que estamos haciendo, estamos encontrando resultados alrededor del 30 o 40 % de pacientes con epilepsia severa presenta una reducción del 50 % de los efectos de crisis”. Un resultado similar arrojaron estudios realizados en Israel y los Estados Unidos.

Las posibilidades de tratamiento de este proyecto antes de que finalice el año son ciertas. La cantidad de normas económicas que tiene pendiente el oficialismo hacen crecer las probabilidades de que se extienda el período de sesiones ordinarias y, por lo tanto, la Cámara baja le otorgue media sanción y luego pase al Senado donde los familiares deberán realizar también una fuerte tarea de convencimiento.

Aunque ese no sería el mayor de los problemas. Habrá que ver, en caso de una sanción parlamentaria, qué hace el gobierno, que deberá promulgarla. Por ahora en el bloque del PRO hay diputados que respaldan con firmeza este proyecto pero, como dice el refrán, donde manda capitán…