Discapacidad en emergencia: exigen un 70% de aumento en las prestaciones del sector

La noticia es conocida. Hace dos semanas, mediante la Resolución 2125/2021 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud de la Nación, autorizó un aumento del 41,14% a las empresas privadas de medicina prepaga, que se aplicará de manera escalonada en cuatro tramos desde el 1 de agosto próximo hasta el 1 de enero de 2022. Los aumentos generales, complementarios y acumulativos serán de hasta un 9% a partir del 1 de agosto, 9% a partir del 1 de septiembre; y misma cifra a partir del 1 de octubre y el 1 de enero de 2022. Teniendo en cuenta los aumentos autorizados este año, de 3,5% en marzo, 4,5% en abril y 5,5% en mayo, con los nuevos incrementos las prepagas incrementarán sus cuotas en un 61,04% en menos de un año, de marzo de 2021 a enero de 2022.

Mientras el ejecutivo nacional dio vía libre a estos aumentos, los prestadores de servicios que trabajan con personas con discapacidad, no recibieron el mismo trato. Ese sector está integrado por Escuelas, Centros Educativos Terapéuticos, Centros de Día y Servicios de Apoyo a la Inclusión Escolar; como así también, Centros de Rehabilitación, de Estimulación Temprana, Hogares, transportistas y profesionales. A nivel nacional, se calcula que las personas con discapacidad representan el 7.1 % de la población argentina y “necesitan que los servicios que reciben, las instituciones a las que asisten y su vida en general”, aclaran desde el Foro Permanente Discapacidad “continúe sin que se avasallen sus derechos”.

Eduardo Maidana es director del Centro Educativo Terapéutico (CET), “Espacio de Vida”, ubicado en la localidad de San Miguel, Provincia de Buenos Aires. A los CET concurren niños, niñas y adolescentes que no pueden asistir a escuelas convencionales y/o especiales, porque tienen dificultades en lo simbólico, neurológico o psiquiátrico, y que necesitan de un abordaje de orden clínico terapéutico. “Nuestra función es generar espacios a partir de propuestas para los diferentes aprendizajes y mejoramientos de los síntomas clínicos, y todo lo que tiene que ver con la inclusión de la persona con discapacidad, mediante trabajos en distintos aspectos”, detalla Maidana en diálogo con Tiempo. Al lugar asisten personas con diagnóstico de psicosis infantil, TGD, Autismo y diversos trastornos neurológicos y/o genéticos asociados a su capacidad  motora, mental y sensorial.

En los centros y escuelas para personas con discapacidad conviven diferentes realidades sociales: Pacientes o estudiantes de familias que pueden sostener una prepaga y quienes están en situación de pobreza. Este último sector lo hace mediante Incluir Salud, un programa de la Agencia Nacional de Discapacidad que permite el acceso a los servicios a titulares de Pensiones No Contributivas y que brinda el 100% de cobertura médico-asistencial. “En nuestro CET tenemos 60 pacientes de los cuales más del 50% está en situación de pobreza, y durante toda la pandemia seguimos brindando la misma atención, y el Estado ha tenido bastante dificultades para poder cubrir a esta población sobre todo en medicamentos. El 70% de los gastos están vinculados a los salarios y el resto a servicios, y ahora llegamos a un punto crítico que se arrastra desde el año 2017 con el anterior gobierno, y los gastos se fueron por las nubes y nosotros ya no podemos afrontarlos. El ejemplo más claro de ello es que varios centros han cerrado, otros están a punto de hacerlo y la mayoría no pueda pagar en tiempo y forma los salarios.”, termina Maidana.

Por este tema, el sector se movilizó hacia la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), para exigir un aumento en las prestaciones. “Las y los trabajadores se sentaron en la puerta de la ANDIS para entregar una nota donde se plantea la grave situación que están pasando económicamente estos servicios” señala a Tiempo Pablo Molero, Coordinador del Foro Permanente Discapacidad. Molero explicó que la crisis atraviesa a todo el sector “los problemas están vinculados con la inflación y el atraso arancelario que hay, así que se planteó un aumento necesario de un 70% de emergencia para este año, especialmente porque el aumento que se dio para todo el año fue del 34 por ciento, y está atrasado con respecto a los anteriores incrementos que hubo”. La nota fue entrega al licenciada Fernando Galarraga que es el director ejecutivo de la Agencia de Discapacidad.

Las y los trabajadores del sector afirman que los servicios que reciben las personas con discapacidad están abandonados y corren peligro de continuidad, es por eso que las instituciones, transportistas, profesionales y familias vinculadas a esta problemática, están trabajando en un plan de lucha y evaluando jurídicamente la posibilidad de presentar una acción de amparo conjunta que evite el quiebre de las instituciones. Entre otras acciones que consideran llevar adelante, habiendo agotado todas las instancias de negociación, es fijar una fecha para un paro de actividades que se realizará de manera intermitente en los lugares de trabajo.