Discapacidad: entre el “respiro” en Diputados y los nuevos embates de un gobierno “ensañado”

“Una buena noticia” se titulaba el mensaje que pusieron en circulación organizaciones del sector discapacidad a primera hora de este jueves, luego del revés que recibió el Gobierno en la Cámara de Diputados, donde quedó fuera del Presupuesto la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Pero el alivio duró poco: horas más tarde se conoció la apelación del Ejecutivo al fallo de Campaña que ordena la implementación inmediata de esa normativa.

“Este resultado no es casual: es fruto de la organización, la visibilización y la defensa colectiva de derechos. Pero no alcanza con ratificarla en el papel. La ley está vigente y debe aplicarse de manera inmediata. Exigimos su aplicación ya. Sin dilaciones, sin maniobras, sin excusas. Los derechos no se negocian. Se cumplen”, se pronunciaron las organizaciones luego de que la Cámara de Diputados rechazara el capítulo que contenía el “nefasto artículo 75” del Presupuesto 2026.

Según trascendió desde voces del oficialismo, en la Casa Rosada apuestan a lograr reinsertar los artículos rechazados en la instancia del Senado. Eso haría que el proyecto vuelva a Diputados con cambios, donde se trataría de aprobar la norma tal como la quiere el mileísmo. De no ser así, Milei usaría una de sus herramientas favoritas (y fallidas): el veto: En cualquier caso, la puja sigue.

En tanto, el Gobierno apeló la decisión del juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien declaró inválido el artículo del decreto presidencial que suspendió la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, ordenando su ejecución inmediata en todo el país.

De todos modos, es una apelación con efecto devolutivo: la sentencia se tiene que cumplir hasta tanto se pronuncie la Cámara. En ese sentido, el diputado Esteban Paulón anunció que intimó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que se cumpla la ley.

Un gobierno ensañado

“Sabemos que van a intentar algo con senadores. La verdad que sería muy importante que se entienda que es ideológico. Que este gobierno está ensañado con cualquier persona con discapacidad”, lamenta la psicóloga María Belén Frías, miembro de Fundación Arkho y del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS).

Las autoridades “manifiestan que intervienen la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad, envuelta en un escándalo de corrupción y coimas) y que están ocupándose. Sin embargo, están desde agosto atrás de una computadora. ¿Qué están haciendo? ¿Con cuántas familias hablaron? ¿Con cuántas personas con discapacidad se comunicaron? ¿Llamaron a alguna persona a la que se le dio de baja su PNC (pensión no contributiva) y vieron cómo está?”, se pregunta. La respuesta le genera indignación.

Eduardo Maidana, del Foro Permanente Discapacidad, coincide en que “el gobierno está ensañado con la temática de la discapacidad. Vaya uno a saber por qué. Seguramente tiene que ver con los intereses de las prepagas. (el ministro de Salud, Mario) Lugones me parece que administra esas cuestiones y no se entiende cuál es la idea al romper un trabajo de más de 20 años que costó mucho en lo social”.

“Seguramente una cuestión de presupuesto no es. La batalla la estamos dando en todos los frentes. Con los compañeros del Garrahan, en el Congreso, donde es la quinta vez que se aprueba la Ley de Emergencia. En Senadores, si la gente es coherente, van a repetir la cuestión –pronostica Maidana- Creo que el Gobierno va a hacer lo imposible, pero vamos a seguir peleando con herramientas democráticas, hablando con todos los legisladores, con los gobernadores, como hicimos en estos días que fueron muy intensos. Por suerte primó la cordura y la representación del pueblo”.

Marcela Rosado, de Federación Converger y Fundación IRAM, dijo a Cadena 3 que “lo que pasó es un respiro, porque por ahora el marco legal que protege las prestaciones sigue en pie”. Por el contrario, votar la derogación “hubiera significado la desprotección y la caída del sistema de prestaciones básicas, que es la legislación que sostiene a las personas con discapacidad, a sus familias y a miles de trabajadores del sector”.

Una política perversa

Gabriela Troiano está al frente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI). Desde ese lugar destaca que el colectivo está “más unido que nunca y cada vez con más gente” para hacerle frente a lo que considera “una política perversa”.

Tras la votación en Diputados –en medio de rumores de veto- y la apelación en la Justicia, Troiano resalta que “evidentemente lo que está pasando es que el Presidente, aunque haya jurado sobre la Constitución, lo que no está haciendo es respetarla. No le importa la independencia de poderes. No respeta al Legislativo ni al Judicial y busca todos los artilugios posibles para dejar a las personas con discapacidad sin presupuesto”. Además, critica que “no hace nada ante el robo de fondos de las personas con discapacidad: el famoso 3% de Karina”.

Pase lo que pase en el Senado, la movilización y el reclamo continuarán. “Pedimos que se respeten los derechos de las personas con discapacidad, que son el acceso a la salud, a la educación y a los tratamientos que se están dejando. Se está discriminando a todo un colectivo”, denuncia la referente. Lo define como “una política pública muy perversa” que “comienza en el momento que Milei nos trata de ‘imbéciles’. En los discursos previos a ser presidente usa las discapacidades como insulto. Eso está mostrando lo que él piensa de la discapacidad”.

“Hubo distintas corrientes a través del tiempo sobre la discapacidad –repasa Troiano- Desde el concepto de prescindencia, que planteaba que no debían estar en la sociedad, después un modelo médico rehabilitador y después el modelo social, que contempla que no le permite a la persona desenvolverse en igualdad de condiciones son las barreras que se colocan en la sociedad y el Estado es responsable de eliminarlas. Pero este gobierno, lejos de eso, cada vez las profundiza más”.

“Ahora estamos pendientes del Senado, escuchando que está planteando que lo va a vetar. Sigue como una persona que no escucha a la ciudadanía. Está lesionando al sistema democrático”, concluye.