Discrecionalidad y mentiras de Vidal

Uno de los principales argumentos de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en la campaña electoral que se está desarrollando es que su gobierno ha sido equitativo al momento de distribuir recursos entre los 135 distritos que conforman la provincia, sin importar el color político de los intendentes.

Sin embargo, esa supuesta vocación democrática y en pos de las autonomías municipales de la que Vidal se jacta, no tiene ningún correlato real.

En efecto, uno de los ejemplos que da la gobernadora en respaldo de su discurso es la existencia del Fondo para Infraestructura Municipal y del Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad, que rigieron durante los años 2016/2017. Ahora bien, lejos de tratarse de una concesión voluntaria del Ejecutivo provincial¸ dichos instrumentos fueron creados por una iniciativa legislativa a partir de un planteo de la oposición y acordados con el oficialismo como parte de las leyes de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires durante esos dos años. 
Otro de los casos de los que la gobernación pretende apropiarse es el Fondo de Financiamiento Educativo. Pero el mismo es de creación nacional por la Ley 26.075 sancionada 2005 y complementada por la Ley 26.206 de 2006. En esa línea, a partir del Presupuesto Nacional del año 2013, se estableció que parte de esos fondos debían ser coparticipados en forma automática hacia los municipios, con destino a la educación. La gobernación, entonces, debe distribuir esos recursos entre los municipios por un sistema establecido durante el gobierno anterior. 

Ahora bien, la administración de Vidal también ha tomado medidas -o avalado políticas del Ejecutivo Nacional- en relación a la distribución de fondos y recursos entre las intendencias bonaerenses. Pero lejos de priorizar la autonomía fiscal de los municipios, todas las decisiones han sido en sentido contrario. Entre ellas, podemos mencionar las siguientes:

·  La supresión del Fondo de Infraestructura Municipal de libre disponibilidad coparticipado directamente a los municipios, que rigió en los ejercicios 2016 por $ 10.000 millones y en el 2017 por $ 8.500 millones.

·  La baja del Coeficiente Único de Distribución (CUD) en los municipios de mayor población, sobre todo en aquéllos que cuentan con efectores de salud propios.

·  El cese de la coparticipación de los derechos de exportación que significó la liquidación del Fondo Federal Solidario, comúnmente llamado “Fondo sojero”. Con esta decisión, Buenos Aires perdió recursos por un total de $ 3.400 millones en 2018 y de $ 17.800 millones para 2019. Los gobiernos locales, en tanto, perdieron recursos por $1.100 millones en 2018 y $ 5.725 millones para 2019.

·  La adhesión de la Provincia a la Ley de Responsabilidad Fiscal Nacional, que recorta el principal recurso provincial coparticipable a los municipios: el Impuesto a los Ingresos Brutos. La recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos del año 2017 fue de $151.735 millones y la del año 2018 alcanzó los $191.135 millones. La variación interanual de lo recaudado por el principal tributo fue del 26,3%, perdiendo casi 17 puntos reales de ingresos respecto de la inflación minorista, que fue de 47,6% para el año pasado.

·      El traspaso a la provincia y parcialmente a los municipios del impacto de los aumentos tarifarios a partir de la provincialización del servicio de transporte, agua y electricidad en el Área Metropolitana. Los incrementos en los precios regulados de gas, luz y combustible han significado una fuga de ingresos disponible para los distritos bonaerenses del orden de los 5.998 millones de pesos por mes.

A todo lo enumerado anteriormente, debemos añadir que la amplitud política en el reparto de fondos a los municipios es una falacia, como queda demostrada cuando se analiza lo que ha ocurrido con la distribución de recursos discrecionales por parte de la Provincia hacia las intendencias para la ejecución de proyectos de obras. Desde el inicio del gobierno de Vidal hasta el presente, la Provincia-con recursos propios o con fondos traspasados desde la nación- inició 1.560 proyectos de obras municipales, por un monto total acumulado en los tres años y medio de gestión de $ 75.975 millones. El cuadro que sigue revela que las administraciones de Cambiemos recibieron dos tercios del monto proyectado, mientras que el tercio restante se distribuyó en comunas de otro color político.

                          MONTO (En mil. de $)       %

CAMBIEMOS                49.885                     65,7

PJ                                   22.197                     29,2

F.RENOVADOR              2.976                      3,9

OTROS                              917                       1,2

En síntesis, la gobernadora Vidal, por un lado, pretende exhibir como un logro de su gestión una vocación autonómica y pluralista hacia los municipios de la Provincia, atribuyéndose el reparto de recursos que debe efectuar por imperio de la ley.Mientras que, por el otro, avanzó resueltamente en políticas de recorte a la autarquía financiera de los gobiernos locales, al tiempo que aplicó dos tercios de los recursos de manejo discrecional en favor de las intendencias conducidas por miembros de Cambiemos.

Una vez más, tras un discurso pretendidamente democrático y pluralista, los hechos concretos nos muestranun orden de cosas injusto, inequitativo y empobrecedor, en línea con el proyecto político que Vidal y el presidente Macri representan.