«Hay dos concepciones en juego, que ahora se exponen de una manera más cruda, pero no son nuevas. El meritócrata siempre es uno, refiere a la formación de un individuo contra todos los demás. Ya el positivismo del siglo XIX medía el cráneo de los chicos en los laboratorios de radiología y correlacionaba esos indicadores con los sectores sociales de proveniencia, para predecir el destino educativo de cada uno», dice en diálogo con Tiempo la pedagoga Adriana Puiggrós, autora del proyecto sancionado en noviembre de 2015 que modificó varios artículos de la Ley de Educación Superior del menemismo, estableciendo la gratuidad de los estudios superiores y la prohibición de cobrar cualquier tipo de arancel a los estudiantes de la universidad pública.
«Este neopositivismo busca establecer una pirámide educativa muy clara agrega la ex diputada por el Frente para la Victoria. No sólo para restaurar la concepción menemista de los años 90, respaldada por el Banco Mundial y la OCDE, que estableció la educación como un bien transable; aquí hay también una postura ideológica: el desgaste del concepto de igualdad; y es lógico que este encaminar el país hacia una estructura de injusticia se corresponda con una universidad limitada. En los 90, un arancel con el que se cubriera el 25% del presupuesto universitario, dejaba automáticamente afuera al 30% de los alumnos. Hemos repetido el cálculo ahora y, con el impacto de la inflación y las tarifas del transporte, casi la mitad se quedaría afuera».
Puiggrós describe a los rectores que presentaron los amparos como «menemistas. De hecho, Del Bello tiene derecho porque es el autor de la ley anterior. Y Martínez siempre estuvo en contra: encabezó la campaña para que no hubiera una nueva ley. La cautelar que presentó el rector de la UNLaM objeta el ingreso irrestricto, la gratuidad de la educación de grado, el papel principal del Estado como responsable indelegable de la educación superior, la prohibición de establecer contratos con empresas nacionales o extranjeras con fines comerciales o mercantiles, y la obligación de las universidades de rendir no sólo los fondos presupuestarios sino lo propio producido. La de Martínez es una concepción. ¿Cuál es la otra? El derecho a la educación superior, con ingreso libre e irrestricto a un sistema universitario que debe avanzar en una planificación de múltiples caminos y entradas, con todos los cursos de nivelación que crea necesarios, y ahí sí actúa la autonomía universitaria. Pero lo que no puede haber es un examen del estilo del brasileño o el español, que son discriminatorios y que tienen la finalidad de disminuir todo lo posible el número de ingresantes a las universidades».
«El ataque viene por el lado del populismo. Pero sus argumentos son otros advierte Puiggrós. La cautelar de Martínez pone la autonomía de su institución por encima del derecho a la educación superior. No piensa en el sistema educativo en su conjunto, piensa en ‘su’ universidad, y la piensa como una empresa, quiere que reditúe, y una manera es disminuir la ‘grasa’ sobrante. Necesitan instalar la idea del arancelamiento. Ellos dicen: ‘Si no pagan, entra cualquiera; entonces a nadie le gusta estudiar’.»
