Disputa por la representación de los migrantes venezolanos

El gobierno de Venezuela logró un acuerdo con la comisión de migraciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), frente al avance crítico de otros organismos internacionales, que buscará capitalizar en la próxima Asamblea General del organismo del 18 de septiembre, en un contexto en el que cientos de venezolanos autoexiliados en países de la región empiezan a regresar. La situación que obligó a estos retornos, principalmente desde Perú y Ecuador, es la discriminación y el maltrato que los venezolanos denunciaron sufrir en esos países, además del sometimiento a trabajo esclavo.

El gobierno de Nicolás Maduro también lo atribuye a los resultados incipientes del nuevo plan económico que, según fuentes del gobierno, «está empezando a funcionar», frente a una larga crisis que generó desabastecimiento, inflación elevadísima y la fuerte devaluación de una moneda que ha sido recientemente reconvertida y respaldada ahora por reservas petroleras.

En una reunión que mantuvieron esta semana la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el canciller Jorge Arreaza solicitaron a representantes de agencias de Naciones Unidas que intercedan ante los gobiernos que no facilitan el puente aéreo para repatriar a los ciudadanos que quieren regresar a Venezuela en el marco de plan Vuelta a la Patria. La vicepresidenta afirmó también que llevará a la ONU la denuncia de «una campaña mediática que pretende justificar una intervención internacional» contra su país, «bajo el pretexto de crisis humanitaria», en que el principal instigador es el gobierno de los Estados Unidos.

En los últimos días regresaron a su país 92 venezolanos que estaban viviendo en Ecuador, unos 100 desde Perú, otros 200 están en lista de espera, y 185 desde Brasil. La cuenta seguirá creciendo, según información oficial. Incluso desde Argentina, donde llegaron nuevos venezolanos en los últimos meses, aunque hasta el momento no hubo regresos efectivos, pero sí «varias solicitudes», aseguraron fuentes chavistas a Tiempo.

El plan consiste en un puente aéreo costeado por el gobierno. Las fuentes afirman que a los retornados se les garantizará además la posibilidad de un trabajo estable.

El plan fue aprobado el martes por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por  unanimidad y de inmediato se puso en marcha, atendiendo a cientos de venezolanos que comenzaron a manifestarse frente al consulado en Lima, pidiendo ayuda para volver a su país. «Bienvenidos compatriotas. El Gobierno Bolivariano seguirá facilitando el retorno por aire, tierra y mar de los venezolanos y venezolanas engañados con campañas mediáticas, que vuelvan a trabajar y luchar por su país», declaró el canciller Arreaza.

Para junio pasado se estimaba que 2,3 millones de venezolanos habían emigrado para dirigirse principalmente hacia Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Chile, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas. El gobierno sólo reconoce 600 mil y afirma que el resto es un flujo constante que va y viene, sobre todo a Colombia. Además, según Maduro, de quienes se fueron a «probar suerte en el exterior», más del «90% están arrepentidos».

Esta semana, la secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA) a cargo del uruguayo Luis Almagro, permanente detractor del chavismo, creó un Grupo de Trabajo dedicado a la migración de Venezuela, con el objetivo de elaborar un informe sobre la migración y captar fondos. Para la coordinación nombró al exalcalde opositor de El Hatillo, David Smolansky, quien huyó de Venezuela el año pasado tras ser condenado a 15 años de prisión e inhabilitación por permitir la instalación de barricadas en su localidad. Se trata de un equipo que al no ser aprobado por los Estados miembro tendrá injerencia directa de la secretaría y no será integrado por las naciones de la OEA. Su creación recibió la dura crítica de Diosdado Cabello, presidente de la ANC. En el plenario donde se aprobó el plan de repatriación, el dirigente número dos del partido gobernante criticó también una cumbre realizada el martes en Quito e impulsada por el llamado Grupo de Lima, donde se reunieron once países de la región para tratar políticas conjuntas frente al fenómeno migratorio. Allí firmaron una declaración en la que hicieron «un llamado a la apertura de un mecanismo de asistencia humanitaria que permita descomprimir la crítica situación, brindando atención inmediata en origen a los ciudadanos afectados», y solicitaron ayuda financiera internacional.

«Estas declaraciones de este grupo de asco, de vergüenza, también se les van a revertir», dijo Cabello.

En la reunión estuvieron representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Bolivia y República Dominicana. Estos últimos se abstuvieron de firmar el documento, aunque el representante dominicano lo hizo por una cuestión administrativa.

Pero el gobierno de Maduro no se quedó solo en la crítica. Delcy Rodríguez informó que ese día el presidente instruyó al canciller Arreaza que «a través de normas diplomáticas se presente de manera inmediata una protesta formal ante esta reunión que lo que hace es promover la campaña de xenofobia contra los venezolanos en el exterior”.