El Observatorio del Derecho a la Ciudad denuncia que la creación del Distrito Joven esconde la privatización a favor de empresarios cercanos al gobierno.
Toda la Costanera Norte debería ser, de acuerdo a la normativa porteña, un gran corredor verde. En los 90, luego de numerosos reclamos y diferentes acciones, se había prohibido su privatización. En 1994, los legisladores sancionaron una ordenanza (Nº 47.666) específica respecto de la Ribera del Río de la Plata, en la que se prohíbe en la rambla Costanera Norte el otorgamiento de permisos de ocupación, uso y explotación, cualquiera sea su índole.
Es decir, no solamente debería existir un gran corredor verde a lo largo de la Costanera Norte, también debería ser de acceso público y gratuito en toda su extensión y superficie. De manera resumida, la denuncia del Observatorio del Derecho a la Ciudad señala que el Distrito Joven tiene como objetivo primordial otorgar facultades al Poder Ejecutivo para privatizar la Costanera de la Ciudad.
En la nueva traza, se autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar en concesión o adjudicación de permisos de ocupación, uso y explotación los sectores de dominio público ubicados en dicho espacio por un plazo de hasta diez años.
Lamentablemente las concesiones ilegales de los noventa impidieron que los habitantes de la ciudad pudieran disfrutar de grandes extensiones de estos predios dice la denuncia y agrega que, mediante el nuevo proyecto de ley, el gobierno porteño decidió además de salvar a los empresarios gastronómicos y de la noche que ya poseen locales, patrocinar a otros empresarios con quienes mantienen vínculos desde el inicio de la gestión del PRO al extender el Distrito Joven a toda la Costanera Norte.
El nuevo proyecto de Distrito Joven incorpora grandes superficies como parte del espacio verde obligatorio como la Reserva Natural y el Parque de la Memoria con el fin de tener una superficie mayor y, en consecuencia, también aumentar el porcentaje de las áreas privatizables. Si no se hubiesen incorporado dichos espacios de gran superficie, el porcentaje del área de espacios verdes públicos sería ínfimo en relación con las áreas de explotación comercial, explican desde el observatorio.
Al mismo tiempo revelan que la ampliación del polígono del Distrito Joven responde a la urgencia por el vencimiento de la privatización de Punta Carrasco en noviembre de 2016 y de salvar las ilegalidades de la concesión de Costa Salguero que vence este año.
Algunas de las numerosas conclusiones que publica el Observatorio han sido presentadas en esta nota, ente ellas también se explica que el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad establece que «los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación», en cambio los espacios privatizados impiden el libre acceso y circulación, ya que el acceso estará mediado por la capacidad económica de los ciudadanos.
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