En medio del conflicto con docentes, el gobierno busca declarar «esencial» a la educación y limitar la huelga

Mientras ninguna provincia puede garantizar el comienzo de las clases, Milei redobla la apuesta. La medida se suma a la falta de paritaria nacional.

El Gobierno evalúa declarar la educación como «un servicio esencial», a pocos días del inicio de clases en todo el país y a dos de que se desarrolle el congreso nacional de CTERA, en el que los gremios docentes resolverán el camino a seguir ante la falta de convocatoria a paritaria del sector y la decisión del Ejecutivo de no enviar a las provincias el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

De esta manera el Gobierno busca poner en vigencia los artículos del DNU 70/2023 que modificaban la ley laboral argentina y que la Justicia suspendió al declararlos «inconstitucional» por vulnerar el derecho a huelga.

Todo se produce en medio del reclamo de los gremios docentes para que sean convocadas las paritarias del sector a nivel nacional y que se garantice el envío de fondos nacionales a las provincias, uno de los temas analizados por el Gobierno durante la reunión de gabinete que se hizo esta mañana. Un grupo de sindicatos del magisterio se reunió este martes y advirtió que «sin paritaria nacional los gremios docentes convocamos al paro en defensa de la Educación».

«Los sindicatos docentes nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) nos reunimos en la sede de UDA (Unión Docentes Argentinos) y acordamos avanzar este jueves con una medida de fuerza si el Gobierno nacional no realiza la convocatoria a una paritaria nacional», dijeron en un comunicado.

Del encuentro participaron la secretaria general del sindicato de docentes privados (Sadop), Marina Jaureguiberry, y los secretarios generales de profesores técnicos (Amet), Edgardo Tomaselli; de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Fabián Felman, y de UDA, Sergio Romero, quienes indicaron que «la fecha del paro será definida el jueves».

En este marco, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) llevará a cabo el jueves, a las 11, un Congreso Extraordinario en la sede del gremio, ubicada en la calle Chile 654, en la ciudad de Buenos Aires, donde se definirán eventuales medidas de fuerza.

Sonia Alesso, secretaria general de CTERA.

«Veo complejo el inicio de clases porque las provincias dijeron que no pagarán el Fonid. Lo han hecho este mes, pero desde el próximo ya no. Nosotros reclamamos que se envíen esos fondos porque están planteados por ley», explicó la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, por Radio 10.

Alesso aclaró que consideraba «prematuro» anticipar si el gremio llevará a cabo un paro docente porque se están llevando adelante reuniones paritarias en varias provincias.

Paritaria nacional docente

A pesar de las diferentes versiones, el presidente Javier Milei descartó el viernes pasado que el Gobierno fuese a convocar a paritarias nacionales al señalar que las negociaciones dependen de las provincias.

«¿La educación de quién depende? Es un problema que tiene que resolver las provincias, ¿qué tengo que hacer yo como Nación metiéndome? Es un problema que tienen que arreglar las provincias. La educación, la seguridad y la salud es responsabilidad de las provincias», dijo Milei el viernes a Radio Rivadavia.

En respuesta, organizaciones sociales, movimientos estudiantiles y sindicatos van a concentrar el próximo jueves en la Plaza Pizzurno, a partir de las 11, para reclamar que el Ministerio de Educación de la Nación entregue kits escolares que contengan la canasta básica escolar y contemple los útiles que son imposibles de comprar.

«Las ollas están vacías las mochilas también», expresaron las organizaciones convocantes quienes advirtieron que «en estas condiciones, la educación deja de ser un derecho y una necesidad para pasar a ser un privilegio».

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof se diferenció de las políticas adoptadas a nivel nacional al participar de un encuentro junto a inspectores jefes regionales y distritales de la provincia junto al director general de cultura y educación, Alberto Sileoni, y el intendente de La Plata, Julio Alak.

«En tiempos donde el Gobierno nacional busca desentenderse de sus responsabilidades y amenaza con dejar a las provincias sin recursos, vamos a defender la educación pública porque ese es el mandato del pueblo de la provincia de Buenos Aires», afirmó Kicillof en su cuenta de X, donde compartió una foto del encuentro y reivindicó el rol del Estado en la educación.

El conflicto también se replicó en la provincia de Córdoba, donde docentes nucleados en la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) resolvieron por medio de una asamblea proponerle al congreso nacional de Ctera el «no inicio del ciclo lectivo».

También exigirle al gobierno nacional la convocatoria «a la paritaria nacional, el aumento salarial y de las partidas del Fonid, de Conectividad (Nacional) y del fondo Compensador», además del pago de las partidas de «comedor, copa de leche, infraestructura escolar, 5ta hora y demás programas».

Ante la decisión del gobierno nacional de no girar los fondos destinados para educación, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, aclaró que pagará con recursos provinciales el fondo de Compensación Salarial Docente Garantía Nacional, Conectividad Nacional y el Fonid.

En Corrientes, el gobierno provincial se reunirá con los sindicatos docentes este jueves para negociar una «recomposición salarial» para ese sector y así garantizar el inicio de las clases en ese territorio, previsto para el próximo lunes 26 de febrero.

Para lograr un acuerdo, los docentes correntinos pretenden un aumento del 50 por ciento que llevaría el sueldo inicial a los 600 mil pesos, entre otras demandas.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 fue suspendido por la Justicia en varios artículos, entre ellos el que incorporaba a la educación de nivel inicial, primaria y secundaria, los servicios de cuidado de menores y la educación especial como «servicio esencial».

De esta forma, el Gobierno buscaba establecer que en ningún caso se podía «negociar o imponer a las partes una cobertura menor al setenta y cinco por ciento (75%) de la prestación normal del servicio de que se tratare».

Este intento por parte del Gobierno nacional quedó sin vigencia luego del amparo interpuesto por la CGT y tras el fallo de la La Sala de Feria de la Cámara del Trabajo que declaró inconstitucional ese apartado del DNU.

La modificación debería analizarse en el Congreso mientras que desde el gremio advirtieron que el accionar del Gobierno nacional «se inscribe en la ofensiva dirigida a intentar la destrucción de la educación» en un comunicado publicado el pasado miércoles 14 de febrero.

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