Docentes van a la justicia para evitar dar clases en las vacaciones

En una presentación conjunta, SUTEBA, FEB, AMET, UDA, SADOP y UDOCBA pidieron que les sea otorgada una medida cautelar contra la medida dispuesta por el gobierno de María Eugenia Vidal. Los gremios llamaron a sus afiliados a no concurrir a clases pero ahora buscan un freno judicial que los ampare.

La polémica surgió antes del cierre de la paritaria pero recrudeció en los últimos días, ante la inminencia del receso escolar. La resolución 1131 fue firmada por Finocchiaro a mediados de mayo y pese al rechazo del Consejo General de Educación, el órgano consultivo en el que están representados el Ejecutivo, los gremios y la oposición. Dispone que los establecimientos que perdieron más de 10 días de clase por los paros de marzo usen la primera semana de las vacaciones; las que tuvieron hasta 10 días de paro deben extender su calendario en diciembre y las que tengan hasta 5 días afectados dictarán clases en jornadas institucionales (perfeccionamiento, asuetos municipales).

Los gremios rechazan la resolución y la califican de «ilegítima» y «compulsiva» porque argumentan, entre otras cosas, que los días que se perdieron ya fueron descontados de los salarios y dicen que el gobierno sólo busca «disciplinar» al sector. 

El gobierno rechaza los argumentos de los gremios amparándose en la letra del Estatuto Docente que establece que los docentes tienen licencia anual obligatoria -es decir vacaciones- del 2 de enero al 31 de enero o 10 de febrero de cada año y que el receso escolar de invierno es para los alumnos y no los docentes. El estatuto también puntualiza que los maestros «podrán ser convocados de acuerdo a las necesidades de desarrollo de actividades complementarias». Desde Educación remarcaron que quienes no vayan a dictar clases sufrirán descuentos.