Dólares para pagar deudas privadas: las grandes empresas, en contra y las pymes a favor

La reciente decisión del gobierno nacional de endurecer los términos de la política cambiaria para frenar la sangría de dólares no hizo más que acentuar la tensión con los distintos espacios de la dirigencia empresarial que, salvo casos muy puntuales, lamentaron la novedad.

Las protestas se organizaron en torno al argumento de la incertidumbre. Las entidades de lobby que venían a priori más frías en el diálogo con el gobierno nacional aprovecharon para descargar fuego a discreción. Las que por el contrario mantenían vínculos más estrechos, como la UIA, reaccionaron con moderación y en algunos casos con un silencio llamativo.

De alguna manera se preserva la unidad de criterios en la diferencia de enfoques que mantienen los lobbies empresarios en los últimos años, lo que determina una agenda de reclamos que a grosso modo se puede resumir en el pedido de reformas laborales, tributarias y previsionales.

Pese a que la mayoría del espectro rechazó las medidas, hubo voces del sector empresario que salieron a respaldar la decisión del gobierno nacional.

Una, previsible, fue la de la confederación pyme Cgera, importante por su representatividad en el segmento que más empleo genera en la Argentina. Esa entidad coincidió con otra importante del sector, como la Came, en que las medidas podrían tener un efecto secundario positivo.

Pero más importante por el sector de la economía que tiene detrás fue la manifestación del empresario Roberto Urquía, propietario de Aceitera General Deheza (AGD).

El viernes pasado Urquía concedió una entrevista al programa Pasaron Cosas, de Radio con Vos, en la que pidió «más tiempo» para juzgar al gobierno de Alberto Fernández a quién directamente parafraseó: «El presidente dijo muy claro que en un país que tiene escasez los dólares no se pueden comprar para guardar o para protegerse contra la inflación sino que tienen que estar al servicio de la producción».

El empresario prosiguió con la mirada de fondo que cobró la forma de un guiño importante de un sector tradicionalmente interesado en las operaciones con moneda extranjera y con el valor de la moneda estadounidense: «Tenemos que pasar este momento duro de necesidad de divisas. Después tenemos que crecer exportando para que la torta a distribuir sea más grande. Y para eso también necesitamos importar con un mercado más flexible. Pero esto es coyuntural», remarcó.

Agroindustria, presente

Un tema a considerar es que el sector que representa AGD lleva largos meses construyendo con apoyo del gobierno el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). El CAA tiene muy avanzado un proyecto de ley con reformas favorables al sector y pugna por una rápida definición de las autoridades. El 10 de septiembre las empresas lograron una importante foto con los ministros del gabinete económico y tienen mucho interés en el éxito de ese diálogo.

En la otra punta del espectro agropecuario en términos de entendimiento con el oficialismo, la Mesa de Enlace salió a deleznar los anuncios sin atenuantes. En un comunicado, las cuatro entidades que conforman el espacio reincidieron en el reclamo de medidas de «certidumbre para la inversión y la generación de empleo».

Los productores representados por la Mesa de Enlace también están entre los señalados por sus operaciones con el comercio de cereales. Urquía, en la nota citada, se las arregló para que su defensa del gobierno y de la agroindustria no se confundiera con un desaire a los productores primarios: «El problema, más que el dólar, es la retención del 33% que hace que el dólar oficial caiga de $75 a $50 pesos. Atenuando las retenciones acercás el dólar (al ilegal) y quizás así vas a lograr que los dólares marginales bajen un poco y la brecha se acorte», aconsejó.

Otras entidades como el Foro de Convergencia Empresarial (FCE) lamentó que la medida «impide que compañías argentinas puedan acceder al mercado de cambios para cancelar sus obligaciones en dólares, coartando cualquier posibilidad de nuevo financiamiento al sector privado».

El Foro ubicó la decisión cambiaria en la misma línea de otras políticas recientes que fueron mal recibidas por el grueso del empresariado como «la intervención del mercado de servicios TIC a través del DNU 690/20, la demora en la sanción de la Ley del Conocimiento, (y) la creación de nuevos impuestos al sector privado».

En esa misma línea de desaprobación está el proyecto de ley para gravar a las grandes fortunas que el oficialismo aspira a votar positivamente antes de fin de mes.  «