Realizan una presentación judicial para que permitan el uso de drones en la marcha y denuncian que el Gobierno busca instalar inhibidores

A menos de 24 horas de la próxima marcha de los jubilados, que sumará el apoyo de las CTA, docentes universitarios y la UTEP, entre otros sectores, hay una certeza: el Gobierno busca militarizar la zona y cercenar todo lo posible no solo el acontecer de la movilización sino lo que se difunda.

Horas después de la represión del miércoles pasado, publicaron en el Boletín Oficial la prohibición del uso de drones tanto arriba de la Casa Rosada como de la Quinta de Olivos. Mientras tanto, crecen las denuncias con imágenes de la policía instalando inhibidores en los árboles cercanos al Congreso y ya se habla del intento oficial de cortar los ingresos de Provincia a Ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, el abogado y exdiputado nacional Jorge Rivas presentó este martes una medida de «no innovar» ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, solicitando que se suspenda la prohibición del uso de drones en la marcha de jubilados convocada para este miércoles 19 de marzo, publicado en el Boletín Oficial hace menos de una semana, y reforzado en el anuncio por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que hoy se reunió con Santiago Caputo y personal de la SIDE para coordinar acciones de cara a mañana.

La participación de personal de inteligencia está prohibido por la Ley 25.520, cuyo Artículo 4° dice: «Ningún órgano u organismo de inteligencia podrá realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación judicial o criminal. Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción».

Suspender el uso de drones

Con el patrocinio del abogado Guillermo Torremare, Rivas solicitó a la justicia «suspender de manera inmediata la prohibición del uso de drones en la marcha de jubilados, ordenar al Ministerio de Seguridad que permita el uso de drones y declarar la inconstitucionalidad de la medida». 

El titular del partido político Unidad Socialista argumentó que la medida «vulnera lo dispuesto en la Constitución Nacional y en los múltiples tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional». En su presentación, sostuvo que «la prohibición del uso de drones constituye una restricción indebida al derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, reconocidos en los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional».  

El exdiputado destacó que «los drones son herramientas tecnológicas que permiten a los ciudadanos y a los medios de comunicación documentar y difundir información sobre eventos de interés público, como las manifestaciones sociales». Además, recordó el caso del fotoperiodista Pablo Grillo, quien resultó gravemente herido durante la última marcha de jubilados: «un dron permitió identificar a los responsables del disparo de una cápsula de gas lacrimógeno que lo dejó gravemente herido».  

Rivas también subrayó que «la presencia de drones actúa como un elemento disuasivo para evitar el uso desmedido de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad», y mencionó que en la última marcha de jubilados, se registraron más de 600 heridos, «incluyendo casos graves como la pérdida de un ojo por el impacto de una bala de goma y detenciones ilegales de menores».  

También hay fundamentos y antecedentes internacionales. Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la ONU, «la documentación de abusos y violaciones de derechos humanos a través de medios tecnológicos es una forma legítima de ejercicio de la libertad de expresión y contribuye a la transparencia y la rendición de cuentas».

Inhibidores

Mientras tanto, en los alrededores de la Plaza del Congreso se van sumando más efectivos, vallas y movimientos de las fuerzas de seguridad, de cara a la jornada de mañana.

Una de las imágenes más difundidas en las últimas horas es la de efectivos subiéndose a árboles colocando dispositivos. Según denuncian las organizaciones, se tratarían de inhibidores.

Hay antecedentes con este Gobierno. Para inicios de marzo de 2024, a horas de que el Presidente realizara la apertura de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa, la Fuerza Aérea instaló inhibidores de drones en las inmediaciones del Congreso de la Nación.

También hicieron lo propio en la masiva marcha de febrero antifascista, cuando el Frente de Organizaciones en Lucha afirmó: «cientos de miles de personas salieron a movilizar desde Congreso a Plaza de Mayo, y como en toda lucha estuvimos presentes. Poniendo el cuerpo en las calles, y también poniendo a disposición nuestras herramientas comunicacionales para potenciar la difusión de la jornada».

«Pero el gobierno estaba muy preocupado por la foto de la plaza llena. Sabe que una plaza llena es más potente que millones de twitters megusteados por ejércitos de trolls. Y desplegaron inhibidores de drones por las inmediaciones de la plaza. El gobierno que habla de la libertad volvió a mostrar su autoritarismo». Una postal que, todo hace parecer, volverá a repetirse este miércoles. La incógnita es el grado de violencia institucional que se concretará.