Dudas y reclamos por el millonario acuerdo con Qatar

En su intento por atraer inversiones, el gobierno de Mauricio Macri puede chocarse con su peor escándalo en apenas 11 meses de gestión. A fines de octubre, la vicepresidenta, Gabriela Michetti, firmó en Doha un primer acuerdo económico por U$S 1300 millones con el fondo de inversiones soberano de Qatar. Para que las negociaciones llegaran a esta instancia, el Ejecutivo involucró a un polémico empresario con sociedades offshore; el ex tenista Gastón Gaudio hizo de nexo entre ambos países para agilizar el negocio; documentos confidenciales del Estado se filtraron hacia manos privadas; y se comprometió el desvío de fondos previsionales –propiedad de los trabajadores activos y jubilados- a paraísos fiscales creados para ocultar negociados, evadir impuestos y lavar dinero sucio.

El multimillonario que entró en la negociación luego de recibir información privilegiada para quedarse con una porción de la torta es Diego Nicolás Rosendi, un especialista en negocios financieros con afición por el sigilo. El encargado de enviar a su casilla de correo electrónico el estado de las negociaciones entre ambos países fue su amigo Gaudio, quien le reenvió al empresario comunicaciones oficiales que le llegaron de parte de funcionarios que trabajaban en la operación.

El ex campeón de Roland Garrós es invitado frecuente de Macri en la quinta de Olivos. Y mantiene una antigua relación con Abdulla Bin Mohammed Bin Saud Al-Thani, emir de Qatar. Por esas relaciones cruzadas, los gobiernos lo involucraron en la gestión, lo que le permitió acceder a información que, finalmente, el «Gato» reenvió a Rosendi.

Enterado del asunto, Rosendi viajó a la ciudad de Doha para intermediar con la Autoridad de Inversión de Qatar (QIA, por sus siglas en inglés), un organismo que maneja fondos por U$S 27 mil billones en todo el mundo. Para la logística financiera, ambos países acordaron crear un fideicomiso en el que el ente qatarí desembolsará U$S 1000 millones y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS – ANSES) U$S 300 millones. Rosendi pretende administrarlo y, a cambio, negocia quedarse con un porcentaje del fondo.

El ex tenista y Rosendi no forman parte del Estado, por lo que no tendrían por qué haber tenido acceso al acuerdo argentino-qatarí. Tiempo Argentino intentó contactar a quien tuvo mayor vínculo con Gaudio, Horacio Reyser, asesor presidencial para inversiones extranjeras, pero no contestó el pedido de entrevista. No queda claro, por lo tanto, si el funcionario y el mismo Macri estuvieron al tanto del desvío de información, o si incluso lo avalaron.

Este medio intentó también contactar a Rosendi, pero no consiguió respuesta. Desde la dirección de prensa de Luis María Blaquier, titular del FGS, apuntaron que aún no tienen definido quién gestionará el fondo. «Estamos empezando el proceso de selección», respondieron. Apuntaron que «se ha confeccionado un proceso conjunto entre QIA y el FGS bajo el cual se evaluarán las credenciales de los gestores de fondos más idóneos, a nivel global, para administrar un fondo de infraestructura de esta escala». Esa descripción parece a medida de Rosendi, un aficionado al polo con basta experiencia en los negocios financieros y el uso de pantallas offshore.

Un acuerdo reñido con la ley

El memorando firmado por el gobierno incluye importantes concesiones a Qatar. Y habilitó incluso la posibilidad de que se cree una sociedad offshore, sin apreciar que esto viola la legislación vigente. El punto 3.3 del memorando al que accedió Tiempo Argentino establece que el dinero se administrará desde una sociedad offshore en caso de que lo consideren necesario.

Sin embargo, operar vía offshore choca con el artículo 124 de la Ley 19.550. «La sociedad constituida en el extranjero cuyo principal objeto esté destinado a cumplirse en la República será considerada como sociedad local a los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución o de su reforma y contralor de funcionamiento», reza la norma de sociedades comerciales.

El fondo argentino-qatarí tendría el exclusivo rol de invertir en Argentina, de modo que los gobiernos no podrían constituirlo en un paraíso fiscal. Existen antecedentes de esa restricción en la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, donde la fiscal general Gabriela Boquin dictaminó en múltiples causas, con aval de los jueces. «El carácter de sociedad offshore revela que se trata de una sociedad constituida en fraude a las leyes nacionales», explicó Boquin en el caso de Fluidmec SA por una quiebra.

La acumulación de dudas y polémicas ya tuvo una primera consecuencia: legisladores que integran la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados solicitó que se le pida al Ejecutivo que haga público los detalles del memorando.

El reclamo se cursó a la titular de la comisión, Elisa Carrió, quién deberá determinar ahora si dirige el pedido a la cancillería. Otra prueba de fuego para un gobierno que, en campaña, elevó la bandera de la transparencia. «