Dujovne prometió a empresarios que habrá reforma tributaria

El ministro de Hacienda lo confirmó este lunes en una disertación frente a empresarios en el marco de las reuniones de la misión comercial empresaria argentina al Reino Unido. Buscan que el debate ingrese a recinto recién en 2018 para evitar un impacto negativo en las elecciones de medio término y, a la vez, generar las condiciones políticas para reunir el mayor número de voluntades entre los representantes de la oposición. 

Su postergación para 2018, de todas formas, podría abonar al malestar entre los referentes de la Unión Industrial Argentina que se muestran dispuestos a tolerar lo que ya denominan “atraso cambiario” (generado por la inflación y el ingreso masivo de dólares por endeudamiento y especulación) siempre y cuando se produzca una compensación por la vía de la prometida reducción de los costos laborales que incluye el aspecto tributario.

La ley que estableció el blanqueo fiscal aprobada durante 2016 también había dispuesto la creación de una comisión bicameral en el Congreso para que analice una reforma tributaria integral que aún no se constituyó formalmente. Una vez que eso ocurra, el ejecutivo cuenta con un año para presentar su proyecto.

La primera medida con fuerte impacto fiscal que tomó la actual gestión fue, en diciembre de 2015, la eliminación de las retenciones sobre las exportaciones del sector primario que incluyó a las mineras, el trigo y el maíz y, en forma parcial, las de la soja. 

Los resultados fueron negativos ya que el déficit fiscal sobre el PBI, descontando los ingresos extraordinarios generados por la ley de blanqueo de capitales, se ubicó por encima del 5%. El gobierno, ahora, asegura que evitará medidas parciales y pasará a abordar la reforma tributaria “en forma integral”.

La estrategia apunta a dar respuesta al reclamo empresario de reducción de los costos laborales (aportes a la seguridad social) para promover inversiones y, en general, a la denominada “presión tributaria” que asegura padecer el empresariado. 

En el discurso de inauguración de las sesiones legislativas, el presidente Mauricio Macri, instó a los legisladores a debatir la iniciativa en forma “seria y profunda para dejar de aplastar a quienes crean”.

En declaraciones recientes al portal Infobae el propio ministro de Hacienda Nicolás Dujovne había puntualizado que la intención es revisar “los impuestos al trabajo que frenan la creación de empleo y el impuesto a los ingresos brutos, que se cobra en cascada y afecta a toda la actividad productiva y que recaudan las provincias, que son las que lo pusieron. Estamos estudiando la posibilidad de reducir esos impuestos.”.

En la misma sintonía el ministro había declarado a radio Mitre que “hoy las cargas al trabajo son mucho más altas que en el resto del mundo y generan muchos recursos para el fisco pero es una de las anomalías del sistema tributario.”

Toda reducción de aportes patronales o gravámenes a la producción tiene impacto sobre la recaudación fiscal que debería compensarse de alguna forma. Las alternativas pasan por bajar los gastos o generar nuevos impuestos sobre otros sectores de la población. El pago de los salarios docentes, por ejemplo, es responsabilidad de las provincias cuyas cajas se financian crecientemente a partir de la recaudación generada por Ingresos Brutos.

El titular de la cartera de Hacienda ratificó recientemente el objetivo de un déficit fiscal para 2017 del 4,2%. Para eso, explicó, será necesario “bajar subsidios y se irá hacia un pacto de responsabilidad fiscal con las provincias”. Medidas de esa naturaleza se traducirán en nuevos tarifazos sobre los servicios y el transporte por un lado y, por el otro, en la reducción del salario real de los empleados públicos o, por ejemplo, de los fondos destinados a servicios de salud y educación a cargo de las administraciones provinciales.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA), uno de los tributos más regresivos puesto que todos los consumidores pagan la misma alícuota con independencia de su condición social, también se encuentra bajo la consideración de los funcionarios de Hacienda. Sin embargo, referentes del ejecutivo han oscilado en posiciones contradictorias. 

Por un lado, hay quienes consideran que el 21% actual ya es un valor muy alto que estimula la evasión fiscal y que una reducción de esa carga podría incluso generar un incremento en la recaudación. Por otro lado se ha deslizado la posibilidad de incrementarlo hasta un 25% para compensar a las provincias ante la potencial quita de Ingresos Brutos. Esta última versión fue desmentida por el propio Nicolás Dujovne.

Los costos laborales, para el empresariado, incluyen estos aspectos tributarios así como una reforma laboral que avance sobre los convenios vigentes flexibilizando las condiciones tal como lo hicieron en el sector petrolero para la extracción de recursos no convencionales.