Dura respuesta de Alberto Fernández al procurador Casal

El presidente Alberto Fernández afirmó este viernes que «el Poder Judicial y sus magistrados y funcionarios no están ni podrían estar exentos de críticas y opiniones en una sociedad democrática», al contestar la carta que el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, le entregó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, tras una entrevista que el mandatario brindó el miércoles.

Casal había considerado una «perturbación» las expresiones que el jefe de Estado formuló sobre la actuación del fiscal Diego Luciani en el juicio que se sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, entre 2003 y 2015, y que tiene como imputada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En una misiva, Fernández se dirigió a Casal, procurador interino, y señaló que en aquella entrevista hizo referencia «a la existencia de una ‘persecución judicial y mediática’ contra la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner».

«Debo señalar que dichas expresiones en modo alguno pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar el accionar de un funcionario y ello queda claro toda vez que fueron vertidas cuando el Fiscal de la causa ya había finalizado su alegato en el proceso», aclaró el Presidente.

«Me he expresado en el marco del derecho a la libertad de expresión garantizado en la Constitución Nacional y sin infringir los límites establecidos en su artículo 109, toda vez que no he ejercido funciones judiciales, ni me he arrogado el conocimiento de causas pendientes ni he restablecido las fenecidas», remarcó Fernández.

Para el mandatario, «lejos de importar un ‘menoscabo’ a la independencia y a la autonomía, o una injerencia indebida en el proceso», sus declaraciones «constituyen una expresión de lo que observa una gran parte de la ciudadanía: que, a la hora de actuar, muchos magistrados y funcionarios de la justicia federal prestan más atención a determinados intereses fácticos y/o políticos, que a las normas vigentes, y que esta situación hiere a la democracia que tanto esfuerzo y dolor nos costó conseguir a argentinos y argentinas».

Y remitió que «el Estado de derecho no exime de críticas a los miembros del Poder Judicial, quienes también están sometidos al escrutinio público en una sociedad democrática, y cualquier ciudadano o ciudadana, incluido el presidente de la Nación, puede dar la voz de alerta cuando observa que algún magistrado o funcionario se desvía de su obligación constitucional de respetar el debido proceso y de la imparcialidad necesaria para actuar».

Fernández consideró que «el Sr. Procurador expresa su preocupación por una supuesta injerencia por parte del Presidente de la Nación en un proceso penal, pero no lo ha preocupado, ni ha visto injerencia alguna cuando el expresidente Mauricio Macri, estando en ejercicio del cargo, recibió al imputado Luis Chocobar en la Casa Rosada».

«Y, mientras transcurría el juicio en el que este terminó condenado, publicó en su cuenta oficial de Twitter que ‘lo acompañamos y que confiamos en que la justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía'», refirió.

Fernández recordó que «tampoco llamó la atención del Sr. Procurador que el expresidente Mauricio Macri, también en ejercicio de sus funciones presidenciales, directamente instruyera a su Ministro de Justicia para que iniciara juicio político al juez Alejo Ramos Padilla».

«Y manifestara (textual) ‘creemos que no es un juez que actúe con ecuanimidad, que se prestó a un show mediático político’, al tiempo que le advertía al Consejo de la Magistratura que ‘Ramos Padilla ya ha hecho varias y realmente espero que el Consejo, con todas las pruebas que hay, evalúe seriamente destituirlo'», agregó.

«Puede observarse que, en este caso, no se trataba simplemente de la opinión del ex presidente, sino de un pedido expreso de destitución de un juez que recién comenzaba una importante investigación sobre graves acciones de espionaje ilegal», completó el jefe de Estado.

Reseñó que «en ese mismo caso el Sr. Procurador Adjunto fue convocado por el Congreso Nacional por su complacencia con un fiscal al que le permitió mantenerse en rebeldía por casi nueve meses y que luego resultó procesado en varias instancias», en relación a Carlos Stornelli, actualmente procesado por espionaje ilegal.

Según Fernández, «el celo que muestra en su carta el Sr. Procurador Adjunto respecto del cuidado de los procesos penales hubiera sido importante, para la salud democrática de nuestro país, que se plasmara también en impulsar investigaciones transparentes respecto de las motivaciones reales que tuvieron algunas visitas realizadas por destacados miembros del Poder Judicial al ex presidente Mauricio Macri en la quinta de Olivos y también en la Casa Rosada».

En concreto, se refirió al «rol que tuvo el prófugo (Fabián) ‘Pepín’ Rodríguez Simón y otros ex funcionarios en la llamada ‘Mesa Judicial’ y en garantizar la imparcialidad de quienes intervienen como magistrados y funcionarios en los procesos penales, máxime en el ámbito de la justicia federal, cuando se encuentran bajo investigación dirigentes políticos».

El mandatario subrayó que «en todos estos casos es imprescindible que los procesos sean transparentes y que los funcionarios y magistrados intervinientes no se encuentren bajo sospecha de actuar movidos por intereses ajenos a la búsqueda de la verdad».

Y amplió: «Esta doble vara para medir hechos institucionales y esta sistemática asimetría en las posturas adoptadas por parte de algunos importantes magistrados y funcionarios de la justicia federal e incluso del propio Sr. Procurador Adjunto frente a los distintos actores políticos, tornan aún más necesario que se abran estos debates para cuidar la salud de la democracia y para que en la región no vuelva a ocurrir la afectación de los procesos electorales y de la vida democrática de la sociedad por la actuación de la justicia con intereses políticos y/o fácticos».

Fernández remarcó que «la democracia se nutre y se fortalece con las opiniones críticas, las que deben ser defendidas aún en fuerte disidencia», y expresó que «nadie exige que se compartan esas opiniones, pero sí que puedan expresarse con libertad».

«Esta situación permitirá que no repitamos experiencias tan dolorosas como la que vivió el querido pueblo brasileño y que, en cambio, podamos vivir en libertad en el marco de una democracia fuerte y sana», añadió.

Sobre las críticas al Poder Judicial ejemplificó que «solo hace falta observar con detenimiento lo que ha sucedido en el hermano país de Brasil, donde el dirigente político Inácio Lula Da Silva fue condenado y encarcelado injustamente, y por lo tanto proscripto para participar en las elecciones presidenciales».

«Ahora hemos tomado cabal conocimiento de que aquel proceso penal, tal como concluyó el Supremo Tribunal Federal de Brasil y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, fue en verdad una persecución judicial, mediática y política que tuvo como finalidad impedir que Lula fuera candidato a presidente y condujera los destinos del país por el voto popular».

Recordó que «el proceso penal que había encarcelado a Lula fue declarado nulo, pero para ese entonces las elecciones ya habían ocurrido con uno de los principales candidatos en prisión y sin la posibilidad de participar en la contienda electoral».

Para Fernández, «como puede deducirse, resulta de suma importancia que las opiniones que alertan sobre los peligros que pueden acechar a las democracias sean formuladas a tiempo y en forma pública».