Duro alegato de Cristina: «Desde el ámbito judicial se da licencia para que cualquiera piense y haga cualquier cosa»

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mezcló hoy una clase de derecho constitucional básico y una sintetización emotiva del intento de magnicidio en su alegato en el juicio por la obra pública asignada a Santa Cruz entre 2003 y 2015. Tras calificar al juicio como un “disparate” que pone a la Argentina “al borde del ridículo”, la vicepresidenta señaló: “Hasta el 1º de septiembre pensaba que todo esto era para estigmatizarme a mí y al peronismo pero me doy cuenta de que este juego que han hecho ustedes genera que puede haber otra cosa más atrás de todo esto. Desde el ámbito judicial se da licencia social para que cualquiera pueda pensar y hacer cualquier cosa”.

La alusión al atentado del que fue víctima cerró el alegato de poco más de una hora, que se intercaló con la exposición de su abogado Carlos Beraldi, a quien felicitó porque “se desmontaron las increíbles mentiras que desarrollaron los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani”. 

Cristina Fernández de Kirchner adelantó que pedirá que “al finalizar las audiencias se extraigan testimonios de todas y cada una de las mentiras de los fiscales contrastadas con la prueba pericial, documental y testimonial que tuvo este juicio”. 

“La acusación dice que los tres gobiernos constitucionales fueron tres asociaciones ilícitas pergeñadas para hacer 51 contratos viales en la provincia de Santa Cruz a través de una interpósita persona, que es una provincia, la provincia de Santa Cruz”.

Sobre esa descripción, CFK redujo al ridículo la secuencia que para los fiscales constituyó el eje de la acusación. Recordó que su difunto marido, Néstor Kirchner, fue intendente de Río Gallegos en 1987, luego tres veces gobernador de Santa Cruz y llegó a la presidencia “de chiripa” en 2003. “Hizo todo pensando que iba a llegar a la Presidencia para hacer 51 obras en Santa Cruz con la cual enriquecerse. Militamos toda una vida para hacer 51 obras viales. Es ridículo”.

Alegato técnico: contra el «fruto del árbol envenenado»

La faceta técnica del alegato apuntó directamente a la violación de lo contemplado por la Constitución Nacional desde su artículo 1, aquel que sostiene que la Nación Argentina adopta como forma de gobierno la “representativa, republicana y federal”. Tras repasar el significado y contenido de esos preceptos, Cristina Kirchner recordó: “Fuimos elegidos por el pueblo, no podemos ser nunca una asociación ilícita”.

Si los tres gobiernos hubieran sido una asociación ilícita, tal como sostienen los fiscales, todos los actos de gobierno serían inválidos por aplicación de un principio jurídico conocido como “fruto del árbol envenenado”. Si un gobierno es una asociación ilícita, todos sus actos son delitos y, en consecuencia, inválidos. La vicepresidenta ironizó: “Luciani no podría estar en esta causa porque no es fiscal. El decreto de designación se lo firmé yo, la jefa de la asociación ilícita”. 

Descalificó la visión de los fiscales sobre que todo acto de gobierno puede ser revisado por el Poder Judicial y les advirtió: “El Ministerio Público Fiscal se arroga una supremacía. Todos ustedes son más que la representación que tenemos nosotros, que somos elegidos por el pueblo. Son mucho más ustedes que nosotros, porque pueden juzgar todos nuestros actos”.

Cristina Kirchner rechazó esa afirmación del fiscal Luciani. Pero reconoció que “un Presidente puede ser juzgado, sí. Hay un sistema: el juicio político, porque se trata de decisiones políticas. Y hay otro juicio, el del pueblo cuando no te votan”.

Respecto del federalismo, la vicepresidenta reprochó a la acusación haber ignorado que las obras públicas “se hicieron todas en Santa Cruz, con leyes locales, organismos de control, gobernador, ministros, tribunales de cuentas. Así ha sucedido en todas las provincias argentinas”.

Los fiscales sostuvieron que ello –la delegación en Santa Cruz de la obra pública- fue así porque para diluir las responsabilidades de lo que ellos llamaron “la asociación ilícita” se realizaron las carreteras mediante convenios con la provincia.

Cristina Kirchner contrapuso que esa modalidad de obra pública fue establecida mediante el decreto 504 de 1958, durante una dictadura, que fijó la Leo Orgánica de la Dirección Nacional de Vialidad, en cuyo artículo 37 determinaba que se trataba de un ente autárquico, no vinculado el Ejecutivo, que podía celebrar ese tipo de convenios con la direcciones provinciales de vialidad para construir y mantener rutas.

“Yo tenía cinco años cuando se emitió ese decreto”, subrayó la vicepresidenta.