El obispado de Zárate-Campana le quitó la autorización a Javier Olivera Ravasi para ejercer en ese lugar. Organismos de derechos humanos habían reclamado a la Iglesia su expulsión.

El obispado comunicó que se le informó a Olivera Ravasi que “en adelante no tiene autorización para residir” en esa diócesis, luego de “numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano”.
“El sacerdote, Presbítero Javier Olivera Ravasi, está incardinado en la Diócesis de San Rafael, Provincia de Mendoza, y fuera de la misma desde hace varios años. Por razones familiares que aludió, solicitó residir en esta Diócesis de Zárate-Campana, lo que se le concedió por el término de cuatro meses, desde el 20 de agosto de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año, quien posteriormente dejó el lugar y retornó varias veces sin aviso alguno”, señaló el obispado.
“Dado que en reiteradas ocasiones se recibieron en este Obispado numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes, que se oponían al testimonio cristiano -máxime proviniendo de un sacerdote-, se le pidió un cambio de actitud y comportamiento en su proceder», repasó el comunicado y añadió: «Al no observarse hasta el presente el cambio requerido en su actitud, y teniendo en cuenta que el mencionado sacerdote no pertenece a esta Diócesis de Zárate-Campana, así como por el bien de la comunidad diocesana, hechas las consultas pertinentes, se le ha comunicado que en adelante no tiene autorización para residir en esta Diócesis”.
Para seguir ejerciendo, Olivera Ravasi debería regresar a su diócesis de San Rafael, donde el obispado local deberá decidir qué decisión toma sobre el polémico sacerdote.
El martes por la tarde, el presidente de la Conferencia Episcopal, Oscar Ojea, y su vice, Marcelo Colombo, recibieron a organismos de derechos humanos para manifestarles que rechazaban el accionar del cura libertario.
En el encuentro, del que participaron integrantes de Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), de H.I.J.O.S. Capital, del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos y Familiares y Compañerxs de los 12 de la Santa Cruz, Ojea y Colombo señalaron que “Olivera Ravasi no es la voz la voz de la iglesia” y, ante el pedido de que fuera expulsado, explicaron que estaban evaluando posibles sanciones.
Olivera Ravasi es un sacerdote ultraconservador proveniente del Instituto del Verbo Encarnado de Mendoza que en los últimos años se convirtió en un influencer dentro del mundo de la ultra derecha. Es también muy cercano a la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien comparte militancia para la impunidad de los represores.
Tras la visita a Ezeiza de un grupo de diputados, se conoció que el cura fue uno de los impulsores de esa medida y de los proyectos para liberar o morigerar las penas que cumplen genocidas por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.
Esto generó un gran malestar en las autoridades de la Iglesia. El primero en reaccionar fue el Papa Francisco, quien recibió en el Vaticano a Ana Fernández, nieta de Esther Ballestrino de Careaga, una de las madres de Plaza de Mayo que fue víctima de Alfredo Astiz y manifestó preocupación por el proyecto para liberar represores.
Días después, el vocero de la CEA Máximo Jurcinovic señaló en sus redes que “lo expresado y actuado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi en relación a la visita de un grupo de Diputados a la Cárcel de Ezeiza no corresponde ni al pensamiento ni a la actitud de la Conferencia Episcopal Argentina”.
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