En una muestra de preocupación por el elevado nivel de las tasas de interés, la Secretaría de Finanzas decidió no emitir más títulos de los necesarios para cubrir los compromisos de esta semana. En la licitación realizada este miércoles, adjudicó deuda por $ 4,49 billones, mientras que desechó ofrecimientos por $ 2 billones más. El rollover (cantidad de bonos colocados en comparación con los vencimientos programados) fue de 100,29%.

El dato refleja la necesidad de no “secar” la plaza, maniobra que se realizó metódicamente en los últimos meses en la convicción de que la falta de liquidez ayuda a reducir la inflación. La contrapartida es una economía que, a excepción de los sectores beneficiados con regímenes especiales o con rebajas impositivas, no sale de su languidez.

Según el informe oficial difundido por el Ministerio de Economía, este miércoles se adjudicaron $ 3,29 billones en Lecap a 110 días, con vencimiento el 30 de noviembre, a una tasa fija de 28,54% anual; $ 0,65 billones en letras ajustables por CER al 29 de enero del año que viene; y bonos ajustables por dólar a septiembre y octubre de 2027 por $ 0,55 billones. De acuerdo a los precios de corte, estos últimos abonarán tasas de hasta 7,33% anual. Además se colocaron bonos en dólares AO29 por U$S 50 millones con una tasa de 8,72% anual.

Uno de los puntos llamativos es que el plazo promedio de los títulos emitidos bajó drásticamente con relación a las licitaciones anteriores. La táctica de Economía era estirar vencimientos para trazar panoramas más tranquilos en el corto plazo. Sin embargo, con relación a la subasta de hace dos semanas, ese plazo se redujo de 325 a sólo 111 días.

“Al haber resultado una colocación prácticamente equivalente al nivel de vencimientos en pesos, el efecto directo de la licitación sobre la liquidez del sistema financiero resulta neutro. El resultado elimina cualquier efecto inmediato de absorción o expansión de liquidez sobre las tasas de corto plazo”, explicó Eric Ritondale, economista jefe de la sociedad de bolsa Puente.

La cuestión de las tasas viene desvelando al equipo económico, que considera el fomento del crédito como una de las pocas herramientas que el dogma libertario admite para reactivar la economía. Por eso busca bajarlas, aunque sin hacerlo bruscamente para evitar cualquier traspaso de las carteras pesificadas a dólares.

Por el mismo motivo, el Banco Central se resiste a reducir los encajes, la proporción de los depósitos que debe permanecer en reserva de las entidades y que no pueden ser prestados. El presidente de la entidad, Santiago Bausili, dijo en una reciente entrevista que los encajes “no son altos en términos históricos; el sistema financiero argentino funcionó bien con un encaje promedio del 15% y hoy estamos en 11-12%”.

El tema trasciende la teoría monetaria y llega al público. Mientras la mora creciente en los préstamos de bancos y fintech ya se convirtió en un tema de debate político y sin soluciones a la vista, el propio Banco Nación dispuso esta semana una suba en la tasa de sus créditos hipotecarios para clientes que cobran su sueldo en esa entidad: ahora será de 6,7% anual sobre el capital nominado en UVAs (unidad de valor adquisitivo). Ese guarismo es el más bajo de plaza.

Según un resumen preparado por el economista Andrés Salinas, docente de la Universidad Nacional de La Matanza, el resto de los bancos cobran tasas que arrancan en 6,9% anual sobre UVA (ICBC), pasan por el 9,5% (Galicia, Hipotecario, Santander), tocan el 10% (Comafi) y llegan a picos de 15% (Supervielle).