En medio de la ola de violencia, el escándalo diplomático por el asalto a la embajada mexicana y una enorme crisis energética, las y los ecuatorianos deberán responder a once preguntas de diversos temas en una consulta popular que será una especie de plebiscito sobre la gestión de Noboa.
Cerca de 13,6 millones de los 17,7 millones de habitantes están convocados a votar Sí o No a once preguntas planteadas por el presidente, Daniel Noboa.
Entre las principales propuestas está la extradición de nacionales vinculados al crimen organizado, en un país donde las bandas ligadas al narcotráfico imponen un régimen de terror.
La consulta popular llega en un momento difícil para la nación. En enero, una arremetida de las organizaciones ilegales dejó una veintena de muertos y llevó a Noboa a declarar un conflicto armado interno.
Militares se instalaron dentro de las cárceles y desplegaron operativos en las calles para frenar la violencia, que en 2023 dejó una tasa récord de 43 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales. En 2018 esta cifra fue de 6 muertes violentas.
A la guerra interna se sumó una crisis internacional por el asalto policial de la embajada mexicana en Quito a comienzos de abril por orden del mandatario para capturar al exvicepresidente Jorge Glas (2013-2017), indagado por corrupción.
Noboa, de 36 años, afirma que tiene «cero arrepentimientos» por la incursión en la legación, que le costó al país una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Hay «percepciones de que la crisis diplomática con México no le ha generado efectos negativos (a Noboa dentro del país). Por el contrario, la gente está avalando las decisiones que ha tomado en el tema de seguridad», dijo a la AFP el politólogo Santiago Basabe, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
“Campaña sucia”
La extradición está en el centro del debate en un país que pide mano dura contra las bandas.
En la vecina Colombia, Pablo Escobar libró una guerra sin cuartel contra el Estado para evitar la cárcel en Estados Unidos que estuvo marcada por la detonación indiscriminada de coches bomba y el secuestro o asesinato de líderes políticos, periodistas y jueces.
El Ejecutivo admite el escenario adverso.
«El país está atravesando momentos sumamente difíciles, momentos en donde estamos sufriendo arremetidas que son el resultado de un combate decidido que debemos hacer al crimen organizado», dijo el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta.
Con la imagen internacional golpeada, Noboa dio marcha atrás en su anuncio de evitar apagones. Una crisis energética ocasionada por un déficit histórico en los embalses que abastecen las centrales hídricas lo llevó a suspender la jornada laboral por dos días (hasta el viernes) y ordenar cortes de energía de al menos 13 horas.
Pese a la tormenta política y energética, el gobierno tiene «expectativas de poder ganar la consulta el domingo», según Basabe.
De acuerdo a la encuestadora Cedatos, en un sondeo realizado entre el 8 y 11 de abril, un 55% de los ecuatorianos votará a favor de endurecer las leyes contra el narcotráfico.
Por su parte, la firma Comunicaliza señala que un 43% de la población apoya, pero que los indecisos alcanzan un 28%.
El mandatario dice que el mal momento de cara a la consulta popular está orquestado por un «sabotaje» y una «campaña sucia», aunque sin acusar directamente a nadie. Sostiene que la falta de energía no solo responde a la sequía, sino a la corrupción.
«Han querido fregarnos con el sabotaje en el área eléctrica, han querido fregarnos con campaña sucia, y han tratado inclusive con presión internacional de sancionarnos a nosotros como país (…) porque están nerviosos, el domingo va a ganar el Sí», dijo Noboa días antes de la votación.
Legitimidad
El domingo los ecuatorianos decidirán sobre la participación de militares en el control de armas, el aumento de penas para delitos vinculados al crimen organizado y la posibilidad de que la fuerza pública emplee armamento decomisado a criminales.
Noboa, que coquetea con la reelección en 2025, también propuso reconocer el arbitraje internacional en controversias comerciales y dar luz verde al trabajo por horas. Los sindicatos y la poderosa organización indígena Conaie se oponen, como lo han hecho en el pasado cuando protagonizaron revueltas que derrocaron a tres presidentes entre 1997 y 2005.
De las once preguntas, que se votan individualmente, seis van dirigidas a reformas legales (consulta popular) y cinco a enmiendas constitucionales (referendo).
Para Basabe, en la práctica la consulta no traerá cambios de fondo.
Por ejemplo, sobre el aumento de penas «puedes poner mil años», pero eso no va a reducir la violencia ni el narcotráfico, sostuvo.
Se trata de preguntas que «uno difícilmente podría decir que no», pero «son una forma de legitimar al gobierno de turno», según el analista.
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