La sentencia al expresidente y la suspensión de su partido se suman a la persecución de los principales dirigentes afines, puesta en marcha desde que asumió el actual gobierno.
Dos golpes finales se dieron en la última semana. El Consejo Nacional Electoral suspendió, por presión de la Contraloría General, a cuatro partidos, entre ellos Fuerza Compromiso Social, para las elecciones generales de 2021, coalición con la cual el correísmo se había presentado en las seccionales del año pasado. Al día siguiente, la Justicia ecuatoriana ratificó una sentencia de ocho años de cárcel para el expresidente por un caso de supuesta corrupción tras un juicio en ausencia, ya que el exmandatario reside en Bélgica.
“Esta es una operación de Estado que involucra a distintos estamentos con dos objetivos. El uno es proscribir a Rafael Correa para que no pueda ser candidato a ningún cargo de elección popular y el otro es intentar eliminar al movimiento Compromiso Social del registro electoral”, dijo Hernández a Tiempo y aclaró que esto se refleja en el hecho de que, aun en la situación crítica que atraviesa Ecuador por la pandemia, “las únicas causas que ha habilitado y acelerado la Corte Nacional de Justicia son las que involucran a Correa”.
La situación se extiende a los máximos referentes de la “Revolución Ciudadana”. Hernández, abogado, exasambleísta y exfuncionario, tiene una causa abierta por “rebelión” desde el año pasado. Preso por varios meses, hoy excarcelado, pero con causa en marcha. Igual están la prefecta (gobernadora) de Pichincha, Paola Pabón, y Cristian González, uno de sus colaboradores. Los acusan de instigar saqueos y manifestaciones violentas de octubre pasado. A Pabón le adosaron dos causas más: tráfico de influencias y peculado. Otros dirigentes clave del correísmo fueron señalados por rebelión durante esas protestas populares contra políticas de ajuste de Moreno: por ejemplo, los asambleístas Gabriela Rivadeneira y Carlos Viteri, asilados en la embajada de México hasta que se les otorgó asilo. En ese país se encuentra también Ricardo Patiño, excanciller de Correa, entre otros. Es decir, los principales dirigentes de la Revolución Ciudadana que pudieran integrar una eventual fórmula y competir con altas chances en febrero de 2021 –según las encuestas– están proscriptos o podrían estarlo en caso de sentencias desfavorables.
En el reciente fallo por el caso «sobornos» también fueron procesadas otras 17 personas, entre ellas Glas, que cumplía una condena de seis años por una causa que sus abogados aseguran fraguada. En el caso de Correa, la “prueba” fundamental fue un “cuaderno” de anotaciones de una arrepentida. Se mencionan sobornos por millones de dólares, pero sólo figura una transferencia de 6000 que Correa afirma que fue un préstamo bancarizado y luego devuelto.
Hernández denuncia que el propio procurador general insinúa que los jueces deben rechazar la instancia de Casación y dejar firme la sentencia. “Al mismo tiempo, el Contralor General del Estado presiona a las autoridades para que nos dejen sin registro electoral”, dice. Su espacio tiene hasta el miércoles para presentar los descargos ante la suspensión. Si falla esa instancia, recurrirían a una nueva alianza.
El asedio político y judicial al correísmo fue reflejado en estas páginas desde la asunción de Moreno, en mayo de 2017, tras una campaña promocionada como la continuidad de los gobiernos correístas. A poco de asumir comenzó a mostrarse cercano a sectores históricamente enfrentados por el correísmo y dio entidad a las versiones de corrupción. En agosto renunciaron Hernández, Patiño y Pabón al Gabinete. Glas fue apresado en octubre. En febrero de 2018, la consulta promovida por Moreno reformó la Constitución estableciendo la inhabilitación política a condenados por corrupción e impidiendo la reeleción a expresidentes que hubieran sido reelectos, es decir, a Correa. Luego el morenismo se quedó con la conducción de Alianza País.
En julio de 2018 una jueza pidió la detención de Correa al acusarlo de ser autor intelectual del secuestro de un exdiputado. En 2019 vinieron las acusaciones por instigación y rebelión ya mencionadas. Hoy el movimiento que instauró lo que Correa llama “la década ganada” corre el riesgo de no poder volver a representar formalmente a un amplio sector popular que lo apoya. «
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