Ecuador: la masacre ambiental de Chevron otra vez en el tapete

La reciente liberación del abogado y activista estadounidense Steve Donziger reflota el conflicto sobre la masacre ambiental producida por Texaco (hoy Chevron) en la amazonía ecuatoriana, en momentos en que el presidente Guillermo Lasso desoye los pedidos de la comunidad afectada para que se termine con la práctica contaminante e insalubre de las petroleras de quemar combustible en esa región, a pesar de que lo prohíbe una sentencia de la Corte provincial de Justicia.

El desastre ecológico provocado por Texaco, “uno de los peores de la historia”, según cita el autor, activista, académico y exdiplomático británico, Craig Murray, en su sitio craigmurray.org.uk y replicado por Consortiumnews.com; se produjo en Ecuador producto de las operaciones de Texaco entre 1962 y 1994, cuando se “vertieron 70 mil millones de litros  de aguas residuales fuertemente contaminadas con petróleo y otros químicos en la selva amazónica, además de más de 650.000 barriles de petróleo crudo. Contaminaron  más de 800.000 hectáreas”.

Donziger fue el abogado que representó a más de 30 mil habitantes locales en una acción colectiva contra Texaco, luego de conocer el caso en persona en 1993. Ese año “visitó Ecuador y vio comunidades que vivían con los pies y las manos descalzos permanentemente cubiertos de lodos de petróleo y otros contaminantes, cuya agricultura estaba arruinada y que sufrían altos niveles de mortalidad y defectos de nacimiento”, relata Murray.

Tras haber litigado durante casi dos décadas, Donziger obtuvo en 2011 una sentencia en primera instancia que obligaba a la petrolera a pagar una indemnización de 18.000 millones de dólares a la población local, que luego la Corte Suprema de Ecuador redujo a 9.500 millones de dólares. Chevron, ya en poder de Texaco desde 2000, había conseguido previamente que la Corte Suprema estadounidense dictaminara que la jurisdicción del caso correspondía a Ecuador, contando con la posibilidad influir en el gobierno corrupto de Jamil Mahuad, aunque la ola de inestabilidad de que se apoderó del país arrojó como resultado que llegara a la presidencia Rafael Correa, en 2007. Correa fue un gran impulsor de la causa y hasta participó de la campaña “Mano sucia” en la que diversas personalidades hundían sus manos en piletones con sedimentos petroleros abandonados por Texaco.

La demanda de Donziger alegaba que Texaco “vertió 70 mil millones de litros de desechos tóxicos en el sistema de agua de la región, junto con 65 mil millones de litros de petróleo crudo, y dejó 916 pozos de desechos tóxicos sin revestimiento claramente visibles llenos de lodo negro en toda la región”, refiere Murray.

Pero la petrolera no se lo dejó pasar. En primer lugar invocó unos acuerdos turbios por los cuales Texaco se había comprometido a una acción de limpieza considerada insignificante y apeló la sentencia. Luego fue contra el abogado. Presentó una demanda civil por 60 mil millones de dólares con el argumento de que Donziger había sobornado a un juez, al igual que a testigos y demandantes, que había sido el redactor “fantasma” de la sentencia original y alterado testimonios de expertos. Con el único y poco fiable testimonio de un juez ecuatoriano, Alberto Guerra, que aseguró recibir la coima, el juez de New York Lewis A Kaplan anuló el fallo de la Corte de Ecuador y, a medida de los deseos de la petrolera, el año pasado solicitó al demandante ahora convertido en demandado que entregara sus teléfonos, computadoras portátiles y dispositivos de comunicación a Chevron, para que se pudieran investigar sus contactos en el caso ecuatoriano. En cuanto el abogado se negó, lo condenó a seis meses de prisión por “desacato”.

El caso contra Donziger, dice Murray, “se convierte en una historia increíble de jueces corruptos tanto en Ecuador como en los Estados Unidos, de los cuales el más corrupto de todos es el juez Kaplan”.

Más allá de haber recuperado la libertad, Donziger está inhabilitado para ejercer su profesión. Chevron tiene un embargo sobre su casa y todos sus bienes. Pero lo peor es que el problema de origen no cambió en nada. Las víctimas de la contaminación del Amazonas no recibieron ningún pago en compensación.

Con la salida de Rafael Correa del gobierno y la persecución jurídica que se lanzó contra él y otros dirigentes de su espacio, el caso se inclinó aún más a favor de la corporación. “La CIA volvió a tener un firme control de la situación a través del presidente traidor Lenín Moreno”, interpreta Murray, sin ambages. La situación no parece cambiar en la nueva presidencia del exbanquero conservador Guillermo Lasso.

Un derecho histórico que sigue siendo cercenado

La Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT), el colectivo que representa a los 30 mil víctimas de la contaminación en Ecuador, continúa litigando por un derecho histórico que sigue siendo cercenado. Pero no solo enfrentan el problema de la irresuelta compensación económica por el desastre ecológico provocado hace décadas, sino que las petroleras continúan operando en la zona, provocando nuevos y constantes daños, ante la mirada permisiva del actual gobierno de Guillermo Lasso.

En marzo pasado, las comunidades habitantes de las provincias de Orellana y Sucumbíos, marcharon a la ciudad de Quito para exigir al Ministerio de Energía y Recursos No Renovables y la Defensoría del Pueblo, “que se cumpla la sentencia emitida por la Corte Provincial de Sucumbíos que dispone un plazo de 18 meses para que se eliminen los mecheros aledaños a las zonas residenciales y así evitar que se siga contaminando el agua lluvia”.

En su sitio Texacotoxico.net explican que el caso conocido como los “mecheros de la muerte” se inició “en febrero de 2020 con una acción de protección constitucional en contra del Estado ecuatoriano, solicitado por nueve niñas de entre ocho y quince años de edad, para que se eliminaran los mecheros de quema de gas, por violar sus derechos a la salud, a un ambiente sano, al acceso al agua limpia, a la soberanía alimentaria y los derechos de la Naturaleza consagrados en la Constitución del Ecuador”.

Aseguran que la exposición permanente a los tóxicos de estos mecheros “aumenta el desarrollo de cáncer, a una distancia entre 2,5 y 5 kms”.