Ecuador: una consulta popular que confirma el quiebre de Alianza País

Por: Boyanovsky Bazán

El referéndum que votan los ecuatorianos consta de siete preguntas para reformar la Constitución. Pero lo que verdaderemante está en juego es una lucha de poder entre el expresidente Rafael Correa y quien él mismo eligió para sucederlo, Lenín Moreno, quien está echando por tierra las reformas progresistas que se impulsaron en el anterior período.

El gobierno de Lenín Moreno, pero también amplios sectores de la oposición ecuatoriana, se juegan en la consulta popular su lugar en el tablero político de los próximos tiempos en el país con el resultado del referéndum impulsado por el gobierno, que tiene como más ferviente y visible opositor al expresidente Rafael Correa. 

Si bien los números de las consultoras auguran un triunfo del «Sí» (entre el 50% y el 70%), a las siete preguntas incluidas en la papeleta Correa ha venido apostando a convencer a la población de que rechace, al menos, dos de las reformas sometidas a plebiscito. Una lo toca muy de cerca: se trata de la imposibilidad de que funcionarios puedan presentarse a reelección a un cargo ya ejercido, de por vida. Es decir que el expresidente no tendría posibilidad de volver a ejercer esa función, aunque se haya encargado de asegurar que su intención no es volver al poder, al afirmar que restringe derechos consagrados. 

La otra pregunta polémica busca que la población acepte la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, una instancia de contralor plural y democrática creada tras la reforma constitucional que el propio Correa impulsó en 2007. Cinco de las cláusulas modificarán la Carta Magna y son, a la vista del expresidente «anticonstitucionales» y «antidemocráticas». Las otras son mera «demagogia».

Lenín Moreno, otrora delfín de Correa, ha predicado en su campaña la participación ciudadana como una forma de relación directa con el pueblo. «Les consultaremos todas las veces que sean necesarias. Esa es la forma más directa para que mandantes y mandatario pueden dialogar. ¡Háganse escuchar en la consulta!», publicó el presidente en su cuenta de Twitter.

Sobre la pregunta dos, que se refiere a la imposibilidad de reelección, dijo que se propone «evitar que las autoridades se perpetúen en el mismo cargo. Con el sí a la pregunta dos ayudaremos a que surjan nuevos líderes que tomen la posta y puedan conducir la política y la economía del país. Las autoridades eternizadas se hacen autoritarias, se hacen déspotas, perfeccionan la corrupción, el nepotismo, la manipulación de las leyes únicamente a su favor. Siempre es bueno renovar, siempre es bueno cambiar, refrescar, modernizar».

«No tenemos dudas de que el Sí va a triunfar», señaló la vicepresidenta ecuatoriana María Alejandra Vicuña, quien asumió en reemplazo de Jorge Glas, destituido y preso por una causa de corrupción que forma parte de uno de los ejes de disputa entre el correísmo y el morenismo, que llegó al punto de fracturar el gobernante partido Alianza País. 

Correa también enfrenta causas motorizadas tras su salida del poder y mañana se presentará ante la Justicia para explicar sobre contratos petroleros durante su gestión.

Para Correa, la pregunta dos esconde una «trampa» en su formulación por su lenguaje «inducido», según afirma. «Si yo le preguntara al pueblo ecuatoriano algo así: ¿está usted de acuerdo con que se limite su libertad de elegir a quien quiera en elecciones libres y su derecho a participar para el cargo popular que ustedes deseen?, la respuesta va a ser no. Eso es lo que preguntan en la pregunta 2 pero con lenguaje muy complicado, para inducir a votar sí. Eso es prohibido. El lenguaje debe ser neutral», señala el expresidente y afirma que contraviene el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos sobre la libertad de participación política.

Correa dice que la consulta en sí misma es inconstitucional porque al tratarse de un referéndum se pasó por alto los controles que manda la propia Constitución, entre ellos el fallo de la justicia constitucional. El proceso de hoy, dice, «pone en grave peligro la institucionalidad y el Estado de derecho al evidenciar un sinnúmero de ilegalidades, no sólo en el contenido de las preguntas sino en el proceso de convocatoria, que atentan contra principios fundamentales contemplados en la Constitución y en los tratados de Derechos Humanos internacionales. Existen sobrados elementos jurídicos para afirmar que en Ecuador se desarrolla un golpe de Estado plebiscitario, impulsado desde la Presidencia de la república, sin que los medios de comunicación ni organismos nacionales e internacionales den cuenta de ello».

En la misma línea opinan algunos intelectuales y políticos. «Lenín se saltó a la Corte Constitucional para acelerar la consulta. No esperó que hubiera sentencia de constitucionalidad porque quería aprovechar el inicio de su período, todavía con alta popularidad, para ganar la consulta», escribió el director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), el español Alfredo Serrano Mancilla.

«El objetivo de Lenín de desmarcarse de Correa ha precipitado una consulta que pretende reordenar el campo de lo político», opinó. 

Una visión similar tiene el docente de Flacso Simón Pachano, quien asegura que «más allá de las preguntas, lo que está en juego es la disputa entre Moreno y Correa. La consulta tiene un alto contenido de política coyuntural», analizó. También atribuyó el respaldo de la oposición al Sí a su interés por «quitar a Correa del escenario político», sumado a que «ven la posibilidad de triunfo, y se suben al carro». Por eso los mayores apuntaladores del Sí a la elección de hoy son los partidos que disputaron hace un año la presidencia a Moreno, entre ellos CREO, del banquero Guillermo Lasso. El Sí es de muchos, el No sólo de Correa, afirman.

Los dos principales cierres de la campaña se realizaron en la ciudad de Guayaquil. Moreno se vio obligado a incluir en su discurso un repudio a la violencia. Es que el proceso para el que están convocados 13 millones de ecuatorianos estuvo teñido por una ola de violencia que comenzó con el atentado con un coche bomba frente a la sede policial de la localidad de San Lorenzo del 27 de enero, que dejó decenas de heridos, y que se atribuyó a miembros escindidos de la exguerrilla FARC (ver aparte). El último episodio fue el ataque furibundo que recibió Correa cuando se encontraba en una radio en Quinindé. Personas que se agolparon frente al edificio de la emisora vandalizaron el auto del exmandatario y lanzaron piedras (y amenazas) contra la fachada ante cierta pasividad policial. «Piedras, palos, huevos, tratan de incidentar nuestra visita», declaró Correa poco después de salir de la radio tras un virtual sitio de horas.

Para el entorno de Correa, «el gobierno no ha reaccionado, a pesar del impacto internacional que ha tenido (el ataque)», aseguró a Tiempo Amauri Chamorro, consultor miembro del equipo de campaña y del movimiento Revolución Ciudadana. «

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