De esta manera consolidaría un tarifazo de hasta un 1100% entre enero de 2016 y enero de 2017. Dicen que es para invertir en la mejora del servicio.

El reclamo de las empresas distribuidoras se aplicaría sobre esas tarifas ya actualizadas y por lo tanto implicaría un salto exponencial con relación a los valores vigentes a principios de este año. Asociaciones de consumidores estimaron que, si el gobierno cediera a este nuevo reclamo de las empresas, el aumento de punta a punta podría llegar a ser de entre el 560% y 1108%, según el tipo de usuario y la prestadora.
El reclamo duplica el 17% de inflación que proyecta el presupuesto para 2017 y que pretende ser utilizado parea anclar las próximas paritarias.
El anuncio, sugestivamente, se realiza a días de la audiencia de este viernes. Ese debate está circunscripto a la ratificación de los valores provisorios (en diferendo judicial) de distribución de la Capital y GBA y, por lo tanto, solo alcanza a las principales distribuidoras, Edenor y Edesur. Se trata de un adelanto de la que se producirá a en diciembre que, además, abordará la tarifa de otros eslabones de la cadena de valor eléctrica como la generación. Estas audiencias se dan en el marco del proceso de revisión integral de tarifas (RTI) que establecerá los parámetros del sector de acá a cinco años.
Las empresas aseguran que, de no sustanciarse su pedido, no tendrán resto para realizar las inversiones necesarias para garantizar un servicio de calidad. Es que en el proceso de discusión no están incluidos solo las tarifas sino también los planes de inversión y las mejoras de la calidad del servicio.
Según un informe del ENRE con los planes de ambas empresas difundido hoy por el diario La Nación, Edesur, por ejemplo, se compromete a disminuir un 50% las horas de suspensión del servicio (cortes) promedio que tienen los clientes a cambio de un aumento del 30,5% en las tarifas para 2017.
Para eso, aseguran que invertirán en mantenimiento $ 2457 millones en 2017, $ 3272 millones en 2019 y $ 2772 millones en 2021. Edenor, haría lo propio a través de inversiones por una cifra de 25 mil millones de pesos en cinco años, hasta el cumplimiento del período abarcado por el plan de Revisión Integral de Tarifas.
La presentación de estos planes de inversión y tarifas para 2017, así como el debate relativo a las tarifas provisorias, al igual que en el caso del gas, se realizarán sin la información de las estructuras de costos ni los informes sobre el destino de los subsidios percibidos en los últimos años que debieron proveer las distribuidoras.
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