Así lo establece un insólito fallo del Tribunal Superior de Justicia, en sintonía con lo que propone el gobierno de Larreta, que declara inconstitucional que se exija a las autoridades porteñas la obligatoriedad de asegurar el acceso a la escuela pública a todos sus ciudadanos.
La sentencia va en contra de las familias que reclaman que se cumpla el artículo 24 de la constitución porteña, que establece que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad”.
Con los votos de las juezas Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano, el TSJ determinó a través de una sentencia escandalosa que solamente podrán exigir vacantes quienes no pueden pagar una escuela privada.
La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) emitió un duro comunicado en el que afirma que el fallo “pretende legitimar el ajuste constante y sostenido que Macri y Larreta realizan desde hace 13 años en materia educativa hasta alcanzar su punto más bajo en el presupuesto 2021”
El comunicado de UTE continúa diciendo que “echando mano al poder judicial, Horacio Rodríguez Larreta está convirtiendo a la Ciudad de Buenos Aires en el reino del revés, con jueces que ignoran leyes y emiten sentencias contrarias a la Constitución porteña, y un Ministerio Público Fiscal que denuncia y amedrenta enviando patrulleros a las casas de las y los docentes que defienden el Estatuto que protege sus derechos. Con el recorte presupuestario, la persecución judicial a las y los docentes y los fallos hechos a la medida del macrismo- larretismo, el Ejecutivo, la Legislatura y la Justicia de la Ciudad ya no disimulan que tienen una política común para destruir la escuela pública».
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