El 12 de Octubre y un particular momento histórico para los pueblos originarios

Por estos días, nos abocamos nuevamente a conmemorar lo que hasta hace unos años se denominaba “Día de la Raza”, y desde el año 2010 se designa “Día de la Diversidad Cultural Americana”, recordando la llegada de Cristóbal Colón a tierras americanas en el año 1492. Cierta narrativa acrítica respalda el festejo y, como toda construcción discursiva, selecciona y reformula ciertos elementos ocultando otros. Destaca heroicidades y grandezas, resalta beneficios y aportes, justificando los “aspectos negativos” del proceso histórico de conquista mientras señala su “inevitabilidad”. Poco nos dice sobre el etnocidio, genocidio y la explotación sufrida por los pueblos originarios. La invisibilización de estas poblaciones fue un núcleo de sentido muy potente en estas representaciones.

Las acciones militares o, para decirlo más claramente, el genocidio llevado a cabo por el Estado mediante su “brazo armado” -es decir la corporación militar- se justifica basándose en un relato estructurado a partir de una construcción polar cuya matriz primaria es la dicotomía “civilización-barbarie”. La violencia de esta clasificación confina a los pueblos originarios al polo donde prima lo “arcaico”. El “atraso”, la “improductividad”, la “irracionalidad” en el uso de los recursos, en definitiva la barbarie imperante en los territorios indígenas constituiría un escenario que ineludiblemente culminaría con la llegada de la civilización. De este modo, el “progreso” y la “modernidad” fueron usados eufemísticamente para validar el “desarrollo” y la profundización de un modelo económico impulsado por la oligarquía latifundista bonaerense. No se trataba de una noción de progreso inclusiva y homogénea, por el contrario, remitía a la implementación de un patrón de acumulación que beneficiaba exclusivamente a las clases dominantes. El incipiente Estado/Nación presentaba a las poblaciones originarias como una hipótesis de conflicto militar a partir de la formulación de la amenaza del “malón salvaje”, a tal punto que, hasta bien entrado el siglo XX, la dependencia burocrática del “problema indígena” fue el Ministerio de Guerra.

Esta narrativa, lejos de haber perdido vigencia, se reproduce actualmente en los medios hegemónicos. La defensa de la figura del general Julio A. Roca, comandante de las campañas militares que sometieron a las poblaciones indígenas asentadas en el sur de nuestro país es una constante de algunos medios periodísticos, en particular el diario “La Nación”. Los argumentos se centran en justificaciones valorativas que obliteran los hechos. Se destaca el aporte a la soberanía nacional de Roca, ícono de un “orden” reclamado por las clases dominantes e impulsor de una pax militar que permitió reprimir no sólo a las poblaciones indígenas sino a otros sectores populares.

Dicha construcción discursiva plantea que la “guerra” (no el genocidio) que permitió controlar los territorios australes, fue necesaria para “construir el Estado nacional”. Fueron esas acciones militares las que posibilitaron la delimitación de fronteras acaecida a fines del siglo XIX, fijación de límites que nos habría puesto a resguardo de

las pretensiones territoriales de países limítrofes: la enunciación de una geopolítica ficcional resulta altamente funcional para justificar la matanza y el desarraigo de los pueblos originarios.

Finalmente se justifica el genocidio perpetrado con el argumento de que no se puede juzgar las acciones del pasado con los valores del presente, deslegitimando las reivindicaciones y la resistencia de los pueblos originarios que denuncian incansablemente la violencia a la que fueron sometidos.

Este 12 octubre de 2016 nos encuentra revisando nuestra historia, los cambios políticos recientes lo ameritan. Exigir memoria, verdad y justicia para los pueblos originarios implica, por un lado, romper estigmatizaciones y ocultamientos y, al mismo tiempo, proponer una agenda de gestión que revierta la posición desigual en que se encuentran. En este sentido, desgraciadamente este año no hay nada para celebrar. Los avances logrados en la década pasada se diluyen rápidamente y observamos, junto con el deterioro de las condiciones de vida de los pueblos originarios, el uso marcadamente electoral y clientelar de los mismos que lleva a cabo el gobierno de la Alianza Cambiemos.

Los cambios se deben fundamentalmente al repliegue del Estado y a la implementación de políticas neoliberales. Concretamente la licuación que la inflación provoca de los ingresos de los otrora Programas Sociales y ahora nuevamente nominados “planes sociales”, impulsa a la pobreza y a la indigencia a numerosas familias indígenas. La notable parálisis en la implementación de la ley 26160 “de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país” pone en riesgo el acceso a la tierra de numerosas comunidades. Como contracara, las modificaciones establecidas (por decreto) en la Ley 26.737 “…de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”, facilita la extranjerización de la tierra y dificulta aún más el acceso a este recurso a las familias indígenas. En línea con lo señalado, la “permisividad” del gobierno (sin dudas “market friendly”) con las corporaciones económicas, con las empresas extractivistas y con los agentes del complejo agroexportador, hace que todo el aparato estatal (judicial y político) se vuelque en contra del más débil, en este caso las comunidades indígenas, en la disputa por el control y gestión de los recursos naturales. Una muestra muy clara de ello, es el editorial del pasado 21 de Agosto de “La Nación” que deslegitima burdamente décadas de trayectorias, luchas y procesos organizativos por parte de comunidades y pueblos originarios enteros de nuestro país.

La necesidad de reconfigurar el Estado y modificar las líneas políticas actuales es una tarea imprescindible, si se pretende acabar con injusticias seculares. En este complejo escenario, conmemorar el 12 de octubre sin reparar en su significado actual (Día de la Diversidad Cultural) y sin propiciar medidas concretas que reviertan la situación de postergación en que se encuentran nuestras poblaciones originarias, constituye un acto más de exclusión sobre un sector que permanentemente ha enriquecido nuestra nacionalidad.

** Autores:

Dr. Alejandro Balazote. Dr. en Antropología, UBA- UNLu. abalazote336@gmail.com

Dr. Sebastián Valverde. Dr. en Antropología, CONICET-UBA-UNLu. sebavalverde@yahoo.com.ar

Prof. Alejandra Pérez. Prof. en Antropología, UBA. zelotanegra@hotmail.com

Director e integrantes –respectivamente- del programa “Economía política y formaciones sociales de fronteras: Etnicidades y territorios en redefinición”, Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.