El letrado de Derechos Humanos recibió una pena de tres años y medio de prisión por "instigación a cometer delitos y sedición". Se ordenó un embargo por $7 millones e inhabilitación para ejercer su profesión.
El tribunal que emitió el fallo estuvo integrado por los jueces Mario Ramón Puig y Luciano Yapura y la jueza Ana Carolina Pérez Rojas. Los fiscales Diego Funes y Walter Rondón, habían solicitado cinco años de prisión para el abogado al igual que el Estado que se presentó de querellante. Nallar, que ya había cumplido 30 días de prisión domiciliaria en su casa de la localidad jujeña El Carmen, sostuvo a la web Jujuy al momento que la condena era inevitable “porque el juez Puig fue un radical de paladar negro, y no tengo la más mínima duda que responde a las órdenes e instrucciones del jefe máximo que tiene el radicalismo en la provincia, que además no es un jefe cualquiera. Estamos hablando de un individuo que sabe cómo se aprieta a sus subalternos”. El letrado contó que, además, fue conducido por la fuerza pública desde su casa a Tribunales. “Para tranquilidad de Morales y los demás no solo no me fugo, sino que cuando hago algo pongo la cara y la firma, a diferencia de él, así como cuando pedí la intervención federal de Jujuy y cuando lo denuncié por la suma del poder público”, manifestó.
El abogado fue acompañado a Tribunales por referentes de comunidades indígenas que llevaban carteles que contenían las leyendas “Justicia por los que luchan”, “Basta de injusticia, estamos con usted doctor Nallar”, “Exigir justicia no es delito”.
La condena constituye un precedente grave para el ejercicio del derecho en la provincia de Jujuy, cabe recordar que las imputaciones fueron elevadas a partir de haberse conocido que el letrado asesoraba a quienes participaban de las medidas de fuerza entre el 17 de junio y el 10 de julio de 2023 en los cortes de las rutas nacionales 66 y 9.
Afirmó Nallar a la prensa que el gobernador Gerardo Morales “pretende disciplinar y que “quienes consideren que deben bajar la cabeza a un individuo que anda por las fronteras de la legalidad como el gobernador Morales, serán ellos los que sigan apoyándolo”. Asimismo, expresó que “hubo una toma de conciencia impresionante del pueblo: en tres meses cayeron las dos terceras partes del caudal electoral que tenía Morales y hoy está en la situación que todos vemos”.
En cuanto al embargo que le impusieron, el abogado contó a Página 12 que en este momento no tiene sueldo porque “trabajaba como procurador del municipio de El Carmen desde el 2010 y el día 12 de julio (de este año) antes que me detengan me llama el intendente Alejandro Torres y me dice que el gobernador Morales le había exigido mi renuncia al cargo como la condición para transferir los sueldos al municipio y renuncié. Mi dignidad no me permite estar en un espacio donde un dependiente de Morales sea mi jefe”, aseguró.
Por otra parte, Nallar expresó que “el único testigo que presentaron son las palabras del fiscal de Estado (Miguel Rivas)” quien fue el que me denunció, se constituyó como querellante y finalmente terminó siendo el testigo. “Imagínense el tenebroso proceso por el que atravesé. Lo ejecutaron los esclavos del sistema. Así me manden preso a Ushuaia voy a seguir libre de mi conciencia porque jamás me sometí a Rivarola, ni a Morales. Estoy feliz del pueblo por el cual trabajo”, señaló.
Los fundamentos del fallo se conocerán en los próximos cinco días, no obstante, el abogado adelantó que impugnará la condena, por lo que resta todavía un largo camino procesal antes de que quede firme, en caso de que fuera confirmada.
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