El aborto legal gana terreno en América, pero también sufre nuevas embestidas

Los avances en el continente llegaron de la mano de los máximos tribunales, que en Ecuador y México dictaron sentencias a favor de la despenalización del aborto, mientras que en Colombia el fallo finalmente fue pospuesto para el año próximo.

En Ecuador, donde la IVE estaba autorizada sólo si peligraba la vida de la madre o por violación de una mujer con discapacidad mental, la Corte Constitucional decidió dar luz verde a las demandas de inconstitucionalidad presentadas por tres agrupaciones de mujeres y aprobó en abril pasado extender la despenalización a todas las víctimas de violación.

En su dictamen, el alto tribunal instó al Parlamento a debatir y aprobar un proyecto de ley al respecto antes del 26 de diciembre, pero el trámite está retrasado y no se prevé la votación antes del 25 de enero próximo.

En tanto, en México, la Corte Suprema declaró en septiembre pasado inconstitucional castigar el aborto, lo que no solo supuso su despenalización en el norteño estado de Coahuila -objeto de la demanda-, sino que sentó un precedente para reclamarla judicialmente en otros códigos penales estatales del país.

Este fallo histórico marcó un hito dentro del derecho latinoamericano y un paso más para dejar atrás el paradigma de la criminalidad del aborto y avanzar en un enfoque de derechos, según señaló el Centro de Estudios de Estado y Sociedad.

Además de Coahuila, que acató la sentencia judicial, otros cuatro estados mexicanos autorizaron este año la IVE hasta las 12 semanas de gestación -Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima-, sumándose así a Ciudad de México y Oaxaca.

En Colombia, en tanto, la despenalización del aborto está una vez más en manos de la Corte Constitucional, que ya lo legalizó en 2006 por tres causales: violación, malformación o riesgo de la vida materna.

El tribunal debe pronunciarse sobre dos demandas que reclaman la descriminalización, entre ellas la impulsada por el movimiento Causa Justa, que presentó seis cargos de inconstitucionalidad para eliminar a la IVE del Código Penal.

El veredicto estaba previsto inicialmente entre marzo y abril pasados, pero se vio postergado en varias ocasiones por solicitudes de recusación a los magistrados.

Actualmente, el máximo tribunal está de vacancia judicial hasta el 11 de enero, pero antes de tomar una decisión sobre la despenalización, debe aún resolver el impedimento de uno de sus jueces, por lo que el fallo podría aplazarse una vez más.

Si bien la marea verde ha impulsado avances a favor de la IVE en el continente americano, también produjo una intensificación de la ofensiva de los antiaborto, principalmente en Centroamérica y el Caribe, pero también en Estados Unidos, donde este año sufrió una embestida récord de restricciones en 47 de los 50 estados del país.

La protección del histórico fallo de Roe vs. Wade, que legalizó de hecho el aborto en 1973 al considerarlo un derecho protegido por la Constitución estadounidense, flaquea ante la Corte Suprema más conservadora de los últimos 90 años y una promesa de defensa aún débil del Gobierno del demócrata Joe Biden.

El tribunal había sido hasta ahora su mejor garante, pero, hace un año, el entonces presidente Donald Trump nombró a la jueza Amy Coney Barrett y elevó la mayoría conservadora a seis magistrados de los nueve totales, lo que envalentonó a los sectores antiaborto y alarmó a sus defensores.

Estos temores se materializaron el pasado 1 de septiembre, cuando por una mayoría de 5-4 la Corte rechazó suspender la entrada en vigor de una ley del estado sureño de Texas que prohíbe la IVE después de las seis semanas de gestación, incluso en caso de violación o incesto.

La vigencia de esta cuestionada ley fue revalidada el pasado 10 de diciembre en un nuevo dictamen del máximo tribunal, aunque esta vez permitió a sus detractores impugnarla ante cortes inferiores.

Un nuevo desafío a la IVE tendrá lugar a mediados de 2022, cuando la Corte Suprema defina su postura frente a un reclamo del sureño estado de Mississippi, que pidió abolir el fallo de los años 70 para poder aplicar una prohibición al aborto después de las 15 semanas de embarazo.

Mientras tanto, en República Dominicana, donde al igual que en Honduras, Nicaragua y El Salvador el aborto está prohibido de manera absoluta, el movimiento feminista se movilizó este año para incluir las tres causales -riesgo para la madre, violación y malformación fetal- en un nuevo Código Penal.

Sin embargo, el proyecto final, que incluía únicamente el peligro de vida de la mujer o el feto, fue rechazado a mediados de diciembre.

También en El Salvador, donde el aborto es castigado con penas de hasta ocho años de prisión, la IVE fue descartada en septiembre pasado de la reforma constitucional y en octubre el Parlamento archivó un proyecto de ley a favor de las tres causales.

Pero esta situación podría cambiar, luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenara a principios de mes al Estado salvadoreño por la criminalización de una mujer que buscó servicios de salud reproductiva en medio de una emergencia obstétrica.

En un dictamen histórico, la CIDH ordenó al país realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y revisar las condenas de las mujeres encarceladas por haber abortado.

Además, la IVE también sufrió reveses en Honduras, donde en enero pasado una reforma constitucional endureció aún más el veto total al aborto, y en Chile, donde en noviembre pasado se rechazó un proyecto de ley que la autorizaba hasta las 14 semanas.

Pero la marea verde podría avanzar pronto en estos dos países tras los triunfos electorales de Xiomara Castro en Honduras, que se autodefine como “feminista, antipatriarcal, revolucionaria e incluyente”, y de Gabriel Boric en Chile, quien hizo del aborto legal uno de los pilares de su programa.