Con el acuerdo, Argentina se mete de lleno en la política anti China de EE UU

El primer paso que dieron los gobiernos de Estados Unidos y la Argentina tras la firma del acuerdo de comercio e inversiones, anunciado el jueves pasado, fue la publicación de un decreto de la administración de Donald Trump por el que amplió para este año el cupo de importación de carne argentina, que pasó de las 20 mil toneladas anuales a 100 mil toneladas.

La decisión pone de relieve dos cosas: la primera, que no es necesario que el acuerdo pase por los congresos de ambos países para su implementación práctica; la segunda, que por su naturaleza y definiciones, está al servicio de las necesidades políticas y estratégicas de Washington.

Por eso es que la coincidencia entre analistas es que más que hablar del impacto económico positivo que el acuerdo traería para ciertos sectores productores de bienes en Argentina, se debería mirar hacia los compromisos políticos que asume el gobierno de Javier Milei.

Este aspecto cobra mayor relevancia a la luz de lo que está sucediendo en la aldea global, donde Washington despliega una guerra comercial abierta contra China, por lo que toma iniciativas que excluyen de manera explícita a la gran potencia asiática, buscando su aislamiento. La consecuencia directa de esta estrategia es el apuntalamiento de la concentración de las cadenas de producción en manos del Estado y de las compañías norteamericanas. En el marco de las tensiones cada vez más agudas, la política de EE UU equivale a la militarización de la economía. El acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos forma parte de esa estrategia.

De allí que, si los propósitos de este acuerdo prosperaran, Argentina se subordinaría a las cadenas industriales y bélicas de Estados Unidos en calidad de productora de materias primas alimenticias y minerales.

El acuerdo fue firmado por el canciller argentino Pablo Quirno y el responsable de las negociaciones comerciales de la administración de Donald Trump (la USTR), Jamieson Greer, quienes postearon en sus redes argumentos en favor del libre comercio. Hay que tener en cuenta que no se trata de la falsa dicotomía entre el “proteccionismo” y el “libre comercio”. El acuerdo no liberará el tráfico de bienes y servicios entre los dos países, sino que encadenará a la Argentina al proteccionismo monopolista del capital norteamericano, desde el lugar más bajo de la cadena. La guerra comercial declarada por Trump abolió de hecho el libre comercio.

Consecuencias

De acuerdo con fuentes parlamentarias, el Congreso argentino va a aprobar tanto el acuerdo con Estados Unidos como el que firmó el Mercosur con la Unión Europea, este último incluido en el temario de las sesiones extraordinarias de este año, que culminan a fin de este mes. En el caso del primero, será una oportunidad de preguntarse sobre las consecuencias para la Argentina de este ingreso, como furgón de cola, al tren estadounidense que pretende impactar contra China y cuyas esquirlas pueden afectar a socios muy cercanos de Argentina como Brasil.

Algunos ejemplos: el acuerdo pretende “estabilizar el mercado global de soja”, es decir, establecer un cartel de la soja que mueva los precios en función de las necesidades de Washington incluso en detrimento de los productores argentinos. El destinatario de esta política es China, que es el principal importador de porotos de soja del mundo y para el cual esta oleaginosa es un elemento central de su seguridad alimentaria ya que es la materia prima que nutre a los cientos de millones de cerdos que constituyen la principal proteína animal que se consume allí.

Pero el efecto de la constitución de este cartel afectaría también a Brasil, que es el principal productor y exportador mundial de soja. El año pasado, los productores de soja de Brasil fueron los grandes ganadores de la guerra comercial ya que China les compró todo el poroto que dejó de adquirir en Estados Unidos. Con la manipulación de los precios, Trump pretende imponer sus condiciones al vecino de Argentina. Una pelea de esa magnitud (Brasil ingresó más de U$S 40 mil millones a su mercado de cambios solo por la soja en 2025) afectará necesariamente la relación bilateral con Argentina, ya que Buenos Aires formará parte de ese cartel.

Otro ejemplo es el de los equipos para telecomunicaciones. El Anexo II del acuerdo señala que las partes se comprometen a usar “proveedores de comunicaciones seguros”, que “protejan” la infraestructura tecnológica, informática y de comunicaciones y su propiedad intelectual, incluyendo 5G y su futuro reemplazante, el 6G, los satélites y los cables submarinos.

El “compromiso” pretende restringir la presencia de los proveedores chinos en Argentina, algo que ya se debatió largamente en el país y que fue descartado tanto por la falta de pruebas acerca de las supuestas aptitudes de control y espionaje de esos equipos como por su elevado costo financiero.

El proveedor chino por excelencia es Huawei, mientras que ZTE le compite de lejos. Pero entre ambos son fabricantes de entre el 40 y el 50% de los equipos que permiten que haya internet fijo y móvil en la Argentina, además de data centers (como los que quiere instalar Milei en la Patagonia) y comunicaciones en general.

Los operadores del servicio móvil y de la provisión de internet siempre fueron enemigos de ese reemplazo por los enormes costos que implicaban y porque tampoco querían quedar atados a un único proveedor, ya que, si se excluyen a los chinos, la competencia queda reducida a la pelea entre la finlandesa Nokia versus la sueca Ericsson.