El acuerdo con el FMI pide un ajuste más fuerte de lo esperado

El gobierno nacional aprovechó el empuje que la media sanción de la Ley de legalización del aborto generó en los medios para dar a conocer el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras (MPEF), que es la forma burocrática con que denomina al acuerdo que propone al Fondo Monetario Internacional.  No es muy diferente a lo que ya se había deslizado en los medios ni bien se anunció que Cambiemos había recurrido al FMI para capear el temporal de abril en los mercados de cambios. Pero tiene algunos agregados que demuestran mayor dureza de la que, si cabe, habían estimado los críticos sobre la vuelta al organismo de crédito.

Por lo pronto la carta de intención firmada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, se compromete a eliminar casi totalmente los subsidios a los servicios públicos, reducir el déficit a cero y a una inflación del 5% para dentro de dos años. Y queda claro que los sectores por donde correrá la tijera del ajuste estarán los planes sociales, los trabajadores estatales y los jubilados, actuales y futuros, aunque en el texto señala que se propone «proteger a los sectores más vulnerables de la carga de esta necesaria recalibración de la política económica».

Así, a los ya adelantados anuncios de reducción de déficit primario, se compromete -esto sin consultar con los gobernadores, muchos de los cuales ya se mostraron contrarios- a que el «ritmo de convergencia hacia un presupuesto balanceado del gobierno nacional irá acompañado por el esfuerzo de las provincias, cuyo balance consolidado primario consolidado se espera que pase de -0,4% en 2017 a un 0,25% del PBI hacia el final de acuerdo». O sea, 2021.

Al mismo tiempo, el documento plantea el compromiso de enviar al Congreso una modificación a la Carta Orgánica del Banco Central para darle mayor autonomía. En línea con las grandes tradiciones del FMI y el neoliberalismo, el nuevo BCRA tendrá como mandato principal reforzar la estabilidad de precios, plantear metas de inflación con una anticipación de tres años, e incluso establecerá las condiciones para la rendición de cuentas con potestad para suspender de motu propia la financiación directa o indirecta al Tesoro Nacional.

En cuanto a los empleos públicos, el texto indica que se irán reduciendo los planteles a través de la no renovación cargos y el congelamiento de nuevas contrataciones en el gobierno nacional durante dos años. «Nuestro objetivo es que el gasto en personal caiga de 3,2 por ciento del PBI en 2017 a 2,7 por ciento hacia el final del programa».

Acerca de los jubilados y pensionados, además de avanzar hacia una reforma de la ley, que no se especifica, dice que se propone «amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones, incluyendo aquellas en la Ley de Reparación Histórica». Luego asegura que entre los planes figura que si la recaudación crece menos de lo esperado por alguna debacle económica, no dudarán en recurrir a «una suma equivalente a 0,2 por ciento del PBI de medidas adicionales (especialmente en infraestructura) que podrían ser tomadas para cumplir con nuestras metas fiscales».

Al mismo tiempo le da al FMI la potestad de revisar el cómputo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y afirma que el monto total existente luego de la nacionalización de los fondos de pensiones en 2008 «se distribuirá a lo largo del tiempo como ingresos para compensar parcialmente el gasto futuro en pensiones» y aclara que «el monto se dividirá por la expectativa de vida promedio de los contribuyentes a esos esquemas en 2018, es decir, 20 años», lo que augura que luego de ese término el FGS se habrá esfumado.

Ofrece a continuación algunas iniciativas sobre la disparidad de género. Y en un apartado especial puntualiza que «lograr que las mujeres argentinas puedan desarrollar todo su potencial no sólo es una cuestión moral sino que también tiene sentido desde el punto de vista económico». Y agrega que «las mujeres en Argentina ganan en promedio menos que los hombres en puestos similares, son más propensas a trabajar en la economía informal, son menos propensas a participar en el mercado laboral, y sufren de peores condiciones de trabajo». Luego detalla la forma en que pretenden reformar al sistema tributario para incentivar la participación femenina en el «mercado laboral» y para «acciones para promover igual paga y un sistema más equitativo de licencias de paternidad y maternidad».

En el capítulo «protegiendo a los más vulnerables», se habla de destinar más recursos a las Asignaciones Universales para Protección Social «en caso de que las condiciones sociales empeoren», para lo cual se permitiría un gasto adicional de hasta 13.500 millones de pesos en 2018 y el equivalente a 0,2 por ciento del PIB por año «en estos programas altamente focalizados y bien administrados».

Si se tiene en cuenta que los subsidios a la energía y el transporte disminuirán aún más hasta que la proporción del costo de producción de esos servicios, cubierto por el precio pagado por los consumidores, pase «desde el 80 por ciento en 2017 hasta 90 por ciento en 2020, en promedio, para el gas; y desde 60 por ciento en 2017 hasta 90 por ciento en 2020, en promedio, para la electricidad», es más que seguro que por más que persista alguna forma de tarifa social, los más vulnerables estarán en peores condiciones.